La negociación salarial y la realidad

La Central Obrera Boliviana y el Gobierno están en plena negociación del incremento salarial. El órgano sindical pide un alza del ocho por ciento al sueldo básico y del siete por ciento al salario mínimo nacional. Una aspiración que está absolutamente fuera de la realidad, que muestra una tendencia orientada hacia el ajuste de cinturones en los hogares, antes que a una estabilidad pretendida en los discursos del Gobierno. Además, es muy superior a la inflación reportada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo que es del 2,12%.​

En Bolivia hay dos visiones. Por un lado, está la del ciudadano de a pie, que ha visto el deterioro progresivo de la calidad del empleo, ya que, a más incrementos, más costo laboral para los empresarios, que han optado por requerir personal bajo contratos externos o, simplemente, disminuir el volumen de su planilla.

En la otra visión están los sindicatos, colmados por empleados que permanecen durante muchos años o décadas en la dirigencia, que son declarados en comisión y se benefician cada año con los incrementos salariales que ellos mismos gestionan, pero que no trabajan como los obreros a los que representan.

En tercer lugar, está el Estado en los diferentes niveles de gobierno. En este grupo hay al menos medio millón de empleados públicos, que reciben el sueldo con el incremento correspondiente. En muchos casos, son pegas obtenidas al calor de la política.

Como desde el principio en la gestión del Movimiento Al Socialismo, la negociación salarial la están llevando el Gobierno nacional y la COB, dejando al margen a los empresarios privados. Hasta aquí, a estos últimos no les quedó más que acatar lo que dispusieron los otros dos, pero con resultados poco afortunados para el sector laboral.

En la realidad de los ciudadanos de a pie se ve una disminución de al menos un 30 por ciento en la capacidad de compra de las familias, especialmente en las tiendas de barrio, de acuerdo con un informe que publica hoy el suplemento Dinero de EL DEBER, en el que la empresa Smart Data señala que la gente está comprando lo que requiere a diario, en lugar de hacer compras más grandes que le alcancen por más tiempo. A ello se suma el incremento de precios que es consecuencia de la escasez de dólares y el valor paralelo de la divisa.

En las cifras oficiales se exhibe que el desempleo está por debajo del cuatro por ciento, pero la cifra no precisa si se trata de trabajos de calidad con todas las prestaciones, si es empleo informal y eventual. Según las cifras que ofrecen los empresarios privados y economistas, la informalidad alcanza a más del 70% de la economía, lo que significa que hay muchos trabajadores, y por tanto sus familias, que carecen de seguridad social, de aportes de jubilación, etc.

En tal sentido, no es coherente negociar el incremento salarial sobre la base de dirigentes que no trabajan y que ganan mucho más de lo que ganan sus representados y que, por sus beneficios sindicales, están exentos del peligro de quedarse sin empleo; en cambio, sí impulsan la crisis en las empresas y no se hacen responsables después del cierre de estas o de la carencia de empleo para miles de bolivianos.

Es de esperar que prime la cordura y que se tome en cuenta la realidad actual del país. No se puede navegar sobre una mirada errada de la realidad.