Creen que la falta de acuerdo político para el pacto fiscal también aumenta la deuda que tiene el Gobierno central con Santa Cruz. El Ejecutivo asegura que en el departamento hay grandes proyectos

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12 de noviembre de 2017, 4:00 AM
12 de noviembre de 2017, 4:00 AM

Ante la falta de un conteo poblacional actualizado, la dirigencia regional advierte que el departamento sufre pérdidas económicas millonarias. No hay montos cerrados, pero parten de algunos cálculos referenciales que muestran la brecha que se puede  acortar si se logra un acuerdo político para la redistribución de recursos a través del pacto fiscal o de la actualización poblacional, ya que para la distribución actual se toma como base el último Censo de Población y Vivienda de 2012. 

“Si Santa Cruz cuenta con  300.000 personas más en 2016, está perdiendo Bs 193,2 millones por año, un déficit que afecta, principalmente, a los municipios y a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno”, resalta el asesor general de la Gobernación cruceña, José Luis Parada.
De acuerdo con Parada, esta cifra es producto del cálculo de la coparticipación de 2012, que significan Bs 25.839 millones, a lo que se le resta el 75% (Bs 19.379 millones), que corresponde al Gobierno central. El otro 25% (Bs 6.460 millones) está destinado a  los municipios y a las universidades públicas, monto que  se divide entre los 10.027.254 habitantes de Bolivia, lo que representa un ingreso per cápita de Bs 644 por persona.

Parada coincide con otros líderes regionales en que la falta de información intercensal, que se debía aplicar cada tres o cinco años, perjudica a Santa Cruz en lo que respecta a la reasignación de recursos de coparticipación tributaria, ya que se paga sobre datos de población del Censo de 2012 y no considera el aumento que se tiene todos los años. En ese tiempo hubo personas que demandan servicios de agua, electricidad, caminos o en las ciudades asfalto. Las gobernaciones no reciben de estos fondos; sin embargo, igual tienen demandas en el área rural.

Los más perjudicados son los municipios que reciben el  20%  y las universidades el 5%, de los ingresos de la recaudación de impuestos, que se incrementan todos los años desde 2006 y no tuvieron la caída que se generó en hidrocarburos con regalías del IDH.

Los montos establecidos por la dirigencia no son compartidos por el viceministro de Autonomías, Hugo Siles. En su criterio, la actualización de datos de poblaciones solo alude a entidades públicas que tienen fuentes derivadas del factor poblacional, pero no todo los departamentos que tienen grandes proyectos,  según resalta, disponen de la mayor inversión pública de la historia del país. 

“Hay que precisar mejor los términos, y está demostrado por las cifras que la inversión pública de Santa Cruz es la más grande en la historia, aventaja a los demás departamentos”, puntualizó.

Siles  estima que antes de 2025 esta región contará con un nuevo aeropuerto, está funcionando la siderúrgica de Mutún, estará en proceso la ejecución del proyecto Rositas, y las carreteras de vinculación del departamento. “Todo se hará en el Gobierno del presidente Evo Morales, por eso hay que ver las cosas en su real dimensión”, señaló Siles.

Pacto fiscal
El economista Teófilo Caballero, que también fungió como primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, calcula que las pérdidas departamentales por falta de pacto fiscal en el periodo comprendido entre 2012 y 2016 es de aproximadamente Bs 14.050 millones. Esto ha ido en ascenso, porque en 2012 las pérdidas fueron de Bs 2.097 millones cuyos números fueron creciendo, y en 2016 se calcula que fue de Bs 3.055 millones. “El Gobierno sigue postergando el reajuste, mientras que el departamento de Santa Cruz sigue perdiendo plata”, expresó.

El economista explicó que el cálculo se hizo sobre los montos de impuestos nacionales que son recaudados por el Gobierno. 
Con estas mismas operaciones ha podido determinar que en los nueve departamentos se ha dejado de percibir Bs 49.420 millones, en este periodo de cinco años. 

Recordó que la lucha por un pacto fiscal no es de ahora, porque una comisión interinstitucional, a la cabeza del Comité pro Santa Cruz, integrada por 13 profesionales, trabajó en una propuesta que fue entregada al Gobierno en julio de 2013. 

Esta comisión planteó que la distribución de la coparticipación tributaria en el país, que en este momento es del 75% al Gobierno central, un 20% a los municipios y el 5% para las universidades; se redistribuya en un 50% para el  Gobierno, el 25% a los municipios, un 18% para  las gobernaciones y el 7% a las universidades.

El exdirigente cívico mencionó que la institucionalidad cruceña llevó adelante una lucha para exigir la compensación ante la improvisación que notaron en la realización del Censo de Población y Vivienda de 2012.

Caballero, que fue miembro del comité impulsor departamental en representación de la universidad cruceña, señaló que faltó un mapa cartográfico actualizado, lo que hizo que muchos censadores se desplazaran sin las suficientes boletas censales, ocasionando que muchas viviendas queden sin ser empadronadas. Asegura que esa improvisación provocó que se dieran cifras distintas a la realidad departamental. 
“Se estima que el departamento perdió cerca de 400.000 habitantes y, por esa razón, el Comité Cívico, en esa oportunidad a la cabeza de Fernando Castedo, asumió una lucha para enmendar esos errores, y fue ahí cuando se consiguió el compromiso del conteo poblacional”, explicó Caballero.

El dirigente hacía alusión a una resolución de la Asamblea de la Cruceñidad, del 9 de agosto de 2013, que resolvió exigir una auditoría integral al censo para corregir los errores y distorsiones que contiene, donde se exigía de manera inmediata un conteo poblacional y una institucionalización del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). “La ausencia de este conteo poblacional es un engaño a los nueve departamentos de Bolivia, fundamentalmente los 339 alcaldes del país y a las 11 universidades públicas”, apuntó Caballero.

Un compromiso dormido
El expresidente del Comité pro Santa Cruz Fernando Castedo también recordó el viejo compromiso que surgió en medio de las luchas que encaró la región persiguiendo más escaños y recursos, de acuerdo con el crecimiento poblacional.

La palabra empeñada está en una carta, con fecha de 17 de septiembre de 2013, que escribe la entonces ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, a Castedo, en su calidad de presidente cívico de ese momento.

En la misma señala: “Es importante establecer que los resultados oficiales del Censo de Población de Vivienda 2012, publicados el 31 de julio, cumplen con los requerimientos técnicos y procedimentales para constituirse en un instrumento estadístico válido para su uso en el país, tal como lo señala el Celade en su primera visita de agosto. En consideración a los cambios demográficos por los que está pasando el país, se ha establecido que hacia delante el INE realizará un conteo poblacional cada tres años, durante los periodos intercensales, que permita actualizar la información y las proyecciones demográficas con mayor exactitud. El primer conteo poblacional se realizará el 2015”.

Castedo lamentó que los líderes regionales no estén ejecutando el cumplimiento del mismo. “Ese fue el compromiso, pero después no se hizo seguimiento. Quedó durmiendo el sueño de los justos”, lamenta, porque, para él, no solo se pierden recursos de la coparticipación tributaria, sino también hasta la cantidad de diputados que corresponden al departamento.

El ex presidente cívico espera que tanto el actual dirigente del Comité pro Santa Cruz, las nuevas autoridades del INE y las del Ministerio de Planificación puedan levantar estos compromisos. “Es una bandera a la que no se puede renunciar en este momento porque Santa Cruz es el departamento con mayor población. De la media poblacional se desprenden muchos factores, por es necesario ver qué paso con los resultados del Censo de 2012, por qué no se hizo el conteo poblacional, si había un convenio, y por qué no se hace el ajuste intercensal”, cuestionó el ex dirigente cívico.

Hasta el cierre de esta edición no se logró una respuesta del Ministerio de Planificación para ver si se gestiona algún proyecto sobre este tema.
Sobre este asunto, el actual presidente cívico, Fernando Cuéllar, señala que esta es una lucha constante, incluso han pedido reuniones con  el representante del INE, pero no han sido escuchados.

Según Cuéllar, desde 2012 hasta la fecha Santa Cruz ha dejado de percibir alrededor de $us 2.000 millones por no lograr un acuerdo en la redistribución del pacto fiscal. “Al Gobierno no le interesa agilizar nada porque tiene una deuda arrastrada por el tema de ajustes intercensales”, apuntó.   

El dirigente cívico resalta que de 2012 a 2016 la población aumentó y esos recursos que corresponden  a cada ciudadano tienen que venir también a la región para atenderlos con los servicios que demandan. “El índice poblacional crece y hay más obligaciones con los ciudadanos, para eso se necesitan recursos”, enfatizó.

El presidente del Comité pro Santa Cruz remarcó que se ha evitado perjudicar las acciones que está llevando adelante la Gobernación en el tema de pacto fiscal, porque aguardan los resultados del trabajo que lleva adelante la Comisión Técnica de Pacto Fiscal, que está a la cabeza del viceministro de Autonomías, Hugo Siles.  Luego se verá  lo que pasa, para asumir las acciones que correspondan.

Diálogo

Por su lado, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, resaltó que los resultados del censo de 2012 son oficiales, son los que se computan y que desde hace un año se está trabajando en un diálogo, debate y concertación del pacto fiscal. Se establecieron cinco etapas y ahora está en la quinta que es el análisis de las fuentes de los recursos públicos donde se analizan las diferentes propuestas.    

El viceministro apuntó que las  expectativas de algunas gobernaciones, entre ellas la de Santa Cruz, son que se genere una redistribución de los recursos de coparticipación tributaria y establecen porcentajes, pero no dicen de dónde se deben sacar esos recursos, porque aclara que del 75% que se destina al Gobierno nacional está dirigido a cubrir los gastos en educación, salud, pensiones, Fuerzas Armadas y la Policía: para la administración central solo se destina el  3% de los recursos.

“Es fácil identificar una propuesta en la que se diga queremos nueva redistribución de recursos de coparticipación, pero lo difícil es que nos digan de dónde se obtendrán los recursos”, dijo. 

La autoridad gubernamental cree que se han conseguido avances importantes en este proceso del tratamiento del pacto fiscal y es optimista en que puedan llegar a resultados positivos.