Representante fue acusado de delitos financieros
José Antonio Hernández Griego fue denunciado por manipulación informática, alteración y uso indebido de datos informáticos. No respondió las consultas
La salida del representante de Espora en Bolivia fue difícil. El empresario mexicano José Antonio Hernández Griego fue acusado de los delitos de manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos y delitos financieros.
Esa actitud molestó al Gobierno y por eso la relación entre la empresa mexicana y el Ejecutivo quedó congelada, a pesar de que existen deudas pendientes. Espora, empresa mexicana que realizó un trabajo digital para el Gobierno, alquilaba un piso de una casa ubicada en la avenida Arce de la ciudad de La Paz. En el departamento de arriba operaba Neurona, la otra empresa mexicana que trabajó estrategias digitales para el Gobierno. Hernández Griego llegó a la sede de Gobierno en el segundo semestre de 2017. Hizo dos estudios para el Ejecutivo referentes a las cuentas de redes sociales del presidente Evo Morales y publicidad digital del Gobierno.
La detención
El mexicano fue detenido el 27 de julio de 2018. Un ciudadano, dueño del inmueble donde trabaja Espora, lo denunció porque utilizó diversas metodologías digitales para sustraer dinero de las cuentas bancarias del denuncian te a través de cajeros automáticos.
“El denunciante realizó reclamo a la entidad financiera, le emiten extractos e imágenes de la persona que realizó el retiro de su cuenta bancaria y al ver las imágenes de la persona reconoció plenamente al señor José Antonio Hernández Griego, de nacionalidad mexicano, quien anteriormente era inquilino del denunciante”, cita el informe de investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz al que accedió EL DEBER. Este medio se contactó con Hernández Griego.
Saludó al periodista cordialmente y pidió un cuestionario para responderlo. Fueron enviadas las preguntas y se comprometió en responderlas. En otro contacto dijo que iba a consultar con su abogado. Luego, descartó las respuestas y no atendió más los mensajes transmitidos a través de WhatsApp. El Ministerio de Comunicación pagó Bs 549.840 a Espora por dos adjudicaciones directas.
La primera para elaborar una estrategia digital “para una mejor comunicación y publicidad”. La segunda para un “aná- lisis de las redes sociales más utilizadas e influenciadoras”. El investigador del caso explica que se decidió otorgar medidas sustitutivas contra el ciudadano mexicano y desconocía que era parte de una empresa de comunicación.
