TSE dice que renuncia de partidos a propaganda no afecta en ‘nada’

Si un partido o una alianza política renuncia al derecho a la propaganda para las elecciones primarias no afecta al presupuesto del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La presidenta de la entidad, María Eugenia Choque, informó que la instancia que dirige no paga por los espacios, ya que son los medios de comunicación estatales quienes elaborarán la propaganda. Además, el ente electoral afirmó que no verificará si un postulante habla o no un idioma originario y aún no debatió la denuncia sobre una encuesta pagada por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El único partido que oficializó la utilización de los espacios de propaganda es el Movimiento Tercer Sistema (MTS), de Félix Patzi, actual gobernador de La Paz. Los candidatos opositores Carlos Mesa, Óscar Ortiz, Víctor Hugo Cárdenas, Virginio Lema y Jaime Paz Zamora negaron ese beneficio, argumentando el ahorro de recursos. El oficialismo no tiene una posición oficial.

“Lo que dice el calendario y el reglamento (el acceso a propaganda) es gratuito. Nosotros no tenemos dentro del presupuesto un monto asignado para esta actividad de propaganda. (Los partidos y alianzas) están renunciando a algo que es gratuito”, remarcó Choque.

La autoridad electoral recalcó que los medios estatales Patria Nueva, Cambio y Bolivia Tv son los encargados de emitir y diseñar la propaganda electoral a favor de las organizaciones políticas. De acuerdo con el calendario electoral, la difusión de la propaganda electoral gratuita se realizará entre el 7 y el 23 de esta gestión. Se sorteó los espacios, a pesar de que varios partidos y alianzas negaron este beneficio.

Al respecto, Ortiz, candidato presidencial de la alianza Bolivia Dice No, ratificó que no utilizarán esos espacios gratuitos argumentando que la propaganda no es necesaria para las primarias.

“Igual se gastará dinero para elaborar esa propaganda. Es algo insulso, ya que no habrá competencia interna. Nosotros ratificamos nuestra posición de que las elecciones primarias serán un gasto innecesario para el Estado”, reclamó Ortiz.

Las elecciones primarias se desarrollarán el 27 de enero de esta gestión. Solo el MAS está a favor de que se realicen estas elecciones, a pesar de que todos los partidos tienen un solo binomio.

El diputado oficialista Julio Huaraya afirmó que el MAS participó del sorteo de espacios para emitir la propaganda, pero acotó que esta decisión debe ser anunciada por el presidente o vicepresidente del partido. “Sabemos que es un espacio gratuito, pero eso todavía no está confirmado oficialmente”, dijo.

Idioma nativo

Choque, en el informe de rendición de cuentas del TSE, afirmó que no le corresponde a esa instancia corroborar que los candidatos hablen un idioma originario, como mandan las normas vigentes sobre requisitos para los candidatos a las elecciones generales de 2019.

“(El tribunal electoral) no es la instancia quien tiene que tomar el examen. Nosotros nos basamos en la certificación de que se hable un idioma indígena. Ellos (el Instituto de Lenguas) certifican y ese es el requisito, nosotros no hacemos una revalidación sobre si saben o no (hablar un idioma nativo)”, detalló Choque.

Sobre el tema, el diputado opositor Rafael Quispe informó que se le negó acceder a los títulos que acreditan que tanto Evo Morales y Álvaro García hablan un idioma nativo, mismo que también es requisito para el ejercicio de la función pública. “Me negaron esa información que debería ser pública. No sabemos si Evo Morales y Álvaro García presentaron ese certificado. Y si lo presentaron ¿por qué no saben hablar aimara?”, cuestionó.

Huaraya calificó la acción de Quispe como un “show político” y le pidió que cumpla conductos regulares para acceder a información. “Él es diputado y sabe muy bien que existen mecanismos, uno de ellos es la petición de informe”, acotó el legislador.

Mientras, Choque oficializó que aún no se revisó la denuncia del diputado opositor José Carlo Gutiérrez, quien pidió al TSE que se retire la personería jurídica al MAS e inhabilitar al binomio oficialista porque el partido de gobierno publicó una encuesta en medios nacionales, algo que está prohibido por ley.