OPINIÓN



| 13/02/2017


Dictadura de jueces y fiscales

La presunción de inocencia no existe en el país. En vez de que se cumpla el principio de que todas las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, un nefasto grupo de autoridades, fiscales y jueces ha hecho que esté vigente la situación contraria: si un ciudadano tiene la mala suerte de estar inmerso en un caso judicial de repercusión mediática, muy probablemente vaya preso. Si su situación tiene que ver con algún interés gubernamental, con mayor razón: en muchos de los casos, los sindicados no podrán defenderse en libertad e ingresarán a ese tenebroso sistema judicial que han construido en los últimos años operadores de justicia y funcionarios públicos.

La justicia en Bolivia nunca fue buena. Pero hoy ha pasado todos los límites de negligencia, deshumanización y perversidad. Y mientras siga el MAS en el poder, será muy difícil luchar contra sus falencias. 

Y el abuso es más claro aún cuando se trata de usar la justicia para castigar a ciudadanos con el fin de exculpar a las máximas autoridades. Un chofer de Gestión Social sigue preso, acusado de haber ¡transportado a Gabriela Zapata, la exnovia del presidente! Todo el entorno de Zapata fue detenido también, incluido su abogado, y parece que fuera mentira, de ‘tráfico de menores’, cuando lo que hicieron fue cambiarle la identidad a un niño para hacer creer que era hijo de Morales. Nuevamente, en un país en el que jueces y fiscales son independientes, esas personas podrían defenderse en libertad. Pero aquí acatan, no órdenes, sino carajazos del poder. Sigamos: después de que un grupo de adherentes masistas saqueó e incendió la Alcaldía de El Alto, los acusados por la Policía y los fiscales fueron… los funcionarios ediles que estaban dentro del recinto, intentando escapar del fuego y del humo. ¿Puede haber algo más insensato? 
Para no mencionar el caso hotel Las Américas (Santa Cruz)  o El Porvenir (Pando) o el de Samuel Doria Medina.

Lo que pasa es que el Gobierno usa a la justicia para afectar a los adversarios del oficialismo. Pero luego los operadores se ensañan contra todos los demás. Los mencionados en esta columna son, por lo menos, casos mediáticos, de alta resonancia pública. Los pobres y anónimos ciudadanos sufren más. El 80% de los presos no tiene sentencia ni puede defenderse en libertad. En los centros penitenciarios deben aceptar las reglas impuestas por otros reos, más poderosos y violentos, que les cobran por una celda, por seguridad y por un plato de sopa. Mal vamos 








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