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16 de junio de 2018, 4:00 AM
16 de junio de 2018, 4:00 AM

Que me disculpen el gobernador y los asambleístas de su partido, pero mucho me temo que acaban de incurrir en una nueva blasfemia histórica que es menester rectificar antes de que la misma se consolide y adquiera calidad de verdad absoluta. Según las autoridades aludidas, Terebinto aportó a las luchas cívicas, cuando ni siquiera promovió una tímida movilización popular para el pago de las regalías del 11% establecidas por la Ley Busch en 1938, que durmió el sueño de los justos hasta 1957, fecha en la que recién comenzaron los reclamos.

Lo que realmente aconteció, y nadie discute, fue el desbande de militantes de FSB que se dio tras el fracaso del golpe de Estado del 14 de mayo de 1958, planificado a escala nacional para la toma del poder político, principalmente, y no así por las regalías como se trata de interpretar falseando los hechos. Como consecuencia del fracasado golpe, muchos falangistas escaparon buscando refugio en lugares alejados del epicentro de los acontecimientos; casi todos resultaron ilesos, excepto el grupo que cruzó el río Piraí y se asiló en la propiedad Potrero del Naranjal, perteneciente a don Ángel Mercado Subirana, lugar donde se produjo la brutal masacre de Gabriel Candia Ribera (hermano del Dr. Ángel Candia Ribera, gran amigo nuestro), José Cuéllar Achaval, Rómer Mercado, Justo Jiménez, Miguel Callaú Montero y los hermanos Felipe y Pablo Castro, a cargo de los milicianos de Ucureña, comandados por los dirigentes Jorge Soliz y Gregorio López, que obedecían consignas de los jerarcas del MNR instalados en nuestra ciudad, pero se excedieron, y con mucho, en la ejecución y cumplimiento de las mismas (el escritor falangista Hernán Landívar Flores proporciona un listado completo de los supuestos autores intelectuales en su libro Terebinto, editado en 1965). Este hecho espeluznante generó un proceso penal contra los implicados, sin embargo, no llegó a mencionarse el tema de las regalías como causa de la masacre.

Reiteramos: si no existe constancia cierta del aporte a la lucha por las regalías, tampoco correspondería la declaratoria de Patrimonio Histórico y Cultural conferida por el gobernador y los asambleístas de su partido, decisión netamente política que, más que a Terebinto, favorece a quienes fraguaron la iniciativa (EL DEBER, A7, 23.05.18). Y que conste que nadie está en contra de Terebinto, porque es innegable que este pueblo contribuye con su trabajo al desarrollo global de Santa Cruz, y lo hace silenciosamente sin pretender falsos oropeles.

Si así se procede con Terebinto, debería hacerse otro tanto con la propiedad San Diego, donde el 1 de mayo de 1877 fue ajusticiado el Dr. Andrés Ibáñez Santiváñez, caudillo igualitario al que la oligarquía de última promoción le atribuye connotaciones federalistas a su lucha. Y que sepamos, no lo han hecho ni lo piensan hacer porque hablar del caudillo a estas alturas ya es disco rayado que no da réditos. ¡En la actualidad, los únicos autonomistas que están de moda son los Demócratas de la Gobernación!, y parar de contar. 

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