Cabildo pide desconocer y procesar a dirigentes de los choferes en La Paz
Se mantiene la polémica por unos 15 millones de bolivianos producto de aportes. Los transportistas protagonizaron una marcha en la sede de Gobierno
Este miércoles se realizó un masivo cabildo de choferes de base en la ciudad de La Paz. Los transportistas resolvieron desconocer a los dirigentes federados, iniciar un proceso penal y pedir auditoría externa a los recursos que se recaudaron por sus aportes al Fondo Prosalud, que suman 15 millones de bolivianos, esto luego del escándalo por depósitos millonarios a la dirigencia,
En el cabildo se reunieron choferes de La Paz y El Alto, con participación de sindicatos como Eduardo Abaroa, Pedro Domingo Murillo, Virgen de Copacabana, Exaltación, entre otros. El movimiento se activó para pedir rendición de cuentas de los aportes de 20 centavos que pagan los transportistas en el peaje de la Autopista, según publica Erbol.
Si bien el ejecutivo departamental Rubén Sánchez -que está en la lista de quienes recibieron dinero- había ordenado a las bases no asistir al cabildo, los choferes que se presentaron en la reunión llenaron la plaza San Francisco y el carril de bajada de la avenida Mariscal Santa Cruz.
La semana pasada la Fiscalía convocó a declarar, en calidad de testigos, a dirigentes de los choferes por las denuncias de depósitos millonarios a cuentas privadas por parte de Vías Bolivia. La semana pasada la Fiscalía convocó a declarar, en calidad de testigos, a dirigentes de los choferes por las denuncias de depósitos millonarios a cuentas privadas por parte de Vías Bolivia.
El dinero era lo recaudado por el cobro a los vehículos de transporte sindicalizados de un adicional de 20 centavos en el peaje de la Autopista La Paz-El Alto, para el Fondo Prosalud de los choferes, esto en el marco de un acuerdo entre la Federación y Vías Bolivia, vigente desde agosto de 2008.
Este escándalo fue la previa al cabildo de este miécoles en el que los transportistas terminaron golpeando y quemando muñecos representativos de sus dirigentes. Los monigotes llevaban los nombres de Rubén Sánchez, Víctor Tarqui que es ejecutivo de la Federación Andina de El Alto e Ismael Fernández de la Confederación nacional.
Resolución de cinco puntos:
En el primer punto decidieron formalizar una denuncia penal, en calidad de víctimas, ante el Ministerio Público, para que se investigue el destino de los recursos recaudados.
El segundo punto consiste en pedir una auditoría externa de los aportes y remitir ese estudio al Ministerio Público. Solicitaron que también se actué en el marco de la Ley Marcelo Quiroga.
El tercer punto es exigir un seguro de vida y salud para los afiliados a la Federación.
En el cuarto punto se determinó desconocer a los dirigentes de la Federación Departamental 1ro de Mayo y la Federación Andina de El Alto.
Por último, publica Erbol, se pidió “voto universal” para la elección de nueva directiva.
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