OPINIÓN



| 15/11/2017


Una ley contra el odio

Hace cuatro años, el presidente de Venezuela anunció la creación del Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, según se dijo, “un ridículo internacional" y “una burla a los venezolanos". Desde entonces se sabe poco de las actividades de ese extraño viceministerio. Lo notorio es que se trata de una institución estrafalaria que no tuvo éxito, puesto que, por los sufrimientos que provoca la gravísima crisis generalizada, los venezolanos no tienen motivos para sentirse felices. 

Ahora, el chavismo ha vuelto a la carga: propuso y logró la aprobación de  una Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, por Asamblea Nacional Constituyente que, contrariando la Constitución venezolana, usurpa las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, ya ilegalmente arrinconada por el régimen.

Está claro que con esta ley se pretende limitar -o anular- la libertad de expresión y el derecho a la protesta. La intención de acallar la disidencia se ratifica en la declaración de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, que anunció que esa institución -que debería ser solo deliberante- “va a castigar con la clausura a aquellos medios de comunicación que transmitan mensajes que incurran en los delitos contemplados en la Ley Contra el Odio”, lo  que también se aplicará al “prestador de servicios de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza”, a los que se sancionará “con la revocatoria de la concesión”.

La ley también se aplicará, con multas a los responsables de las redes sociales y medios electrónicos que no retiren, en un plazo de 6 horas, “mensajes de odio”, así como sanciones de hasta el 4% de sus ingresos fiscales brutos a los dueños de medios que se nieguen a publicar contenidos de promoción  de la “tolerancia”.

Las condenas a este nuevo embate del chavismo contra las libertades democráticas no se hicieron esperar: la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó  su  preocupación,  afirmando que “en nombre de la paz, la tranquilidad pública y la nación, se establecen sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
Ojalá que este perverso intento de crear un orwelliano “Hermano Grande” no cunda. 








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