Jóvenes y cambios sociales
Quizás el dato más fresco del proceso electoral judicial sea la apasionada irrupción juvenil que cuestiona la manera en que ha sido conducido, tanto como la flagrante violación constitucional cometida por los cesantes miembros del TCP.
La juventud cruceña destaca nítidamente porque su respuesta contrasta con la de generaciones mayores y especialmente con sus elites políticas, empresariales y cívicas.
No es un caso único, pero destaca porque la alianza entre el régimen y el grupo de empresas de mayor concentración de capital se origina en Santa Cruz en la concurrencia de dos grupos aparentemente antagónicos: la gran agroindustria agroexportadora, transnacional y globalizada, con los antiguos colonizadores de las décadas de los 50 y 60, que superaron la pobreza y son hoy pequeños y medianos empresarios productores de soya.
Su encuentro va más allá de lo circunstancial como puede verse en el entusiasmo con que ambos defienden la ampliación del mercado de tierras, contenida en el plan gubernamental (Agenda patriótica) de desbosque –unas 15 millones de hectáreas- y el paquete tecnológico de herbicidas como el glifosato y las semillas transgénicas.
Dos sectores sociales de muy distinto origen y destino aliados por la avidez de ganancias y la insensibilidad ante la necesidad de una rápida transformación que en vez de destruir las fuentes de vida (agua, oxígeno, biodiversidad) las utilice y preserve, porque son cada vez más escasas y por tanto esenciales para una nueva economía, aunada a la del conocimiento y al estímulo de la creatividad.
La desconexión entre jóvenes, sensibilizados ante la devastación y la arbitrariedad, y la creciente alianza entre quienes priorizan la acumulación de capital con los que concentran poder está transitando a un primer plano.
El gran barullo de la campaña y del fallo del TCP oculta estos fenómenos profundos, igual que lo ocurrido depende de una responsabilidad, completamente compartida, por todo el espectro de la representación política, formal e informal. Las líneas divisorias entre oficialismo y oposición o entre partidos y corporaciones no existieron en cuanto a su participación común para montar el escenario de esta nueva frustración consolidada el 3 de diciembre.
Por eso, la idea de que el fracaso se debe al método de elegir magistrados es tan falsa, como atribuirlo a la alta votación de nulos y blancos, o su equivalente de concebir como antagónicas una selección meritocrática de los candidatos frente a la participación democrática de la sociedad para consagrar un proceso equilibrado de decantación de los postulantes. La oposición es corresponsable porque no supo dar pelea en 2014 por conseguir una mayor bancada, debido al caudillismo que los aqueja idénticamente al del MAS y porque tampoco peleó por una reforma electoral que impida posesionarse a autoridades que obtengan menos votos que los blancos y nulos.
Tales antecedentes tienen que aclarar que la defensa de la Constitución no debe agotarse en su reivindicación formal e instrumental, como la lucha contra el caudillismo no tiene que acabar con el desplazamiento del cacique de turno.
Nuestra Constitución contiene pautas esenciales para una transformación productiva profunda que no destruya el medioambiente; la construcción de una sociedad plural, democrática, con autonomías –empezando con las indígenas- y fundada en la autonomía de las organizaciones sociales frente al Estado. Su defensa y la de la soberanía popular supone unir la lucha por lo democrático con la de un cambio sustancial de proyecto.
