Los desafíos después del 21-F
Pasado el 21 de febrero, como fecha simbólica sobre la decisión de los bolivianos que rechazaron la reelección de Evo Morales, quedan tareas fundamentales para el presidente y el oficialismo gubernamental, así como para la oposición diversa que ha sido protagonista de las movilizaciones ciudadanas de los últimos meses.
El presidente Evo Morales debe tener la capacidad de leer la realidad. Él debe gobernar para todos los bolivianos y escuchar todas las voces, no solo las que repiten consignas a su favor. Estará errado si cree que quienes protagonizan las marchas, los bloqueos y todas las protestas en rechazo a su reelección indefinida son una minoría opositora sin discurso. Encuestas realizadas por Equipos Mori y publicadas por EL DEBER, muestran que el 68% de los consultados en las capitales del eje, desaprueba una nueva postulación del actual mandatario; un 30% respalda esa opción y un 2% no sabe o no responde. A ello se suman las imágenes, ampliamente divulgadas por todos los medios, de las multitudinarias concentraciones en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y otras ciudades.
Insistir en una repostulación que es resistida por amplios sectores ciudadanos que no están en un partido político pone en peligro su propia legitimidad y toda la inversión social realizada en 12 años de Gobierno; no solo eso, también arriesga su partido político.
Un día después del 21-F, el presidente alertó acerca de que la oposición está utilizando los argumentos que el MAS ha abanderado en los últimos años. Él cuestiona cómo es posible que la “derecha” hable de derechos humanos. Al respecto, es importante reflexionar sobre la importancia de que los discursos que hablan de democracia y de respeto a los derechos ciudadanos estén acompañados de acciones; solo de esa manera las palabras logran tener la fuerza de la coherencia.
Si bien el Gobierno tiene la responsabilidad de leer la realidad y escuchar a todos los ciudadanos (no solo a los afines); la oposición también tiene desafíos hacia adelante. Han sido convocados varios paros cívicos –primero departamentales y el último nacional- los cuales fueron acatados disciplinadamente por gran parte de la ciudadanía, que ha exteriorizado de esa manera su deseo de participar en la construcción del país. No obstante, esas medidas son costosas y significan sacrificios para el país. Ahora las plataformas ciudadanas y los comités cívicos tienen que buscar otras vías creativas y legales, para hacer escuchar su voz y gestionar el cambio que están planteando.
Además, tienen la gran responsabilidad de transformar la protesta en propuesta; es decir, generar un planteamiento que represente a todos y que signifique una alternativa para los bolivianos en 2019. Su misión es desarrollar las ideas que permitan avanzar a Bolivia en los próximos años; que este despertar social a la participación política vaya más lejos que el 2019 y que signifique un salto del país hacia mejores días.
