La reacción política no se hizo esperar tras la conferencia del presidente Morales anunciando la amnistía para los expresidentes 

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27 de septiembre de 2018, 11:00 AM
27 de septiembre de 2018, 11:00 AM

La decisión del presidente Evo Morales de conceder una amnistía a los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos de Mesa en procesos judiciales que enfrentan porque asumirán funciones en la etapa pos- La Haya desató un debate en el ambiente político porque la oposición considera que el mandatario no puede adjudicarse una atribución judicial y generar un perdón judicial sin sentencia ejecutoriada.

Quiroga tiene un juicio de responsabilidades en fase de apelación ante el Tribunal Supremo de Justicia por firmar tres contratos de exploración para Aquío-Incahuasi. Mientras que la Asamblea investiga a través de una comisión especial el caso Quiborax, que involucra a De Mesa, cuya resolución había sido postergada para el próximo año.

El abogado Carlos Alarcón, que representa a Mesa dentro del caso Quiborax, calificó de "absurda" la decisión de Evo, debido a que el expresidente aún no recibió condena y es un juicio de responsabilidades que aún no comenzó en el Legislativo.

El diputado del MAS, David Ramos, explicó que la amnistía se concede a los procesados en materia penal en cualquier etapa del proceso, por lo que hizo el presidente Morales es absolutamente legal y legítimo.

En todo caso queda claro que se debe redactar un decreto de amnistía que tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

El diputado Rafael Quispe dijo que es facultad del presidente dar indulto y amnistía. Resaltó que la reglamentación de emitió a través de un decreto supremo y señala que los beneficiarios son los que tengan sentencia ejecutoriada. Tuto y Mesa no la tienen, aunque admitió que el caso de Quiroga está en tratamiento.

Sin embargo, resaltó que el derecho internacional define a la amnistía como perdón sobre procesos políticos. "Con esto, Morales admite que esos procesos eran políticos. A admisión de culpa, relevo de pruebas".

La diputada oficialista Betty Yañíquez señaló por su parte que el presidente Morales tiene todo el respaldo legal y pidió que el país y la oposición se concentren en la demanda marítima.