7º DÍA

Ni dinero, ni empatía ni protección para la mujer que busca justicia


Faltan recursos económicos y humanos. Hay 150 policías, 12 forenses y 13 fiscales para atender la violencia contra la mujer en una ciudad de 2.000.000 de habitantes  

El puño enemigo puede estar en casa. Las víctimas viven un drama del que les cuesta salir
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17/06/2018

Claudia Rodríguez tiene 21 años y su último recurso fue cobijarse con su bebé de tres días de nacida en una casa de refugio temporal que se creó a partir de la Ley 348 para garantizar una vida libre de violencia. No sabe leer ni escribir, tampoco tenía carné de identidad, se ganaba la vida vendiendo charque. No tiene noticias de su hija mayor, que el padre le arrebató. Cinco años estuvo buscando ayuda.

En una comisaría de la avenida Virgen de Luján  le dijeron que si no estaba golpeada no tenía un caso y en Warnes un policía le propuso tener relaciones sexuales para subirse a la patrulla y salir a buscar a su niña. Sus padres viven en Beni y Claudia no les ha contado por todo lo que ha pasado porque están enfermos y no quiere darles una preocupación más para alimentar el sufrimiento.

Karina Llantop (34) es de Cochabamba, es profesora de inglés y ha trabajado en empresas como American Airlines y la minera San Cristóbal en La Paz.

Una de las tantas peleas con su pareja la dejó con diez puntos en su frente que fueron necesarios para cerrar un enorme y profundo tajo sangrante en el lado izquierdo de la sien. Ella no denunció a nadie, pero la Policía de Warnes (donde vive) llegó hasta su domicilio para llevársela detenida por escándalo. Un video de Karina subido a las redes sociales, llorando y con su enorme abertura en la frente, viralizó su historia, que desnudó el mundo al revés, que a veces se activa cuando una mujer es víctima de violencia doméstica. 

Cuando fue liberada y tomó coraje, peregrinó a denunciar a su agresor a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) de Montero, de donde la derivaron a la Policía de Warnes, justo a donde no quería ir, pues el sentido común le decía que no era buena idea ir al mismo lugar donde la retuvieron en calidad de detenida siendo víctima. Cuando ya consiguió registrar la denuncia,  fue con sus propios medios a buscar al forense más cercano, que está en Montero.

Cuando llegó la hora de la cautelar contra su pareja la profesora de inglés, nuevamente, con sus propios medios, se tuvo que trasladar a Okinawa, donde fue fijada la cita y ante un cuadernillo de la Fiscalía casi vacío se sintió impotente –¿o tal vez culpable?– y se preguntó más de una vez si debía abandonar todo para no manchar la carrera militar de su pareja. 

Carmen Ponce (42) ha denunciado a su esposo, coronel de la Policía, en cinco oportunidades, las primeras cuatro no progresaron, algunas porque ella misma decidió darle otra oportunidad a su pareja y otras porque, en sus propias palabras, las investigaciones no avanzaron. Carmen es abogada, fue fiscal asistente de Sustancias Controladas y luego fue ascendida a fiscal de materia.

En teoría, es una mujer que conoce sus derechos y que entiende cómo funciona el mundo litigante, pero eso no ha sido suficiente para derribar lo que ella llama un muro de complicidad. “Me hablan para reflexionarme y para que me ponga a pensar que con mis denuncias puedo perjudicar la carrera de él; a ratos me hacen sentir que él es la víctima, les preocupa más la situación de mi marido que la mía”. Carmen se siente impotente.

Una realidad que golpea           
De alguna manera, en la central de la Felcv (tercer anillo, av. Santos Dumont) hay un personal más sensibilizado y atento al relato de las denunciantes. “Costó, pero se logró”, dicen las activistas, pero no alcanza. Son 150 policías para todas las unidades desconentradas de la Felcv del departamento. “Nos falta personal y condiciones para dar el trato que dice la ley, con calidad y calidez”, reconoce el director, Francisco Vidaurre. “El ambiente más pobre es el de la EPI-7 (Pampa de la Isla), que es un poco más grande que mi oficina, que es a la vez el dormitorio de los policías.

La víctima ahí mismo tiene que relatar lo que le pasó al investigador, a unos metros de su agresor, lo cual no debería ser; el agresor tendría que estar en otro lado para que la víctima no se sienta intimidada o avergonzada, sin mencionar que también están otros denunciantes de violación, agresión, etc. Con todas estas condiciones, nadie se va a soltar (animarse a contar)”, relata solo por dar un ejemplo.

Otra cara de la moneda se ve en la Felcv central, que está en el segundo piso de las oficinas de Tránsito, donde hay un par de ambientes remozados, letreros hechos en computadora que recuerdan a los uniformados que hay que dar buen trato a las personas. Se nota que han sido capacitados para ser pacientes y tomar nota de cuanto dice la víctima. 

“Vos querés seguir teniéndolo bajo tu pollera nomás, no te importa que te ha pegado y que lo va a seguir haciendo”, le dice una mujer en voz alta a otra que se ve más  tímida y que da la impresión de que la han llevado a sentar la denuncia a rastras, porque tiene más ganas de irse que de declarar ante el policía. Este, a su vez, se ve paciente, espera que la víctima se recomponga, que gane confianza y empiece a hablar.

Unos metros más allá, la sargento Lilian Flores tiene una pequeñísima oficina en la que caben apenas su escritorio, la computadora, su asiento y el de la víctima. Las paredes están limpias y Lilian cuenta que los fines de semana y las noches en que hay conciertos musicales es cuando ha notado que aparecen más denuncias de violencia familiar.

También tiene otra hipótesis, “pareciera que la infidelidad activa la denuncia”; explica que muchas mujeres en su relato revelan que el maltrato (físico, sicológico, económico, etc.) no es nuevo, pero que la gota que derrama el vaso de agua es haberlo pillado con otra. Dice que le ha tocado atender hasta 20 denuncias por día. Lilian está en la central, que toma  los casos dentro del cuarto anillo, en las otras Felcv más alejadas, se suman otras estadísticas.

Según Vidaurre, entre enero, febrero y marzo de este año la institución que dirige recibió 2.701 denuncias de violencia doméstica; dato que no condice con la estadística de la Fiscalía Especializada de Víctimas en Atención Prioritaria (Fevap), que publicó en su página web 1.483.

Este es un viejo problema, faltan estadísticas, cada institución maneja las suyas y, mientras eso siga pasando, el rompecabezas de la violencia contra la mujer no se va a poder ver en toda su complejidad. Otro aspecto importante es que se sabe cuántas denuncias ingresan, pero no se informa de cuántas se abandonan en el camino, un camino que puede ser largo y desgastante para la víctima. EL DEBER intentó conseguir el dato, pero el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, explicó que eso implicaría hacer una entrevista de campo con los fiscales y analizar caso por caso. 

En la ciudad de Santa Cruz hay  seis fiscales en la Fevap y en los módulos policiales, siete. Mientras que en las provincias a los fiscales de materia se les ha sumado atender los temas de violencia contra la mujer. A todas luces faltan fiscales y Larrea responde que eso es lo que hay y esa es la realidad, y que “aun así tratan de dar un buen servicio a la víctima para evitar que abandone el caso”.  

Larrea aclara que los fiscales trabajan 24 horas y si no están físicamente en la oficina donde la víctima sienta denuncia es porque están en un operativo, allanamiento o audiencia, pues no se trata de trabajadores de escritorio.

Giovanna Castro, coordinadora de los fiscales de Víctimas Especiales, reconoce una ruta crítica que tiene que seguir la víctima. “Es muy tediosa, muy pesada, porque no estamos concentrados en un solo edificio, eso es cuestión de infraestructura”.  Asegura que tienen toda la voluntad de cubrir los casos que llegan, pero también se da que la víctima presenta su denuncia y no vuelve o entrega su desistimiento. “Si no va a acompañar al Ministerio Público para hacer las valoraciones y la pericia que se necesita, será difícil probar el delito en el juicio, porque nosotros continuamos con el proceso de oficio, aunque ella lo abandone”, explica y confiesa que humanamente a veces se sienten sobrepasados. 

El circuito que desgasta           
Queda mucho por hacer, reconoce Mónica Novillo, directora de la Coordinadora de la Mujer. Para ella, es lamentable que policías e investigadores en los que ya se invirtió tiempo en sensibilizarlos con la problemática sean cambiados de repartición dada la alta rotación del personal y se tenga que comenzar de cero con los que vienen. 

La abogada Jéssica Echeverría, que ha atendido bullados casos de violencia doméstica, coincide con Novillo y agrega que eso es solo el inicio de una especie de círculo que desgasta a las víctimas de violencia intrafamiliar. “Me agreden y ¿dónde dice mi cabeza que tengo que acudir? A la Policía, cuando voy, lo primero que me preguntan es: ¿por dónde vive? Si les digo por la Pampa de la Isla, me piden que  vaya a la Felcv de la Pampa. Una vez que llego allá me puedo encontrar con que no está la fiscal y no hay quien me dé orden para mi forense. Por si fuera poco, resulta que los forenses tienen su oficina en Equipetrol y tengo que cruzar la ciudad para llegar hasta allá y me topo con que tienen horarios de atención (de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00)”, describe gráficamente Echeverría, quien agrega que una víctima puede encontrarse con más obstáculos, como que el investigador le pida que  vuelva en un par de días porque mañana es su día de descanso y no estará de servicio. 

Leslie Cedeño, abogada de la Casa de la Mujer, con 19 años de trabajo en la institución, reconoce que como Santa Cruz ha crecido tanto, el mundo litigante también ha crecido porque los delitos son más. “Antes, quienes trataban la violencia eran la Felcv (en la Santos Dumont) y la Fevap (en la prolongación Campero). Esta Fevap tenía policías, sicólogo, forense y fiscal, todo concentrado en un solo edificio”, describe Cedeño, en el entendido de que al estar en un mismo espacio todos los actores principales que intervienen en una denuncia se evitaba que la mujer peregrine por distintas reparticiones. 

Aunque Cedeño reconoce que para las mujeres del Plan o de la Villa, por poner un ejemplo, les era bien complicado llegar hasta estas oficinas relativamente céntricas, porque muchas no tienen ni para su micro, por lo que  la Felcv se fue desconcentrando y yendo a sentar presencia en las EPI, con la lógica de que así están más cerca de las víctimas. Y aquí Cedeño lanza otra crítica: “Son seis EPI para 15 distritos, no alcanzan”.
Viéndolo desde fuera se ha creado un círculo por el que las denunciantes tienen que transitar, que no siempre es eficiente y que hasta que recorren todas las oficinas necesarias gastaron dinero en transporte, se cansaron de esperar, se abuenaron con su agresor o este tuvo el tiempo suficiente para intimidarlas y hacerlas desistir de su determinación de denunciar.

Hay un informe sobre la debida diligencia en la atención a mujeres en situación de violencia de la Alianza Libre sin Violencia, una articulación de más de 80 organizaciones de todo el país, que dice que en el 26% de los casos se trató de persuadir a las mujeres de no denunciar y 40% de las usuarias tuvieron que contar a más de un policía la situación de agresión, lo que se enmarca en revictimización.

También detalla que el 67% tuvo una atención regular y mala en el Ministerio Público y no fueron informadas sobre las medidas de seguridad que las podrían proteger (que la pareja se vaya de la casa y que pase pensiones). El 65% de las encuestadas por este mismo informe dice que el Ministerio Público no solicitó atención multidisciplinaria para las víctimas (atención sicológica, asesoramiento legal o la participación de un trabajador social, por ejemplo).

Machismo institucional         
Diferentes fuentes involucradas y consultadas por EL DEBER dan cuenta de que todavía existen funcionarios con pensamientos machistas que van desde el policía que recibe la denuncia, la fiscal que dirige la investigación, el forense que analiza los golpes, el sicólogo que valora su estado emocional hasta la juez que debe dar su dictamen. “Se está cambiando, pero no lo suficiente, hay  leyes, pero estas no cambian nuestra manera de pensar. La sociedad sigue siendo machista y patriarcal”, resume Cedeño, que hace hincapié en que el policía hace un cúmulo de interrogantes a la víctima que apenas se animó a ir a contar lo que le está pasando a un extraño. Echeverría, Novillo y Cedeño coinciden en que cuando se trata de violencia sicológica muchas veces no quieren tomar la denuncia y le dicen a la víctima: “Tenés que venir con golpes o con sangre”. Así cualquier mujer piensa que está amenazada su vida, pero las autoridades no le creen, entonces se va a su casa con la cabeza baja.  
Para Echeverría, es en estos casos donde se expone a una mujer en situación de riesgo a ser una futura víctima de feminicidio.
Por su parte, el juez cautelar Martín Camacho reconoce que estamos inmersos en una sociedad machista y prueba de ello es el protocolo para juzgar con perspectiva de género que presentó el año pasado el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué hubo necesidad de elaborar uno? ¿Hay administradores de justicia con el chip machista? Camacho considera que sí: “Irónicamente es la mujer la autoridad que más se resiste a entender o a asumir el tema de la violencia y de la perspectiva de género. Es por la sociedad machista, tenemos que cambiar siglos de costumbre que nuestras mismas madres nos inculcaron. Una mujer al juzgar o resolver una investigación se sigue poniendo en el papel que la sociedad le ha enseñado, que tiene que soportar muchas cosas, nos criamos así y va a pasar mucho tiempo hasta que la ley nos dé un resultado efectivo”, concluyó.    
                                                                                                                                                            
Presupuestos y recursos            
Novillo reconoce que hay un limitado presupuesto en la Policía, la Fiscalía y las instancias judiciales para orientar a la atención a la violencia.
“Nuestras instancias son muy débiles institucionalmente y los presupuestos son todavía pequeños”. 

El coronel Vidaurre reconoce que ha transcurrido la primera mitad del año y la Felcv está funcionando solo con lo que les da el presupuesto del Comando General, monto que por cierto es un dato reservado. El principal desembolso que falta es el que están llamadas por ley a entregar la Alcaldía y la Gobernación (un 5% del IDH para seguridad ciudadana). “No se ha ejecutado por problemas más que todo políticos, porque si hubiese voluntad de hacer las cosas, lo harían. Son verdes contra azules y nosotros estamos en el medio... esa es la figura”, se sinceró Vidaurre. 

La Felcv tiene tres patrulleros y ningún motorizado para temas de investigación. “Hacemos uso de los vehículos de los policías, de los investigadores, e incluso del mío”, confesó.

Para las abogadas Echeverría y Cedeño, la Felcv es la “hija menos querida de la Policía”, porque es la que menos apoyo recibe. “Para ellos (la Policía) es prioridad la Felcc, la Felcn, que son, en su concepción, más importantes”, remató Echeverría.

Si de recursos escasos se trata, hay que colocar también en esa bolsa a los forenses, que son 12 en total para todo el departamento de Santa Cruz. Hay ocho para la ciudad y cuatro en provincias (Yapacaní,  La Guardia, Montero y Guarayos). Esos forenses ven de todo: morgue, hospitales, clínicas, penitenciarías y consultas, además de casos de violencia contra la mujer. Su día a día es una locura, contó extraoficialmente uno de ellos a EL DEBER. 

También detalló que para ellos una emergencia en medicina legal es el delito sexual, porque se necesita calidad en la toma de muestra y ahí el tiempo es clave. Es también valorada como emergencia una autopsia, los demás casos (como los de violencia doméstica) no son emergencias y pueden ser valorados al día siguiente. El funcionario explicó que si bien existe un horario de atención (de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00), ellos trabajan 24 horas al día. Si un caso se presenta  fuera del horario de oficina y es una emergencia, se atiende en contacto directo con el fiscal, que hace que el forense vaya donde está la víctima, y viceversa, por lo tanto, siempre hay un forense de turno. 

Por su parte, Lida Lozano, directora de Género de la Gobernación, informó que maneja un presupuesto de Bs 2.000.000 para esta gestión y cuenta con 11 personas fijas para trabajar en el tema de la violencia contra la mujer. De ese total, destina la mitad al funcionamiento de una casa de acogida para mujeres violentadas que no tienen dónde vivir. Recuerda que desde 2015  han recibido a 361 mujeres, a las que se les ha dado el acompañamiento de un equipo compuesto por abogado, trabajador social, sicólogo y enfermera.

Respecto a los recursos que la Gobernación debe destinar a la Felcv, Lozano informó que esos son otros dineros que los maneja otra secretaría, la de Seguridad Ciudadana.

En cuanto al presupuesto que maneja la Alcaldía para temas de violencia contra la mujer, EL DEBER buscó insistentemente respuestas de la secretaria municipal de Desarrollo Social, Rossy Valencia, pero no las consiguió en una semana.

Sin embargo, según la Guía para el funcionamiento de los servicios legales Municipales del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, el papel del municipio es importante, pues tiene a su cargo los SLIM (Servicios Legales Integrales Municipales), instancia que debe prestar servicios sicológicos, legales y sociales a las víctimas de violencia doméstica, actuando en el proceso para lograr la sanción denunciando y patrocinando procesos. Además, el municipio debe tener a su cargo otras casas de acogida temporal.

La lucha continúa      
Lineth Salazar (29) era una ingeniera comercial y sicopedagoga de quien su familia y amistades jamás imaginaron que era víctima de violencia doméstica. Murió llevándose a la tumba el maltrato de su pareja, que acabó finalmente con su vida de un disparo. “Ella siempre lo hacía quedar bien, nunca lo imaginé”, contó su hermana Liliana. Fue en el transcurso del juicio contra la pareja que sus seres queridos conocieron esa otra faceta en su relación y hasta ahora no lo pueden creer. 

Para no transitar el mismo camino de Lineth, Claudia, Karina y Carmen siguen en la lucha. La primera ya salió de la casa de acogida de la Gobernación (el tiempo límite para estar ahí es de tres meses, según la ley), está más empoderada, vende comida con su tía en un colegio y está a la espera de que el fiscal autorice la orden de aprehensión contra su pareja, diez años mayor, y consiga tener otra vez entre sus brazos a su primogénita. La autorización se está haciendo esperar y las horas para Claudia pasan con cuentagotas.

Karina por su parte, está esperanzada, ahora su caso está en manos de un abogado de Víctimas Especiales y siente que avanza. Mañana tiene audiencia. No se cansa de agradecer que su video viral haya hecho la diferencia para que su denuncia no se diluya en la impunidad. Mientras Carmen sabe que la suya será una carrera de largo aliento.     

Dar un mal uso a la Ley 348
Esta figura también puede aparecer cuando se la utiliza para chantajear o extorsionar a la pareja. Un juez de violencia familiar cuenta que ha visto este tipo de situaciones y advierte que se puede dar lugar a cambios

La Ley 348 es dura y surte un efecto atemorizante en los varones, al menos así lo creen las activistas en pro de las víctimas de violencia doméstica. Y justamente por esto es que se puede prestar para otro tipo de manipulaciones, lo que muestra que también puede existir la otra cara de la moneda. El juez Martín Camacho considera que hay algunas mujeres que usan mal la ley con fines de chantaje o incluso extorsivos.

“He tenido más de una situación de estas,  no pienso que sea una cuestión planificada por las mujeres, lo entiendo más como un mal asesoramiento de parte de los abogados, en especial cuando se reclama violencia patrimonial. Los abogados las asesoran mal con un fin extorsivo para quedarse con el derecho propietario de un bien, por ejemplo. En otros casos me causa sorpresa, estupor y hasta rabia, porque el trasfondo de la denuncia son celos o infidelidades. Una vez la víctima me pidió que el imputado garantizara que se iba a portar bien, que no iba a estar mirando a otras mujeres. En estos dos tipos de circunstancias considero que sí usan mal la ley”. 

Camacho incluso alerta que mientras se la siga usando mal, con motivos extorsivos, a la larga se podría dar  una modificación en la ley que le va a quitar esa rigidez. “Se puede ver en otras jurisdicciones, en otros países,  que se han creado asociaciones de víctimas de estas denuncias como en España, por ejemplo. Si seguimos utilizando mal la ley, el legislador va a dar una respuesta que puede ser la aparición de otra ley o la supresión de algunos artículos de la misma”.



 




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