Fraude para validar los agrotóxicos
Hace poco se conoció el tercer fallo de la justicia de EEUU, el cual reconoce que la empresa Monsanto (actualmente Bayer) es responsable de contribuir al desarrollo de cáncer en personas que usaron sus productos. Lo más interesante de esto es comprender la vinculación de la empresa con organismos de control internacionales y con investigadores científicos.
“No se puede decir que Roundup (plaguicida que contiene glifosato) no sea carcinógeno. No hemos hecho las pruebas necesarias en la formulación para hacer esa declaración”, así indica el fragmento de un correo electrónico de 2003 escrito por Donna Farmer, toxicóloga de Monsanto. Gracias al juicio iniciado contra Bayer-Monsanto fue posible conocer documentos internos de la empresa. Esto nos permite entender la existencia de “dos bibliotecas”, una demuestra la toxicidad y el peligro que las sustancias usadas en las fumigaciones representan para la salud y el medioambiente; y la otra indica que estas sustancias son seguras.
Este hecho de corrupción y fraude debería bastar para generar un escándalo internacional y establecer medidas para proteger a las personas de estos químicos. Pero esto no ocurre, entonces: ¿Qué posibilidades reales tiene una persona de no respirar pesticidas cuando las fumigaciones se realizan a 100 o 500 metros de su casa?, ¿Qué posibilidades tienen las familias de preparar sus comidas libres de plaguicidas?
Hay quienes pretenden resolver el conflicto apelando a la responsabilidad del Estado o las “buenas prácticas agrícolas”. Conocemos la fragilidad de los órganos de control de los Estados. En Argentina, la ONG Naturaleza de Derechos hizo públicos estudios del Senasa realizados entre el 2011 y 2013. Allí concluían que el 63% de las frutas y verduras analizadas contenían restos de plaguicidas (aún por encima del límite permitido para consumo), y muchos de ellos prohibidos o no autorizados ¿Qué medidas se tomaron? Ninguna.
La biblioteca científica que no depende de la industria continúa acumulando evidencias sobre las consecuencias de los agrotóxicos. En el mundo, las prohibiciones del glifosato se multiplican; en Argentina ya son 12 las ciudades que prohíben su uso. Cada vez hay más organizaciones civiles que denuncian las enfermedades que padecen. Estas son las voces que las transnacionales y sus cómplices quieren acallar.
