La nacionalización tortuga de las AFP
A raíz del inicio de un arbitraje iniciado por la AFP Previsión (Banco BBVA) contra el Estado boliviano ha entrado nuevamente en el debate el tema del sistema de pensiones. Cuatro puntos son claves para analizar esta política pública: cobertura del sistema (cantidad), beneficios (calidad), sostenibilidad financiera (costos), y administración (pública, privada o mixta) .
Desde hace casi 22 años, Bolivia cuenta con un sistema de cobertura universal. El Bonosol, ahora convertido y mejorado en Renta Dignidad, es un avance significativo en el régimen de seguridad social de largo plazo financiado por el sector gasífero. Es un ejemplo de continuidad de políticas públicas que beneficia al 96% de la población total.
En 1997, un sistema de capitalización individual, que sustituyó al antiguo sistema de reparto creando dos AFP. En la actualidad este cubre aproximadamente al 41% de la población ocupada. En 2010, a través de la Ley de Pensiones 065 en teoría se estatizaron los fondos de capitalización individual, aunque en la práctica sigue en manos privadas como veremos más adelante. Esta nueva reforma también creó un fondo solidario y dio beneficios especiales a las mujeres.
El nivel de cobertura de pensiones es una proximación del tamaño del sector formal en Bolivia. El restante 59% de la gente sobrevive en la informalidad neoliberal. Millones de comerciantes, transportistas, trabajadores y profesionales independientes, productores del sector rural, artesanos, gremialistas, empleadas domésticas no cuentan con un seguro de vejez. La ampliación de la cobertura de la seguridad, para que estas personas lleguen a la tercera edad de manera digna, es un desafío complejo de la política pública. Se han hecho esfuerzos para que los independientes contribuyan al sistema de pensiones, es el caso reciente de los transportistas. Pero, en general, se avanzado muy poco en esta materia. Si reconocemos que se debe ampliar la cobertura, debemos ser capaces de responder el tema crucial del financiamiento.
La Ley 065 también toca el tema de beneficios. Los trabajadores con mejores salarios (0,5% adicional al 10%) y empresas (3%) deben contribuir para ayudar a los jubilados de menores ingresos. Lamentablemente, en esta reforma ni el Estado ni el sector informal rico ponen un solo peso para este fondo solidario. Esta reforma tiene un carácter claramente regresiva y no es sostenible.
Los temas de financiamiento y administración del fondo de pensiones son los más delicados y polémicos. Cabe recordar que las AFP administran algo como 16.000 millones de dólares, un 46% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, buena parte de la riqueza de las clases trabajadoras de Bolivia.
Cada centavo de este dinero ha sido ahorrado en base a “sangre, sudor y lágrimas” por más de 2 millones 200 personas. Este ahorro colectivo es un patrimonio de los bolivianos (as) que debe preservarse. Los jubilados están en torno de las 120 mil personas.
La Ley 065, en 2010, creó la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, entidad que debería reemplazar a las AFP Previsión y Futuro de Bolivia. Transcurridos ocho años, el Gobierno no ha sido capaz de realizar este traspaso. Una especie de nacionalización tortuga que podría tener problemas más complejos que Quiborax. Esta ineptitud para concretar la estatización del sistema de pensiones solo aumenta la susceptibilidad sobre la capacidad que tendría el Estado para administrar estos recursos. Los antecedentes del pasado son siniestros. El antiguo sistema de reparto quebró y fue fuente de una enorme corrupción.
En términos más estructurales, al miedo a la posible mala gestión pública, se une al terror que genera, entre la gente, la falta de sostenibilidad del sistema de reparto individual.
En los últimos años, el entorno de negocios cambió mucho y colocó nuevos desafíos al modelo de capitalización individual. Veamos tan solo dos. El retorno de las inversiones de las AFP en Bolivia ha bajado significativamente. En el auge, las AFP obtenían retornos que estaban en el orden del 13,7% al año. A junio de 2018, tanto BBVA y Futuro reportaron una tasa entre el 2 y el 2,5% al año, tasas que no llegan a cubrir la inflación. Esta cifra cayó en un 75% en relación a 2008.
Claramente, el contexto financiero es muy diferente. Las tasas de interés en Bolivia y el mundo están muy bajas y las estrategias de las AFP son muy conservadoras y muestran que hace años estas administradoras ya quieren irse y no realizan inversiones. Tanto Previsión como Futuro de Bolivia tienen más del 80% de sus inversiones en Depósitos a Plazo Fijo (DPF) de bancos y en papeles del Gobierno y han fracasado en alcanzar un acuerdo con el Estado. En general, se observa una pérdida de calidad de los servicios.
También cabe mencionar el tema de la transición demográfica, Bolivia es un país joven, y la expectativa de vida ha aumentado, ambos hechos introducen una enorme presión financiera al sistema.
Entonces, ¿podrá la Gestora Pública de la Seguridad Social elaborar una ingeniería financiera para contrarrestar estos cambios estructurales cuando en ocho años no pudo tomar control de los fondos de pensiones? ¿O la nacionalización tortuga tiene un error de diseño inicial y sería tiempo de revisar la reforma de pensiones para adaptarse a los nuevos tiempos pensando en una administración mixta, por ejemplo?.
