ECONOMÍA

INRA someterá a evaluación todas las tierras del oriente


La entidad reveló que abordará un proceso de evaluación del cumplimiento de la Función Económica Social (FES) de la tierra. La CAO observa que esa acción crea inseguridad jurídica


11/04/2017

Con el objetivo de que se cumpla la Constitución y las normativas respecto al uso de la tierra, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) reveló que iniciará la revisión de la Función Económica Social (FES) de pequeñas, medianas y grandes empresas agrícolas de Santa cruz, Beni y Pan-
do. También fiscalizará el cumplimiento de la Función Social (FS) de las tierras fiscales dotadas a las comunidades del oriente. 

La titular del INRA, Beatriz Yuque, señaló que, según lo establece la Ley 3545, deben cumplir la FES la mediana propiedad y la empresa agrícola, que son sectores que producen para el mercado agropecuario o desarrollan actividades productivas asociadas a la investigación, ecoturismo y protección a la diversidad.

“También se empezará a verificar las FES de las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con nuestras normativas, mientras se cumplan los requisitos no habrá problemas, pero al momento de que no se estuviera cumpliendo conforme establece la Constitución, la normativa agraria y su reglamento, vamos a ser muy exigentes al respecto”, señaló Yuque.

Dotación de tierras fiscales
“A dos años que se hace la evaluación posterior a la resolución de asentamiento, si vemos que no han cumplido la función social, ya no se les dota de tierra. Por otro lado, aquellas ya tituladas a través de la dotación, le vamos a hacer nuevamente una evaluación. Y si vemos que no son las mismas personas a las que se les dotó, las que la están trabajando, también vamos a ralizar un proceso de reversión”, aseguró.

Apoyó su decisión en las denuncias sobre comunidades que se beneficiaron con tierras y más tarde las transfirieron a terceras personas.

Según se informó, existen más de 100 comunidades beneficiadas con la dotación estatal en Santa Cruz, Beni y Pando. La verificación en campo empezará la próxima semana. 

La Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria clasifica las propiedades según la función que debieran cumplir, asignando al solar campesino, a la pequeña propiedad, a la propiedad comunitaria y a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), “una función social, en tanto su producción no esté orientada hacia el mercado agropecuario sino a la satisfacción de las necesidades de la población”.

Inseguridad jurídica

Al respecto, el gerente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Edilberto Osinaga, vio con extrañeza la decisión tomada por el INRA, indicando que la aplicación de una nueva evaluación de cumplimiento de la FES acarrearía inseguridad jurídica.

“Eso es lo que se viene haciendo cada vez que hay una nueva autoridad. Así nunca termina la inseguridad para el productor agropecuario ¿Acaso no hay confianza en las autoridades que han pasado por ahí? Una nueva revisión generará una inseguridad jurídica permanente para los productores. La FES está en vigencia, se ha pasado todo el proceso, pero otra evaluación generará susceptibilidades, como por ejemplo, para la banca porque las propiedades no sirven para garantías. No es miedo a que te revisen, sino que en algún momento las normas  tiene que dar seguridad”, señaló.

Cumbre agropecuaria

El 2015 se realizó la Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia en la que el Gobierno y el sector acordaron la ampliación de la FES de dos a cinco años, tras haberse discutido ampliamente en la mesa de trabajo Tierra y Estructura Agraria.

En ese entonce, la CAO había propuesto una ampliación de 10 años para la verificación de la FES, pero ante la oposición de los sectores sociales se decidió solo cinco años, tiempo en el que les permitiría conseguir créditos bancarios para realizar grandes inversiones en el sector agrícola.
La Ley 3545 establece un control sobre el cumplimiento de la FES, bajo sanción de reversión de tierras en caso de incumplimiento 



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