OPINIÓN



| 03/08/2017


Servicios subsidiados, congelados y asfixiados

En una mesa redonda a propósito de la crisis del servicio de agua en La Paz y en otras ciudades del país, una experta confesaba que la emblemática ‘guerra del agua’ producida en Cochabamba el año 2000 tuvo un efecto perverso en la dinámica de los servicios públicos del país. Y es que desde entonces todo incremento de tarifas es una mala palabra, habiéndose instalado en el imaginario social como un tema tabú al que todo gobernante, políticamente correcto, debe eludir. Su anuncio desata las más virulentas manifestaciones y el pedido se subsidios estatales. 

Los expertos reconocen que difícilmente la recaudación por concepto de pago de tarifas, congeladas hace muchos años en la mayor parte del país, cubre  los costos de mantenimiento de la red de distribución de agua ni de otras partidas relativas a su funcionamiento.

Con matices, esta realidad tocaría a otro tipo de servicios. Estas empresas se ven impedidas de invertir en la ampliación de su cobertura a usuarios carentes de servicios y en la renovación de su equipamiento. Todas requieren de créditos blandos y del apoyo financiero del Gobierno central, acostumbrado a condicionar el mismo a lealtades políticas de sus ejecutivos o a hacerlo tardíamente, tras apostar  a megaproyectos las más de las veces improvisados, sobredimensionados, de dudosa calidad pero que ‘deslumbran’ como todo espejito colonizador. 

Es cierto, los subsidios estatales son necesarios especialmente para grandes inversiones. En tiempos neoliberales el subsidio era negado y resistido. Otra suerte de tabú a la inversa. 

Hace unos días, ¡oh sorpresa!, el vicepresidente informó  que el 48% de los consumidores tiene la tarifa eléctrica subsidiada. Que el incremento tarifario evitaría la “quiebra de la Empresa Nacional de Electricidad” y que “debe garantizarse la sostenibilidad de las empresas públicas”. ¡Ojalá esa premisa fuera aplicada a todas las empresas hoy carentes de cuentas claras y de dudosa rentabilidad!

La resistencia a todo incremento pareciera un reflejo automático, un ritual ineludible asociado a dogmas colectivos prohijados por la demagogia gubernamental. Se proclamó engañosamente que los servicios responden a la esfera de los derechos y que todo derecho debe ser gratuito gracias a un Estado benevolente a los recursos de la madre naturaleza y a la voluntad divina. Este discurso  no contribuye a la construcción de una ciudadanía corresponsable, hoy cobijada en la informalidad, reticente a tributar y a dar su parte para cubrir mínimamente servicios, para colmo ineficientes. Así se alimenta el círculo vicioso de los males endémicos de nuestra comunidad. ¿No habrá llegado la hora de desmantelar tabúes extremos, de dialogar y provocar un súbito arrebato de cordura y responsabilidad pública?  








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