La Defensoría del Pueblo advirtió este martes que el incremento sostenido de los precios de los alimentos está deteriorando el derecho a la alimentación de los bolivianos y afecta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. Un monitoreo realizado entre mayo y junio en 20 mercados de 10 ciudades del país reveló que el 63% de las familias consultadas ya no cuenta con un presupuesto suficiente para adquirir los alimentos básicos que consumía habitualmente, lo que ha obligado a reducir la calidad y la cantidad de su dieta.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó los resultados de un estudio desarrollado en tres etapas: el 8 de mayo, antes de los bloqueos; el 29 de mayo, durante los conflictos; y el 26 de junio, una vez concluidas las medidas de presión.
El trabajo incluyó el seguimiento de 21 productos de la canasta alimentaria en mercados populares de las nueve capitales departamentales y El Alto, además de entrevistas a 60 personas, entre ellas mujeres jefas de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad.
Los resultados muestran que el incremento de precios fue generalizado en prácticamente todas las ciudades. Durante los bloqueos, varios mercados registraron desabastecimiento temporal de productos esenciales como leche, aceite y huevo, mientras que algunos alimentos incrementaron su precio en más del 200%. En ciudades como La Paz y El Alto, los picos de incremento superaron incluso el 300%.
Si bien los precios descendieron parcialmente tras el levantamiento de los bloqueos, el informe advierte que no retornaron a los niveles previos al conflicto. Según Callisaya, este comportamiento confirma una tendencia de aumento sostenido que la Defensoría viene documentando desde septiembre de 2024.
"Hay un ascenso sostenido del alza de los precios que incide permanentemente en la economía de los hogares bolivianos y limita el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación", sostuvo.
El impacto ya se refleja en los hábitos de consumo de las familias. De acuerdo con las encuestas, el 63% afirmó que su presupuesto ya no alcanza para comprar los alimentos que adquiría regularmente; un 22% solo logra cubrir parcialmente sus necesidades alimentarias y apenas un 15% considera que aún puede mantener su nivel de consumo.
Como consecuencia, numerosos hogares dejaron de comprar carne, pollo fresco, leche y frutas para sustituirlos por productos de menor costo, como arroz, fideos a granel y tubérculos. En algunos casos, incluso redujeron el número de comidas diarias.
Las entrevistas recogidas por la Defensoría reflejan la dimensión social del problema. Personas adultas mayores señalaron que el aumento de los precios no ha sido acompañado por mejoras en sus ingresos y que la Renta Dignidad resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Personas con discapacidad afirmaron que dejaron de consumir carne, frutas y productos lácteos por falta de recursos, mientras que varias jefas de hogar relataron que redujeron significativamente la compra de carne e incluso eliminaron la cena para hacer rendir el presupuesto familiar.
El estudio también identificó las principales estrategias de adaptación de los hogares frente al encarecimiento de los alimentos. Entre el 50% y el 56% opta por comprar productos más baratos; entre el 67% y el 78% prescinde de alimentos considerados básicos; otros recurren a sus ahorros y un número creciente reduce la cantidad de comidas diarias.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo concluyó que la disponibilidad de alimentos en los mercados ya no garantiza el acceso efectivo a ellos, debido a que el principal obstáculo es el poder adquisitivo de las familias.
Por ello, la institución recomendó al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y al Ministerio de Economía fortalecer el monitoreo de precios, identificar las causas que mantienen elevados los costos de los alimentos y adoptar medidas que protejan el poder adquisitivo de la población. Asimismo, exhortó a los gobiernos departamentales y municipales a reforzar los controles de abastecimiento y garantizar el acceso oportuno a alimentos esenciales, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad.
Callisaya señaló que el informe constituye una alerta temprana para que las autoridades adopten medidas antes de que la situación se profundice. "La alimentación no es un privilegio; la alimentación es un derecho", enfatizó el Defensor del Pueblo.