7º DÍA

¿Penaliza la protesta? hay más polémica sobre el Código Penal


Las diversas corrientes de la oposición creen que se utilizará para castigar a quienes se oponen a la reelección de Evo Morales. En el oficialismo lo desmienten y dicen que la norma ya estaba en vigencia

Las movilizaciones sociales crecieron en esta última semana del año. Hay protestas por el nuevo Código del Sistema Penal.
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01/01/2018

La polémica se desató luego de la promulgación de la norma. En el Código del Sistema Penal se observaron varios artículos aprobados, pero uno -el 294- generó controversia por el derecho a la protesta. Sectores sociales creen que ese párrafo penalizará las manifestaciones en contra del Gobierno, aunque los abogados expertos observan que esa parte se puede interpretar de varias formas. Mientras, en el Movimiento Al Socialismo (MAS) culpan a la oposición por confundir a las organizaciones y a la población.     

El artículo 294 del nuevo Código del Sistema Penal titula Atribuirse los Derechos del Pueblo y establece: “Las personas que formen parte de una fuerza armada o grupos de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre serán sancionadas con prisión de dos a cuatro años y, cuando corresponda, inhabilitación (para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo)”. 

Ese párrafo, junto a otros, causó molestia luego de su aprobación. Ya en pleno tratamiento del  código, la oposición lanzó advertencias y fue la diputada Eliane Capobianco, de filas de Unidad Demócrata (UD), quien alertó la posibilidad de penalizar las protestas o manifestaciones. 
“El Gobierno, respaldado en esta norma, perseguirá a la oposición y a los ciudadanos que opinan diferente al MAS. El decir un grupo de personas que se atribuyan derechos del pueblo ya puede implicar una sanción y en este caso es cárcel”, detalla Capobianco.  

La defensa del MAS
En el oficialismo esa percepción cobró decepción. El presidente del Senado, José Gonzales, explica que el artículo 294 se refiere solamente a movimientos armados o subversivos que dañen la integridad del Estado. Promete que en ningún caso se puede aplicar este párrafo contra las movilizaciones. Incluso puso como ejemplos las protestas de los médicos o de colectivos ciudadanos. 

“Lo que pasa es  que la oposición ha tratado de hacer ver que el hecho de atribuirse y alzarse en armas sería una violación del derecho a la libertad de expresión, para nada. Es absolutamente claro, las movilizaciones sociales están absolutamente garantizadas”, remarca Gonzales. 
Y en esa línea está la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, quien tildó de “mentirosa” a la oposición por intentar confundir a la población. La legisladora sostiene que el artículo 294 del nuevo código penal no se modificó y que se copió tal cual de la vieja normativa, que esta parte fue el artículo 124. 

“Que demuestren que con este tipo penal se penalizó las movilizaciones o las demostraciones de cualquier persona en nuestro país en relación con una posición política. La señora Capobianco es una mentirosa porque lo que ella ha dicho es que se está penalizando las movilizaciones de la población, cuando hace muchos años existe este tipo penal”, reprocha Montaño. 

Desde la visión de la abogacía,  el artículo 294 despliega varias interpretaciones. El abogado Williams Bascopé señala que “el solo hecho” de decir que un grupo de personas se atribuya derechos del pueblo puede llevar a distintos análisis. “Es que las normas se están haciendo bajo consignas políticas. La Asamblea Legislativa, que es el Órgano llamado a redactar las leyes, solo recibe los proyectos del Ejecutivo y en el plenario solo lo aprueban. No hay debate. En este artículo se pueden dar varias interpretaciones, una de ellas penalizar la protesta por el solo hecho de incluir ‘un grupo de personas’”, dice Bascopé. 

Pero la observación va más allá de la oposición. La Central Obrera Boliviana (COB) se sumó a los reclamos por la aprobación de este artículo. Elmo Pérez, secretario general del ente obrero, indica que están en contra del texto porque se estaría atentando contra sus “principios y derechos” establecidos en la Constitución Política del Estado. “No se pueden vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores, ahí en la Carta Magna están garantizadas las movilizaciones y las protestas. Criticamos cualquier intento de incorporar  la penalización a las manifestaciones de la población”, dijo.

El dirigente anuncia que solicitarán una reunión con el Gobierno para intentar cambiar el texto. El ejecutivo de la COB, Guido Mitma, califica como “nefasto” el artículo y considera que el párrafo será “motivo para perseguir a quienes no comulgan con la política del Gobierno, a quienes están en contra de que Evo Morales siga en el poder a pesar de la prohibición constitucional”. 

Plataformas ciudadanas

Coincide con la COB la postura de los movimientos ciudadanos. Beto Astorga, representante de la plataforma Otra Izquierda es Posible en La Paz, cree que el Gobierno intenta frenar a las plataformas y a los colectivos ciudadanos para que no se manifiesten en las calles en contra de la reelección presidencial.

“Ellos lo tienen todo preparado, al parecer. Quieren evitar protestas contra la reelección, quieren evitar movilizaciones que estén en contra de sus intenciones. Y lo peor, quieren prohibir que el pueblo salga a las calles a manifestarse. Eso está en contra de la Constitución, pero ya sabemos cómo pisan la Carta Magna y el voto popular”, dice Astorga. 

El abogado Julio Rodríguez considera que el artículo 294 del Código Penal puede tomarse a varias interpretaciones, pero señala que la esencia está en el delito de subversiones armadas. “Es cierto que este artículo se mantiene, se lo copio tal como está en el viejo código, pero el debate está en las interpretaciones. Se lo podía mejorar para evitar cuestionamientos, pero no se lo hizo. Era la oportunidad para mejorarlo, pero no veo complicaciones”, subraya. 

Un nuevo código objetado

Hay seis artículos que tienen rechazo de diversos sectores sociales. La COB y los médicos encabezan las protestas. El MAS niega vulneraciones a los derechos humanos y garantiza la aplicación de la Constitución. 

Son seis artículos del nuevo Código de Sistema Penal observados por diferentes sectores. Los párrafos en cuestión son 37, 157, 205, 209, 293, 294 y hay peticiones para que sean modificados, a pesar de que Álvaro García, en su condición de presidente interino del Estado, promulgó la norma el 14 de diciembre en medio de los reclamos. 

El sector más opuesto es el de los médicos. Los profesionales de salud quieren eliminar el artículo 205, que castiga la mala práctica profesional. El Gobierno, a través del ministerio de Salud negó esa petición y pidió aportes para trabajar en la reglamentación. 

“Este artículo castiga a cualquier profesional que haga su trabajo. Hay casos donde se vio falta de herramientas de trabajo y las condiciones son mínimas, pero aun así se castigará con cárcel, eso queremos evitar y por eso es la movilización”, destaca el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz. 

Este artículo sobre la mala praxis profesional es rechazado no solo por los médicos, sino también se sumaron universidades y la Central Obrera Boliviana (COB). En tanto, el artículo 137 sobre homicidio culposo con medio de transporte fue rechazado por las federaciones de transportistas del país. 

Los choferes se reunieron el jueves con el presidente del Senado, José Gonzales, quien les explicó que este párrafo no castiga a los transportistas y que,  más bien, dijo, los cubre de cualquier acto en accidentes. 

Los artículos 293 (sedición) y 294 (atribuirse los derechos del pueblo) fueron rechazados por los comités cívicos, legisladores de la oposición y colectivos ciudadanos. El Gobierno ya promulgó la normativa. 



 




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