La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados analiza el Proyecto de Ley 494/2025-2026, presentado por el diputado Reinaldo Seas, de Libre, para nacionalizar vehículos indocumentados que ya se encuentren en territorio boliviano.
La propuesta abre un proceso “extraordinario, único e improrrogable”, pero no define todavía cuánto costará la regularización ni cuánto tiempo estará vigente. Esos aspectos quedarían en manos del Órgano Ejecutivo mediante una reglamentación posterior.
¿A qué vehículos alcanzaría?
El proyecto al que accedió EL DEBER incluye únicamente a los motorizados que estén dentro del país cuando la ley entre en vigencia. Quienes completen el procedimiento recibirán placa de circulación, registro en el RUAT y documentación legal.
“Hay dos caminos para estos vehículos: sacarlos de circulación porque son un peligro para la seguridad vial o buscar un mecanismo para nacionalizarlos”, explicó Seas a EL DEBER.
El legislador afirmó que su propuesta no busca beneficiar a quienes introdujeron los vehículos ilegalmente, sino a quienes los compraron y los utilizan como medio de transporte o herramienta de trabajo.
“No estoy hablando de los que han traído los vehículos; estoy hablando de quienes los han comprado”, sostuvo.
¿Cuáles son los siete requisitos?
Si se valida la ley y para acogerse al proceso, el propietario deberá:
- Acreditar la posesión del vehículo.
- Presentar una declaración jurada sobre su origen.
- Aprobar una inspección técnica vehicular.
- Registrar digitalmente la documentación y características del motorizado.
- Pagar tributos, tasas y multas.
- Contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
- Completar el trámite mediante una plataforma digital.
El pago será único y su monto dependerá del tipo, la antigüedad y las características del vehículo, además de multas y cargos. Algunos transportistas consideran que este proceso será costoso o fuera del alcance de las personas que estén interesadas en este proceso.
¿Qué vehículos no podrán ser nacionalizados?
La propuesta establece cinco causales de exclusión:
- Vehículos con denuncia de robo en Bolivia, Chile u otros países.
- Motorizados vinculados con actividades ilícitas.
- Unidades que no aprueben la inspección técnica o los controles de emisiones.
- Vehículos que no cumplan condiciones mínimas de seguridad.
- Motorizados que estén fuera del país cuando la ley sea publicada.
Para verificar la procedencia, se prevé cruzar datos con Interpol, Diprove, la Aduana Nacional, el RUAT y otras instituciones.
¿Cómo se controlará el proceso?
El proyecto crea una Plataforma Digital Única de Legalización Extraordinaria Vehicular, bajo coordinación de la Agetic. El sistema deberá verificar el número de identificación vehicular, el motor y el chasis, además de registrar la trazabilidad de cada trámite.
La propuesta menciona el uso de tecnología blockchain u otro mecanismo que impida la alteración de los datos.
¿Dónde irá el dinero recaudado?
El artículo 12 dispone que el 100% de la recaudación sea depositado en un Fondo Nacional para Infraestructura Vial.
Los recursos se destinarían exclusivamente a:
- Construcción de carreteras.
- Reconstrucción de tramos dañados.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de la red vial fundamental.
¿Qué ocurrirá con los vehículos que no se regularicen?
Al concluir el periodo extraordinario, los vehículos que continúen indocumentados podrán ser decomisados. Sus poseedores también quedarían expuestos a sanciones administrativas, económicas y legales.
Las mismas medidas se aplicarían a quienes intenten registrar vehículos robados, relacionados con delitos o incluidos en las causales de exclusión.
¿Qué dice el Gobierno?
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a evaluar la propuesta, aunque advirtió que antes se requiere un análisis técnico y político.
“Todo es posible, hay que sentarse en mesas y, si es bueno, hay que nacionalizar los autos chutos, pero hay que hacer análisis”, declaró.
¿Por qué se opone el sector automotor?
La Cámara Automotor de Bolivia rechazó la iniciativa porque considera que premiaría el ingreso ilegal de vehículos y perjudicaría a quienes cumplen las normas tributarias y aduaneras.
El expresidente de la entidad, Erick Saavedra, calificó la propuesta de “ilegal” e “informal” y advirtió que el problema no se limita a vehículos de bajo costo.
“No son solamente vehículos comunes; detrás de este negocio también hay motorizados de lujo y operaciones vinculadas al lavado de dinero. Querer legalizar esto es inaceptable”, afirmó.
El texto todavía puede ser modificado durante su tratamiento. Además, contiene una inconsistencia que deberá corregirse porque una disposición señala, —según el texto de la propuesta— que la reglamentación debe aprobarse en un plazo de “sesenta (30) días”, sin precisar si se refiere a 30 o 60 días.