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| 20/02/2018


Seguridad jurídica e inversión

Seguridad jurídica es un principio del derecho, que contempla el rol del Estado en resguardar que el orden normativo se cumpla a cabalidad en todos aspectos de la vida nacional. De allí que involucra tanto ‘certeza jurídica’ (previsibilidad de las reglas de juego, saber a qué atenerse) como ‘calidad institucional’; pues en sentido amplio implica la eficacia en el cumplimiento de las disposiciones legales, esto es, el respaldo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a los derechos y deberes que tienen las personas en virtud de la ley.

Desde una proyección económica, cuando existe certeza jurídica son posibles los emprendimientos formales comerciales y productivos generadores de empleos a gran escala. Las personas estarán listas para invertir en la medida que tengan aseguradas la supervivencia, cuenten con seguridad y hayan podido ahorrar porque en un ambiente sano de reglas claras es posible asumir los riesgos de inversión.

Esos riesgos del capital si están enfocados a asuntos de mercado (precios, costos, competencia, etc.) los negocios formales tienden a prosperar y crecer; sin embargo, ocurre lo contrario (fuga de inversiones) cuando existe un cambio constante de las normas (generadora de incertidumbre generalizada) sumado a ello, conductas autoritarias e irrespetuosas de la ley más un incentivo al ahorro improductivo.

La inversión puede darse por ejemplo en activos financieros, activos reales y activos intangibles (conocimiento, ciencia, innovación), es decir: educación de calidad, uno de los aportes fundamentales a la construcción de capital humano.

Entre las condiciones para lograr mayores índices de crecimiento en el sector productivo, se encuentran: a) garantizar la seguridad jurídica; b) reducir el infierno fiscal y la presión tributaria mediante la eliminación de las exoneraciones tributarias (eliminar el régimen simplificado), ampliar la base tributaria bajando significativamente las tasas impositivas; c) achicar el gasto público y el tamaño del Estado; d) luchar contra la evasión fiscal además de simplificar los trámites administrativos para todo el aparato estatal, eliminando los incentivos perversos a costa de los formalismos (es decir, inventarse en la función pública una serie de pasos bajo la solapada lógica de que a mayor cantidad de trámites que se crea, se tiene más ingresos para financiar sus presupuestos, para pagar al personal, para alimentar la caja chica, etc.). Esto necesariamente debe cambiar porque usualmente engendra más corrupción; e) sinceramiento y reducción  de los niveles de inflación junto con una reforma laboral que implique una reducción del coste de contratación para ponerlo en línea con el valor que cada empleado aporta a la empresa, por cuanto, subir el salario mínimo de forma permanente y a libre discreción política no trae consigo los resultados que supuestamente se busca, dado que el aumento de salario está en función a la productividad de la compañía, y en ello también el aporte del  trabajador en dicho rendimiento y productividad. Si una empresa sufre bajos índices de productividad y posee muchos trabajadores con salarios altos motivará la reducción de personal (con todo el conflicto laboral que ello representa por inamovilidad laboral) o el cierre de la empresa; f) incentivar la inversión en educación de calidad y realizar una adecuada reglamentación a varias disposiciones legales, como ser la ley de inversiones.








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