Cara a cara

Cuando se estrenaba en su cargo, en noviembre de 2020, el ministro de Justicia, Iván Lima, se planteó cinco desafíos para impulsar una ‘reforma inicial’ del corroído e ineficiente sistema judicial. El principal desafío apuntaba a garantizar la independencia judicial para que en los tribunales prevaleciera el derecho y no la billetera del ciudadano. Para que en ese ámbito tampoco influyeran factores políticos ni mediáticos. Una ley de la carrera judicial debía garantizar la idoneidad de los jueces, evaluar su desempeño y capacitarlos.

Otro de los desafíos de Lima apuntaba a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Pero durante el primer trimestre de 2024 se registraron 16 feminicidios. Y aunque en 2023 esos casos se redujeron un 14% en relación al año anterior, la tendencia actual es ascendente. También se planteó desburocratizar los trámites en D. Reales y Catastro para que la gente no malgaste su tiempo en idas y venidas. Ahora el Gobierno ha rebasado el marco constitucional con un ‘decretazo’ de dudosa finalidad por su aplicación en el control único y digitalizado de la propiedad privada.

Y así, poco y nada ha cambiado cuatro años después y los retos de Lima. Por una serie de cuellos de botella, la ‘justicia constitucional’ no atiende como es debido al ciudadano. Tampoco se ha avanzado en la elección de magistrados porque, además de la falta de voluntad política, la vulgar chicanería jurídica impide la selección de candidatos y el proceso lleva retraso. Los cambios de fondo en la maltrecha justicia boliviana no pueden esperar más tiempo.