Crecen las alzas salariales, pero baja poder de compra
El salario mínimo se triplicó, pero los salarios reales aumentaron a un menor ritmo en los sectores público y privado. Expertos ven deterioro del empleo
Edita Salvatierra saca su pequeña cartera negra, ve en su interior y luego extrae dos billetes de corte de cien bolivianos, los empuña y se dirige hacia un puesto de verduras ubicado en el mercado Abasto, en donde comprará lo necesario para una semana. Observa cuidadosamente los precios de las papas y cebollas. Luego empieza a regatear con su ‘casera’, tras unos segundos adquiere unas pocas unidades de esos productos.
“La plata ahora no alcanza”, se queja. Luego sigue con sus compras en este centro de abastecimiento, donde adquirirá arroz, y otros alimentos como tomate, arvejas, zanahorias y pimentón.
“Somos seis personas en casa, y hay que ajustarnos, antes con Bs 200 podía comprar muchas más cosas, ahora no”, agrega la mujer, que depende de sus dos hijos que ganan debajo del sueldo mínimo.
Desde 2006 hasta 2018, el Salario Mínimo Nacional (SMN) se incrementó en un 312%, pasando de 500 a Bs 2.060, durante ese periodo. Para este año, el Gobierno dispuso un aumento de un 3% al SMN, que llegará a Bs 2.112.
Si bien, en términos nominales la subida de los ingresos es elevada, personas como Salvatierra no sienten sus beneficios.
“Esos incrementos no sirven para nada” dice la mujer.
Según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), durante el actual periodo de Gobierno, estos aumentos no cubren una canasta alimentaria que oscila en Bs 2.500.
“El salario mínimo, fijado de forma arbitraria, no responde a las necesidades básicas de una familia tipo de cinco personas para cubrir sus necesidades”, señaló Bruno Rojas, investigador del Cedla.
Agregó que incluso el salario real tuvo un bajo crecimiento, tanto en el sector público como el privado.
Según datos oficiales elaborados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) entre 2007 y 2017, los salarios reales en el sector público, a diferencia del SMN, subieron en un 44,87%, muy por debajo del incremento nominal.
El dato fue confirmado por Camila, esposa de un funcionario de una importante empresa estatal.“En las empresas hay escalas salariales, mi esposo ya llegó a un tope del que no puede pasar, pese a que las cosas ahora cuestan más”, dijo.
Por otro lado, en el sector privado, el salario real subió un 10,9%. En este contexto, según Rojas, “el salario real está por debajo de la inflación y el precio de los productos que se cuatriplicaron”. “Estos incrementos no mejoran la precariedad laboral”, agregó.
Lo dicho por el economista lo confirma Glady Pachury, ella es una ama de casa de 50 años, que en cada viaje al mercado ajusta al máximo el presupuesto familiar, que administra de forma rigurosa, durante todo el mes.
“Más bien nos perjudica (el incremento), si suben un 4% en el mercado suben los precios a más que eso”, sostuvo.
En este contexto, la mujer señaló que debe ‘estirar como chicle’ el salario de su esposo que trabaja en una fábrica, para solventar los gastos de alimentación de su núcleo familiar de cinco personas.
“Tengo que llevar la mitad de lo que compraba antes. Todo está caro, ¡la arroba de cebolla está a Bs 60!, imagínese”, señaló Pachury, que pagó con resignación.
El economista, Germán Molina, coincide con Rojas, al indicar que solo una pequeña parte de la población logra beneficiarse con los incrementos salariales.
“Pero estos incrementos son momentáneos porque los precios siguen subiendo”, afirmó.
Para el economista, incluso estas medidas postergan la generación de nuevas fuentes de trabajo en el sector privado, “porque unos 140.000 profesionales salen de las universidades”.
“La gente que ingresa al mercado laboral, y los que tienen estudios, demoran entre tres y seis meses en encontrar un trabajo”, dijo.
Postura de privados
Desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), indicaron que el alza salarial, solo beneficia a un 13,8% de la población ocupada dentro del área urbana del país, que es la que tiene un empleo amparado por la Ley General del Trabajo. Pero no llega al 86,2% que no cuenta con ningún tipo de cobertura social.
Para la entidad empresarial no existe la certeza de que el poder adquisitivo de este porcentaje, de la población económicamente activa, haya incrementado su poder adquisitivo.
“El problema que agudiza este escenario es que, con cada ajuste, sumado a los costos como el segundo aguinaldo, los logros o conquistas de una minoría se traducen en pérdidas para la mayoría. En efecto, esos costos incrementales hacen que sea muy difícil crear empleo protegido”, señaló Luis Fernando Barbery, presidente de la CEPB.
La postura del empresario es compartida por el emprendedor en el sector audiovisual, Luis Fernández. El hombre sostiene que descartó contratar personal debido a los incrementos y las cargas sociales que debe cumplir.
Trabaja solo y asegura que seguirá así, “por un buen tiempo”.
“Nosotros, los emprendedores, estamos impedidos de crecer y agrandar nuestras empresas porque la realidad económica es muy dura”, señaló Fernández.
Barbery, observó que el Gobierno y la COB negocian el ajuste salarial, preocupándose solo por una minoría de los trabajadores, “cuando el grueso está con problemas serios de calidad de empleo o lamentablemente desempleados”.
Se llamó al máximo dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, pero no pudo ser ubicado.
Ministerio no contestó
Se envió unas preguntas al Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda responder a las críticas vertidas por los economistas y de la CEPB, pero hasta el cierre de esta edición las consultas no fueron atendidas por la entidad estatal.
Sin embargo, en anteriores ocasiones de forma pública, autoridades como el viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, destacó que, en los 13 años de Gobierno el Salario Mínimo Nacional, se incrementó hasta en un 348%. “Los ricos eran 128 veces más ricos, ahora son 40 veces más (...). No les estamos quitando a los ricos, pero ahora estamos mejorando los ingresos de los más pobres del país”, manifestó la autoridad estatal.
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