La propuesta para nacionalizar vehículos indocumentados volvió a instalar un debate que Bolivia no enfrentaba desde hace más de una década. El diputado de la alianza Libre, Reinaldo Cea, presentó un proyecto de ley que busca regularizar de manera extraordinaria los denominados "autos chutos", con el argumento de formalizar el parque automotor y generar recursos para financiar obras y proyectos de desarrollo en alcaldías y gobernaciones.
La iniciativa plantea abrir un proceso excepcional para legalizar vehículos que ingresaron al país sin cumplir los trámites aduaneros correspondientes. Los ingresos obtenidos por ese proceso serían distribuidos entre los gobiernos municipales y departamentales.
La propuesta revive una discusión que parecía cerrada desde 2011, cuando durante el gobierno de Evo Morales se promulgó la Ley de Regularización y Saneamiento Vehicular. En aquella oportunidad, más de 70.000 motorizados fueron nacionalizados bajo el compromiso de que se trataba de una medida única y excepcional. Desde entonces surgieron nuevos pedidos de regularización, especialmente entre 2020 y 2022, aunque fueron rechazados por el Gobierno y la Aduana Nacional, que descartaron un nuevo "perdonazo" pese a las estimaciones de que aún circulan cientos de miles de vehículos indocumentados en el país.
Gobierno no descarta el debate
Consultado sobre la iniciativa, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que el Gobierno está dispuesto a analizar cualquier propuesta que beneficie al país, aunque aclaró que primero deberá realizarse una evaluación técnica y política.
"Todo es posible, hay que sentarse en mesas y, si es bueno, hay que nacionalizar los autos chutos, pero hay que hacer análisis", sostuvo la autoridad.
Zamora señaló que el presidente Rodrigo Paz prioriza decisiones orientadas al "bien común", incluso cuando puedan afectar la popularidad del Gobierno, y recordó que recientes medidas económicas, como el levantamiento de la subvención y el nuevo régimen cambiario, siguieron esa lógica.
Rechazo del sector automotor
La posibilidad de una nueva regularización fue rechazada de forma categórica por la Cámara Automotor de Bolivia (CAB), que considera que la medida afectaría a quienes cumplen con las normas tributarias y aduaneras.
El expresidente de la CAB, Erick Saavedra, calificó la propuesta de "ilegal" e "informal" y aseguró que no puede plantearse una amnistía para bienes que ingresaron de contrabando.
"Tenemos un sector formal en la economía y no podemos pensar que una propuesta como esta sea viable. No son solamente vehículos comunes; detrás de este negocio también hay motorizados de lujo y operaciones vinculadas al lavado de dinero. Querer legalizar esto es inaceptable", afirmó.
En la misma línea, el actual presidente de la CAB, Jhonny Salvatierra, sostuvo que una eventual nacionalización enviaría un mensaje equivocado a la comunidad empresarial.
"Se estaría premiando una serie de delitos, porque detrás de un vehículo indocumentado hay tráfico, hay sangre, hay mafia", afirmó.
El dirigente advirtió que una decisión de este tipo podría desalentar la inversión privada y perjudicar a las empresas que operan dentro de la legalidad.
"¿Quién va a querer invertir en un país que legaliza el contrabando y el narcotráfico? Sería una burla para quienes hemos pagado todos los impuestos y cumplimos la ley", cuestionó.
Oposición advierte que se premiaría la ilegalidad
Desde la Asamblea Legislativa también surgieron cuestionamientos. El diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, recordó que la propuesta de nacionalizar autos chutos formó parte de la oferta electoral del actual Gobierno, aunque afirmó que esperará conocer el contenido oficial del proyecto antes de asumir una posición definitiva.
Sin embargo, expresó su rechazo conceptual a una eventual regularización.
"No podemos legalizar el delito ni seguir fomentando la cultura de la ilegalidad. Si el mensaje es que quien incumple la ley termina siendo premiado, Bolivia no tendrá futuro", afirmó.
El legislador sostuvo que el país enfrenta problemas estructurales relacionados con la impunidad, la corrupción y el incumplimiento de las normas, por lo que consideró que una medida de este tipo iría en sentido contrario al fortalecimiento del Estado de derecho.