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| 12/01/2018


Abrogar la dictadura

La decisión del Tribunal Constitucional de admitir la repostulación del presidente, en contravención a los resultados del referéndum vinculante del 21-F, encendió la efervescencia ciudadana que tomó conciencia de que, a partir de allí, se estaba formalizando un nuevo escenario de conflictividad con la ruptura del orden jurídico constitucional. 

Este hecho, seguido de la elección judicial carente de legitimidad, reactivó el protagonismo del ciudadano, que entendió que era preciso movilizarse para defender la institucionalidad democrática contra la encubierta dictadura totalitaria. 

Dada la baja efectividad de intermediación política de los partidos opositores y con la institucionalidad adormecida por el legado del caso terrorismo, el hostigamiento económico al sector empresarial y el amedrentaniento judicial, una nueva generación de activistas, jóvenes y mujeres, se apropia del discurso político y de la reivindicación democrática. 

Autodenominadas plataformas, desprovistas de    liderazgo formal y estructura organizativa, se        autoconvocan, se multiplican en las calles. La lucha, hasta aquí, es ciudadana, sin tutoría institucional; movilizadora y cohesionadora en el discurso, pero dispersa y desorganizada en los métodos   y estrategias. 

Luego entra en escena la demanda de los médicos, afectados por un artículo del Código del Sistema Penal que los criminaliza distorsionando el concepto de negligencia. Su prolongada movilización permite tomar conciencia nacional de que toda la norma afecta a diversos intereses sectoriales, y se van incorporando a la lucha los gremios organizados, cada uno con preocupaciones puntuales por determinados segmentos del código.

La lucha aquí deja de ser ciudadana y se vuelve una reivindicación institucional multisectorial. Pasa a segundo plano el trasfondo de la reivindicación por la vigencia de los resultados del referéndum y la defensa de la democracia, concentrándose en el instrumento. La causa deja de ser homogénea y, por tanto, la heterogeneidad de las demandas permite romper la cohesión del discurso.

Al empezar a satisfacerse, desde el régimen, específicos intereses sectoriales, las instituciones empiezan a mostrar incapacidad de sostener una demanda transversal y aglutinadora. La causa, podría haber logrado mayor eficacia enfocándose en los argumentos para exigir la abrogación del draconiano código, no en función a demandas heterogéneas, sino en la homogeneidad del perjuicio, promoviendo socialmente que criminaliza al ciudadano y protege al Estado. 

No se encaró el discurso ni los métodos en el denominador común. No es una norma preventiva del delito, es un instrumento de control y opresión del pueblo, conculcador de libertades y herramienta de amedrentamiento. 

Visto así, se podría hacer sostenible la lucha multisectorial institucional, por encima de específicos intereses subalternos al interés general. Aquí se pierde fuerza porque se desvirtúa el trasfondo. La reivindicación original en realidad es la abrogación del régimen dictatorial, procurándose restablecer la defensa de la democracia y la homogeneidad de su lucha.








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