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| 05/12/2017


Las consecuencias políticas de las elecciones judiciales

Los ciudadanos dejaron oír su voz. El mensaje es inequívoco. Bolivia rechaza la elección de los candidatos oficialistas al Órgano Judicial, y el manoseo de la justicia. Al mismo tiempo, el país rechaza la reelección vitalicia de Evo Morales, defiende el principio de la alternancia y reclama respeto a la voluntad popular. Los bolivianos no quieren el camino que conduce a la autocracia y la concentración totalitaria del poder. 

Este mensaje entraña consecuencias relevantes para el futuro. El clima social es diferente al de la elección judicial de 2011: mucha gente tal vez no se resigne a que el veredicto de las urnas sea escamoteado sin más. Es una aberración que quienes han sido electos contra el voto mayoritario a sus candidaturas asuman como nuevas autoridades judiciales. Esto solo puede profundizar el descalabro del sistema judicial y acelerar el desmoronamiento de la justicia. Es cierto que el Gobierno puede persistir en su desafío a la voluntad popular, pero el costo de ello ha de ser inmenso. El rechazo a la reelección vitalicia confirma la negativa del país ya expresada en el referendo de 2016, y que tiene efecto constitucional vinculante. La decisión del soberano está por encima del fallo inconstitucional del TCP, que habilita la repostulación, planteándose así un conflicto de constitucionalidad con efectos potencialmente críticos.  

Morales está en una encrucijada. El resultado de las urnas, más allá de ser un revés electoral, le brinda la oportunidad de reencauzar la acción de su Gobierno hacia la institucionalidad y el Estado de derecho, iniciando una transición política que precautele la estabilidad y asegure elecciones libres, limpias y transparentes en 2019. Él puede, en un gesto que lo honre, desistir de postularse nuevamente y, más bien, convocar a los expresidentes y líderes opositores a un diálogo nacional para encarar seriamente la reforma de la justicia y en cuyo marco se adopten los cambios constitucionales, legislativos, administrativos y técnicos imprescindibles, teniendo como un pilar básico la independencia judicial, además de la modificación concertada del régimen electoral y de la normativa de partidos políticos. 

El otro camino es desoír a la gente, y querer imponer contra viento y marea el prorroguismo del régimen, sabiendo que ello conduce a la confrontación y al estallido de la estabilidad, y no solo política, sino social y económica. Es la vía catastrófica, a la venezolana, en un momento en que el caso boliviano asoma como un problema de democracia para la comunidad internacional. Desafortunadamente, es la opción en la que se mueven el presidente y su entorno palaciego. De ahí también el escenario de crisis política que comienza a dibujarse. 

El resultado del último domingo reconfigura el mapa político. El respaldo electoral del MAS se ha reducido a casi un tercio del electorado nacional; todavía importante, pero ya insuficiente para sostener el ímpetu prorroguista desde la legitimidad. A la vez irrumpe con fuerza otra mayoría electoral alrededor de la defensa de la democracia y de un orden constitucional; una nueva mayoría social que reivindica el poder de la gente, con el potencial de proyectarse hacia el 2019 como la base de sustentación de un proyecto político alternativo, y quizá con la capacidad de desalojar al MAS del poder. El tiempo dirá si esta hipótesis es factible de verificarse. De lo que no hay duda es que una nueva etapa ha comenzado en la política boliviana. 








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