“Agua, luz, teléfono, quién da mejor servicio el Estado o los privados

Todos hemos pagado cuentas, sufrido cortes de luz durante una tormenta y nos hemos preocupado por la calidad del agua que vamos a beber. Todos hemos estado en una línea telefónica que no funciona balbuceando “¿Hola? ¿Hola?”.

Y si en el mundo profesional nos interesan estos servicios básicos que son tan fundamentales para nuestra vida, sabemos que su prestación confiable y asequible es aún más importante para los pobres. Cuando una larga espera para una nueva conexión telefónica significa estar incomunicado con el mundo exterior, que la falta de electricidad no permite estudiar y que el agua contaminada equivale a niños enfermos, los servicios públicos representan la diferencia entre estancamiento y crecimiento.

Público versus privado
Este debate es tan antiguo como las montañas, pero todavía puede dividir a una familia, o al menos arruinar una cena. Quitemos la emoción del debate y dejemos que los datos hablen. En promedio, las empresas privadas ofrecen servicios más eficientes y de mejor calidad que sus equivalentes de propiedad estatal.

Las pérdidas e interrupciones del servicio disminuyen, aumenta la eficiencia laboral, y se reduce la duración de los cortes. (Hay algunas excepciones: aproximadamente 1 de cada 10 proveedores públicos se desempeña mejor que el promedio de los privados). Las empresas privadas también han ampliado el acceso, pero en promedio el acceso no ha crecido más rápido que el ofrecido por las empresas públicas y las tarifas no son más baratas tampoco, sobre todo en el caso del agua y la energía.

La regulación es importante

Si la eficiencia mejora, pero los precios al consumidor siguen siendo los mismos en el caso del suministro privado, por lo menos una de dos cosas está sucediendo: el sector está recibiendo menos subsidios para cubrir la brecha de la recuperación de costos o los proveedores se están quedando con una parte mayor de las ganancias.

Eso puede ser justo ante la necesidad de pagar impuestos, obtener beneficios y cubrir los costos de inversión, pero también significa que alguien tiene que vigilar el gallinero. En la mayoría de los servicios de infraestructura los consumidores no pueden confiar en la competencia para regular precios y calidad.

En el caso de la energía, agua y saneamiento, así como la telefonía fija, continúa habiendo monopolios. En algunos mercados de electricidad, los generadores compiten por la distribución y los proveedores de vez en cuando compiten por vender energía o agua a través de cables y tuberías existentes y las líneas fijas son más eficientes comparadas con los servicios móviles, pero en su mayoría las cuantiosas inversiones en activos que definen la infraestructura no son superfluas.

Es decir, la forma más eficiente de construir la infraestructura sigue siendo una sola red que brinde servicio a cada hogar y empresa.
Una vez que esa red está en funcionamiento, la regulación protege la relación entre el consumidor y el proveedor. Los datos revelan que la ley de separación de principios y organismos —de proveedor y regulador de servicios, como protector del interés público— funciona.

La reglamentación produce mejores resultados para los consumidores —menores pérdidas, menos cortes, mayor eficiencia y soluciones más rápidas a los problemas— y cuanto más sólida sea la capacidad del regulador, mejores serán los resultados.

Esto es válido tanto para empresas privadas como estatales. Entes reguladores más fuertes también se correlacionan con una recuperación de costos más elevada, de modo que incluso si las tarifas promedio son un poco más altas, todo el mundo está mejor, incluidos los consumidores.