Coherencia y responsabilidad con el país
A escasos días de haberse cumplido el plazo para el pago del segundo aguinaldo, comienza a tomar vuelo el debate sobre el incremento salarial correspondiente a esta gestión. Otra pulseada entre la Central Obrera Boliviana y el sector privado que, hasta el momento, ha tenido al Gobierno nacional inclinando la balanza hacia el lado de los trabajadores. Lamentablemente, se corre el riesgo de que esta discusión sea más política que económica, con lo que los resultados pueden terminar causando más perjuicio que beneficio.
Los trabajadores aún no se han puesto de acuerdo en un porcentaje, pero los subsectores ya hacen conocer sus pretensiones. Los mineros hablan de un aumento del 15%; los fabriles plantean un 12% y los constructores un 8%. Hoy deben reunirse para definir su pliego petitorio, a fin de que sea atendido hasta el 1 de mayo. Por su parte, los empresarios privados consideran que el alza no debería superar el 2%, teniendo en cuenta que la inflación acumulada ha sido del 1,51%. El Gobierno está cauto por ahora y dice que esperará las cifras oficiales del PIB 2018.
De acuerdo a estudios dados a conocer por Cainco, Bolivia está entre los cuatro países más caros en términos laborales, después de Honduras, Nicaragua y Paraguay. Solo el año pasado, el incremento del sueldo (5,5%); del salario mínimo nacional (3%), sumado a bonos, subsidios, aportes sociales, más la imposición del doble aguinaldo, significó un 13,7% de aumento real. En contraposición, la COB admite que menos del 40% de la población económicamente activa recibe efectivamente estos beneficios, tomando en cuenta que alrededor de seis de cada diez personas trabajan ‘en negro’, es decir que están en condiciones de informalidad.
El presidente ha mencionado que el espíritu del doble aguinaldo busca que haya redistribución de la riqueza; es decir, que los obreros gocen también de las utilidades de las empresas privadas. No obstante, el contexto nacional e internacional es diferente al que había en 2013, cuando comenzó este beneficio y cuando Bolivia atravesaba un excelente momento por los ingresos que dejaba la venta de materia prima con altos precios internacionales.
El costo de los incrementos por encima del nivel inflacionario y del doble aguinaldo ya se puede ver porque se ha reducido la contratación de mano de obra y se han hallado evidencias de reducción salarial, aumentando –en contrapartida- la informalidad de la economía y la inestabilidad del propio trabajador. También se menciona que pequeñas empresas han tenido que cerrar ante la imposibilidad de cumplir con las disposiciones gubernamentales.
El doble aguinaldo comenzó a pagarse en un año electoral (2013) y estamos en puertas de otros comicios, por lo que existe el temor de que tanto ese beneficio como el incremento salarial se dispongan con la mira puesta en los votos y no precisamente en la realidad actual.
El Gobierno tiene la oportunidad de anteponer el interés del país a los afanes electoralistas. No se trata de que ganen los empresarios o los trabajadores, se trata de coherencia y responsabilidad con el conjunto de los bolivianos.
