La gestión del cónsul chileno Fernando Velasco llega a su fin. Nadie duda de que Chile acreditará a su reemplazante con prontitud. Así funciona la diplomacia profesional: los representantes cambian, pero el Estado permanece. Bolivia, en cambio, lleva siete meses sin nombrar un cónsul en Santiago. Mientras otros países cubren vacantes en cuestión de semanas, la política exterior boliviana parece avanzar al ritmo de una firma que nunca llega.
La demora sería llamativa en cualquier circunstancia. Lo es mucho más en medio de una crisis política, económica y social. Hace pocos días, la situación boliviana fue analizada en la OEA. Mientras el debate se desarrollaba en el ámbito hemisférico, el canciller participó por Zoom desde su despacho en la plaza Murillo. La pregunta es inevitable: si la crisis escala, ¿quién defenderá la posición del Estado boliviano fuera de sus fronteras?
La interrogante no es menor. En Europa y América varios actores políticos han expresado respaldo a los sectores bloqueadores. Muchos repiten la narrativa de movimientos sociales víctimas de una dominación injusta, pero omiten que sus dirigentes exigen la renuncia del presidente. Dicho sin rodeos, una estrategia con rasgos propios de un intento de golpe de Estado.
Precisamente por eso resulta difícil comprender la demora en la designación de un cónsul en Chile. La política exterior no se ejerce por TikTok ni puede descansar en funcionarios heredados de otras gestiones. Requiere presencia, voceros y capacidad de respuesta. Lo preocupante no es solo la ausencia de un cónsul en Chile. Es la señal que transmite. Cuando un Estado renuncia a explicar su propia realidad, otros terminan explicándola por él. Y rara vez lo hacen en desmedro de un gobierno constitucional y legítimo.
(*) César Del Castillo es editor