Opositores aseguran que el Gobierno favoreció a la empresa. En el MAS no se cierran a investigar a la firma. José María Bakovic (+), expresidente del SNC, denunció sobreprecios en obras hechas por la constructora

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29 de abril de 2018, 4:00 AM
29 de abril de 2018, 4:00 AM

La investigación del caso Lava Jato en Bolivia tendrá dos rumbos: uno delimitado por una comisión mixta conformada, en su mayoría, por legisladores oficialistas que investigarán los acuerdos suscritos entre el expresidente de Brasil Lula da Silva y el ex mandatario nacional Carlos Mesa, que facilitó el ingreso de empresas constructoras en el país. En cambio, el rumbo opositor seguirá las denuncias hechas por el extinto José María Bakovic, ex presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Caminos (SNC), hoy ABC (Administradora Boliviana de Carreteras).
La exautoridad, a través de medios de prensa, denunció que la administración del actual Gobierno concedió ventajas a diferentes firmas brasileñas, en especial a OAS, una de las implicadas en el caso de sobornos más grande de Brasil, denominado Lava Jato.

La operación tiene ramificaciones en Bolivia. El 30 de marzo, EL DEBER reveló pagos realizados por la firma Camargo Correa a favor de una exautoridad y un ex alto funcionario del Servicio Nacional de Caminos, por la adjudicación del tramo Roboré-El Carmen, parte del corredor bioceánico que atraviesa Bolivia. 

 Por los favores, según el Ministerio de Justicia de Brasil, los funcionarios recibieron $us 550.000.
 
Dos investigaciones

El senador opositor Arturo Murillo cuestionó el punto de partida de la  investigación oficialista, que se enfoca en dos empresas: Camargo Correa y Odebrecht.  

Para él, la investigación debe partir de la operación Lava Jato, investigación que expuso actos de corrupción de las grandes constructoras de Brasil. Se estima que esta red criminal movió $us  8.000 millones en toda la región. 

“Lava Jato incluye a Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez, OAS y Petrobras. La más importante para investigar en Bolivia es OAS, pero ellos (la comisión oficialista) no quieren investigar”, denunció el parlamentario Murillo.

En el marco de las pesquisas opositoras, Murillo informó que  este martes se presentará en una audiencia pública a Audalia Zurita, que fue abogada de José María Bakovic, expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC). 

La exautoridad denunció que OAS financió las campañas del ahora encarcelado expresidente de Brasil Lula da Silva y parte de los recursos llegaron a la campaña del presidente Evo Morales.

Zurita, contactada para la nota, detalló que la firma incluso financia a movimientos cívicos para presionar al Estado para la construcción de tramos camineros.

En vida, Bakovic denunció el sobreprecio de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atravesaría el Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure). El costo de la obra fijado por el Gobierno fue de $us 450 millones, cuando el tramo en realidad costaba $us 200 millones.

También denunció un sobreprecio en el tramo Potosí-Tarija que  significó al Estado más de $us 200 millones por 415 kilómetros. La construcción estuvo a cargo de la empresa Queiroz Galvao, que aparentemente obtuvo la obra de manera irregular.

Ambas están en la red desvelada por el caso Lava Jato en Brasil. “El ingeniero denunció que la empresa OAS utilizó el mismo mecanismo (sobornos) y esto le significó varios  juicios”, recordó.

Finalmente, Bakovic murió en 2013 y, según su abogada, hasta su último suspiro fue acosado por el Gobierno debido a sus denuncias. Espera que la investigación le devuelva la dignidad a su cliente.

El senador Óscar Ortiz dijo que las denuncias del exdirector del SNC serán el punto de partida de la investigación. “Vamos a seguir ese camino”, dijo.

“El caso Lava Jato en Bolivia es sinónimo de OAS; y el MAS no quiere que se investigue. Saben que hubo irregularidades y se enfocan en Odebrecht y Camargo Correa, que tuvieron contratos menores”, apuntó.

Investigación oficialista
Adriana Salvatierra, senadora por el MAS y miembro de la comisión que indaga el caso, indicó que delimitar la investigación en el periodo de
Carlos Mesa (2003-2005) no significa que se dejará de lado a otras empresas implicadas en el pago de sobornos a exfuncionarios.
Precisó que la investigación parte de dos casos: Odebrecht en Estados Unidos, en el que figuran tres países, donde no está Bolivia, y Lava Jato, en Brasil. Además de la operación Castillo de Arena, en la que figuran los pagos por el tramo carretero Roboré-El Carmen.

Sostuvo que el expresidente Carlos Mesa suscribió un acuerdo para la inversión de $us 600 millones en infraestructura vial. El documento también establecía la llegada de firmas brasileñas para ejecutar estas obras.

Sobre los comentarios de la oposición, sostuvo que tienen todo el derecho de fiscalizar, pero que su comisión es la única autorizada para investigar.

Lo cierto es que en este caso existen dos caminos diferentes. ¿Cuál será el correcto? Eso solo el tiempo lo dirá.

Para saber

Plazo y presupuesto
Se espera que los primeros resultados se den en un plazo de 180 días. El presupuesto asignado es de Bs 1,3 millones.

Lobby opositor
Según los parlamentarios del MAS, los opositores realizan gestiones con políticos de derecha en Brasil y Perú. En su descargo, los opositores indicaron que gestionan pruebas. Los opositores indicaron que su investigación demorará seis meses. Anticipan muchas sorpresas en su indagación.

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