La crisis boliviana ya ni siquiera se mide en discursos. Ahora se cuenta en truchas muertas, exportaciones frenadas y empleos que empiezan a tambalear. Medio millón de peces en riesgo de perderse por bloqueos no es una anécdota productiva: es la fotografía brutal de un país donde la política volvió a estrangular a la economía.
Mientras las carreteras siguen tomadas, los dólares no entran, las cargas no salen y las pérdidas crecen. Exportadores, empresarios y pequeños productores repiten el mismo diagnóstico desde hace días: Bolivia se está asfixiando. Y lo peor es que el deterioro ya dejó de ser una advertencia para convertirse en rutina.
En Oruro, empresarios alertan riesgos para miles de empleos. En el occidente, productores ven pudrirse mercancía. Y en el centro del poder político todavía sobreviven discursos que hablan de resistencia, presión social o defensa sectorial. Pero cuando una protesta destruye producción y empleo, deja de parecer reivindicación y empieza a parecer sabotaje colectivo.
Por eso el dato político más importante no son los bloqueos. Es que la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo hayan tenido que volver a reunirse con sindicatos y organizaciones sociales para intentar abrir diálogo. Otra vez apagar incendios. Otra vez el Gobierno atrapado entre la rigidez y el desgaste.
Y aquí aparece la pregunta incómoda: si existe una salida distinta al diálogo, que el poder la aplique y cierre la crisis. Pero si no puede hacerlo, entonces hace rato perdió sentido sostener posiciones que tarde o temprano terminarán cediendo. Porque mientras el orgullo político aguanta, la economía ya empezó a rendirse.
(*) César Del Castillo es editor