7º DÍA

Terminar la terapia intensiva de la justicia pasa por más presupuesto y ética profesional


Hay coincidencia en que la justicia boliviana atraviesa un momento difícil. Autoridades ven que esta situación se puede mejorar con mayor cantidad de juzgados y más ética en los abogados


La justicia es un tema que interesa a todos los bolivianos, quienes esperan que cada día mejore
Escuchar el artículo   Publicidad Pausar Lectura

13/01/2019

La reforma judicial no logra aterrizar. Cada vez que se cierra una gestión, la justicia boliviana no recibe halagos; al contrario, es criticada. Hoy se trabaja en propuestas para mejorar el sistema judicial y, entre ellas, se exige triplicar la cantidad de juzgados, lo que significa más presupuesto económico e infraestructura. Pero, además, el talento humano está en juego: muchos abogados carecen de ética y moral, lo que hace que el ciudadano común no confíe en una justicia cada vez más pisoteada.

José Antonio Revilla es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La autoridad judicial indica que la crisis por la que atraviesa la justicia no es solo un problema que compete al Órgano Judicial, sino que también a otras entidades. El principal problema, dice, pasa por triplicar la cantidad de juzgados, lo que implica aumentar el presupuesto para esta causa.

En esa línea sugiere implementar un nuevo sistema de resolución, ya que revela que el 6,5% de la población boliviana está implicada en un proceso legal, algo que se puede resolver, por ejemplo, con la conciliación. “Siempre se necesitará más presupuesto. Idealmente se habló que el Tesoro General de la Nación (TGN) asigne un porcentaje fijo al Órgano Judicial, se hablaba del 5%. Necesitamos triplicar el número de los juzgados para que los procesos sean razonablemente llevados a cabo dentro los plazos correspondientes. Esa triplicación es imposible que el TGN la pueda dar. Falta infraestructura, eso es cierto, solamente mire las casas de justicia en provincias”, remarca Revilla. Otro aspecto que el presidente del TSJ ve como un problema es la falta de ética en algunos abogados y jueces, lo que perjudica la labor judicial y provoca las crí- ticas de la sociedad.



Dice que ese inconveniente se debe resolver de raíz a partir de la universidad. El ministro de Justicia, Héctor Arce, identifica tres males que perjudican la reforma judicial: el desarrollo normativo con la implementación de los llamados ‘códigos morales’, el talento humano como elemento central para operar la maquinaria judicial. En el primer eje se enfoca el marco normativo.

“Es imposible concebir una sociedad sin leyes, como es igualmente imposible concebir una sociedad en la que no exista el conflicto”, dice Arce, quien detalla que más que abundancia de normas jurídicas las sociedades requieren de leyes inteligentes, es decir, leyes dúctiles que se adapten a las cambiantes situaciones del mundo acelerado y que permitan la aplicación de la sana crítica del juzgador.

En ese marco se ejecutó un paquete de normas como el nuevo Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil, el Código Niña, Niño, Adolescente; el Código de las Familias y el Proceso Familiar y la Ley del Notariado. Arce señala que en la segunda generación normativa están el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Laboral y de Proceso Laboral, el Código Procesal Administrativo, la Ley de Ejecución Penal y el Código del Sistema Penal, que fue abrogado.

Un tema central en la crisis judicial es el talento humano, que es el comportamiento profesional del abogado, litigante y jueces. “Los operadores del sistema de justicia son el alma de la maquinaria judicial y son quienes en último término encarnan o no el deber supremo de impartir justicia. Este pilar implica construir una justicia participativa, consciente y comprometida, donde la sociedad asuma el rol de vigía y guardián de la función judicial”, destaca Arce.



Por último, la escasa tecnología, infraestructura y modelo de gestión es parte de la turbulencia por la que atraviesa la justicia. “Estos tres pilares planteados responden a un análisis realista de la crisis estructural que atraviesa el actual sistema judicial boliviano”, destaca Arce. La visión crítica la tiene el presidente de Colegio de Abogados de Chuquisaca, Arturo Yáñez.

El jurista cuestiona la actual administración por la que atraviesa la justicia, pero tiene fe en que se pueda mejorar. Pone como un simple ejemplo lo sucedido en la inauguración del año judicial de esta gestión, cuando Revilla cuestionó la labor de la prensa al tildarla de “tergiversadora”, “no objetiva” y “manipuladora de la información”.

“Lo que ha ocurrido pone en evidencia el estado del sistema de justicia de nuestro país. Tenemos un presidente (del TSJ), con todo respeto, absolutamente desubicado de su función y rol personal y hasta institucional”, criticó. Revilla cerró ese tema y prefirió no referirse al respecto, pero se enfoca en los retos que debe cumplir para lavar la imagen de la justicia. “Se debe hacer una reestructuración para lograr la transformación de la justicia, tarea encomendada en una coyuntura distinta. Son tareas técnicas de las que nos encargaremos todos los magistrados de Sala Plena”, destaca la autoridad. Esta terapia intensiva por la que atraviesa la justicia es casi eterna. El abogado Iván Lima considera que la crisis del sistema se arrastra desde la fundación de la República.

El jurista hace un repaso de episodios dramáticos por los que la justicia boliviana pasó. Cuenta que el presidente Manuel Isidoro Belzu, en 1848, cesó a la Corte Suprema de Justicia argumentando la falta de recursos. También detalla que inmediatamente luego de asumir el cargo, el presidente Mariano Melgarejo emitió el decreto del 20 de julio de 1866, el cual destruyó la estructura de los juzgados colegiados. “Las cortes de la dictadura fueron una vergüenza para la administración de justicia: su abuso, servilismo y prepotencia fueron extremos.

El presidente Padilla, por Decreto Ley 16041 del 28 de diciembre de 1978, renueva la totalidad de los 181 magistrados, jueces y vocales. Luego García Mesa, por Decreto Ley 17612 del 17 de septiembre de 1980, cambia totalmente a los 190 jueces y magistrados”, señala Lima. La justicia cobra poca confianza. Es rechazada y vive con constantes promesas de reformas. El reto ahora es mayor y pasa por más presupuesto y ética en la abogacía.