OPINIÓN



| 15/11/2017


Frustración de expectativas juveniles

Bolivia está atravesando por una transición demográfica traducida en cambios sustanciales en sus estructuras etarias, que se expresan principalmente a través de reducciones en el peso relativo de la población infantil, el engrosamiento de la población en edad activa de adolescentes y jóvenes y el aumento sostenido, pero aún bajo, del peso de la población de adultos mayores.

Como resultado de estas modificaciones, el país está transitando por el llamado bono demográfico, que se refiere al periodo en que las tasas de dependencia descienden y alcanzan mínimos históricos al disminuir la población infantil, proporcionando una oportunidad para el incremento de las tasas de ahorro y el crecimiento de las economías, como ha sucedido con los países del sudeste asiático, denominados ‘tigres del Asia’.

Para que este bono se convierta en beneficios reales para la sociedad, se requiere que las transformaciones de la población sean acompañadas por fuertes inversiones en capital humano, en especial en los adolescentes y jóvenes.

Sin embargo, la primera constatación es que las cifras de asistencia escolar caen de manera dramática en la adolescencia, solo algo más de tres de cada diez adolescentes del nivel más pobre están escolarizados, subiendo a seis de cada diez en los tres siguientes niveles socioeconómicos y a ocho en los del nivel de mayores ingresos; por el otro lado, cerca de siete de cada diez de los del nivel más bajo de pobreza están incorporados al mercado laboral y solo dos de cada diez son adolescentes trabajadores en los niveles de menor pobreza. Es evidente que a mayores niveles de pobreza, mayor inserción temprana al mercado laboral, y por tanto, mayor exclusión del derecho a la educación, reproduciendo el círculo vicioso de pobreza e inequidad.

En resumen, los adolescentes en Santa Cruz de la Sierra representan tasas elevadas de deserción escolar y de inserción temprana al mercado laboral, además de tasas de desocupación más altas que las del promedio general, condiciones de empleo más precarias, puesto que cinco de cada diez adolescentes y jóvenes ocupados perciben menos de un salario mínimo por mes, tres perciben entre uno y dos salarios mínimos y solo uno de cada diez percibe más de dos salarios mínimos, pero además cabe resaltar que alrededor de un tercio de los adolescentes y jóvenes no estudia ni trabaja, con lo cual se tiene un cuadro completo que permite afirmar que la pobreza y la exclusión económica y social afectan de manera especial a este segmento poblacional.

Esta situación de exclusión contribuye a entender las razones del déficit de ciudadanía o de ciudadanía parcial, al carecer las generaciones jóvenes de espacios de participación y de reconocimiento pleno de su condición de sujetos de derecho, traducida en los bajos niveles de participación en organizaciones, como las juntas vecinales, agrupaciones ciudadanas, educativas o empresariales, por el peso que en ellas tienen los prejuicios y las estigmatizaciones hacia las generaciones jóvenes.

Este es el trasfondo que, por una parte, explica la proliferación de las llamadas pandillas juveniles o la atribución del 75% de los hechos delictivos y contravencionales a adolescentes y jóvenes varones menores de 30 años, y por la otra, la urgente e imperiosa necesidad de un enfoque de desarrollo centrado en las generaciones jóvenes de manera que el bono demográfico se constituya en una ventana de oportunidad que permita al país dar un salto en el desarrollo a condición de invertir en la formación de capital humano aprovechando la fase de transición demográfica de alta a baja fecundidad.

Si en el país se generan condiciones de empleo adecuadas, seguridad social, y adecuados programas de salud y educación con énfasis en oficios y carreras técnicas, se podría romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, lo cual podría redundar en mayor equidad y menores condiciones de riesgo e inseguridad, permitiendo que adolescentes y jóvenes, especialmente de sectores marginados, puedan acceder a servicios y espacios de participación y al ejercicio pleno de sus derechos.








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