Los vehículos indocumentados llegan a las zonas tropicales paceñas desde Chile o Perú. Los municipios establecieron un control para estos motorizados. La Aduana evalúa intervenir estas zonas 

El Deber logo
3 de diciembre de 2017, 4:00 AM
3 de diciembre de 2017, 4:00 AM

Tienen sus propias reglas y se movilizan sin ningún tipo de control. Los vehículos indocumentados saturan las calles de los municipios del norte de La Paz y parte de los valles cruceños. La mayoría de los motorizados son utilizados para transporte público y de carga, y la población prefiere evitar denuncias porque son parte de su vida cotidiana. Las alcaldías aceptan que estos coches operen ilegalmente y que tienen una especie de registro. Mientras, la Aduana Nacional evalúa operativos en estas zonas, previa planificación, aunque esperan que los burgomaestres o los pobladores denuncien las irregularidades.     

Caranavi es parte de Yungas de La Paz. En sus calles están aparcados miles de vehículos a la espera de pasajeros. La mayoría de las líneas viajan a las localidades yungueñas y al norte paceño. Casi todos son modelo Toyota Ipsum. El año de fabricación varía. Y el precio, también. Jorge (nombre ficticio) trabaja con su auto chuto desde hace cinco años. Él va desde Caranavi hasta Guanay, un poblado de La Paz que es el ingreso a la explotación ilegal de oro. 

 El conductor admite que los propietarios de los vehículos indocumentados establecieron sus propias reglas. Por ejemplo, pueden cargar un determinado porcentaje de combustible en las estaciones de servicio de estas localidades sin el control del B-Sisa, sistema ejecutado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para evitar delitos. 

“Un auto chuto llega a costar hasta $us 4.000. En cambio, uno legal cuesta 12.000, tres veces más. Y para estos caminos (tierra y piedras) un auto no aguanta más de cuatro años. Entonces, la inversión con uno legal sería pérdida”, relata Jorge.

En Caranavi, los sábados, se instala la feria de carros indocumentados. Los precios varían de acuerdo al modelo y al año de fabricación. Un Toyota Ipsum 2012 cuesta $us 3.500. Uno más moderno -del mismo modelo- puede llegar a valer $us 4.500. También hay otros modelos, como los Toyota Noah. 

Admiten el caso
El alcalde de Caranavi, Lidio Mamani, admite que en su municipio existe circulación de vehículos sin papeles y que estos tienen una especie de registro y autorización para operar en las calles del poblado. Dice, por ejemplo, que estos carros están prohibidos de usar vidrios oscuros. “Son vehículos (los chutos) que sirven de taxis y de carga. Muchas personas traen sus productos desde sus comunidades en estos autos”, detalla el burgomaestre. 

La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, responde que  las autoridades municipales deben sentar las denuncias sobre la presencia de vehículos indocumentados, caso contrario, dice, los burgomaestres pueden ser denunciados por incumplimiento de deberes y ser las autoridades aduaneras las que intervengan estas zonas, previa planificación. 

“No hubo respuesta de los alcaldes; el procedimiento establece planificar una revisión en la zona, hay indicios, pero se debe verificar la gravedad”, dice Ardaya. 

La situación es similar o más extrema en Guanay, municipio al norte de La Paz. Este poblado cuenta con tres estaciones de servicio y los vehículos indocumentados cargan combustible por la noche. Hay nerviosismo por las miradas ajenas, pero igual llenan el tanque. No piden factura ni verifican la cantidad cargada. 

Saben que es ilegal. La estación no verifica el sistema B-Sisa ni, peor aún, el Seguro Obligatorio Automotor de Tránsito (SOAT). Los vehículos salen del surtidor con el tanque lleno. 

En Palos Blancos, al norte de La Paz, la situación es similar. En esta zona no hay control en la circulación de coches sin placa. Al igual que en Caranavi, existe una feria para adquirir este tipo de vehículos. Hernán es conductor de uno de los vehículos chutos y opera entre Palos Blancos, Guanay y Caranavi. El chofer compró su vehículo en $us 3.000 y hasta fin de año lo piensa “archivar”. 

“Estos caminos obligan a uno a utilizar este tipo de vehículos. Invertimos $us 3.000, recuperamos y ganamos algo para mantener a nuestras familias. Sería terrible que solo puedan vender autos con placas; ya no daría el negocio”, dice Hernán. 

El alcalde de Palos Blancos, Nazario Escobar, admite que la circulación de vehículos ‘chutos’ pone en riesgo la vida de los pasajeros porque estos motorizados no cuentan con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). 

“Un 70% de los autos chutos son utilizados como herramienta de trabajo, usan el vehículo para transportar desde sus comunidades yuca, banano, arroz y todo tipo de cítricos”, detalla Escobar. 

Culpa a la Aduana

El burgomaestre admite que es difícil sacar de circulación a los motorizados sin placa y advierte que esa medida puede terminar en un conflicto. Asegura que los afiliados a las productoras pueden ‘levantarse’ para evitar la prohibición. 

“Este es un tema muy riesgoso. No puedo pararme y decir a los dueños que está prohibido utilizar los autos chutos, eso sería un problema”, relata Escobar. 

Para el alcalde, el punto del conflicto está en la frontera y responsabiliza a la Aduana Nacional por no desarrollar un “control efectivo” en los límites con Chile, que es por donde generalmente ingresa este tipo de motorizados. 

“Que los funcionarios de la Aduana Nacional no dejen pasar ningún vehículo chuto en la frontera. Ahí está el error, si los autos no llegaran a
Palos Blancos o a Caranavi, nadie compraría estos coches. Me pregunto, entonces,  ¿quiénes son culpables?”, cuestiona Escobar. 
A Sabaya, un poblado de Oruro fronterizo con Chile, llegan vehículos de segunda mano, comprados en Iquique, por algunas de las 112 rutas ilegales que fueron detectadas en la frontera con Bolivia. 

En esa localidad, a 45 kilómetros de los límites entre los dos países, se desmantelan los carros y se acopian las autopartes, que luego son comercializadas, principalmente, en la ciudad de El Alto, pero también llegan a los mercados de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Un contrabandista adquiere el vehículo en Iquique en $us 1.000, luego lo introduce a Bolivia por rutas clandestinas y en Sabaya lo desmantela. Luego vende los repuestos y logra ganar hasta $us 4.000, cuatro veces más de lo que invirtió. 

Pero también pasan los coches que pueden servir para transporte público. Y estos llegan, generalmente a las localidades de Caranavi y de Palos Blancos para su comercialización. 

En los valles cruceños, más en Comarapa y en Vallegrande, también operan vehículos sin placas y las autoridades ediles dicen que este problema debe ser resuelto por la Aduana. Por ahora, siguen rodando.

SOBRE EL TEMA

La ruta de los chutos
Los vehículos indocumentados operan en los municipios del norte de La Paz, pero también en municipios de Oruro, Potosí y Santa Cruz, sobre todo en los valles cruceños. 

Desde Chile
Los autos chutos llegan desde la ciudad de Iquique, al norte de Chile. Ingresan por el límite con Oruro y pasan municipios donde los pobladores defienden el contrabando de autopartes y motorizados. En algunas localidades se desmantela el carro y se vende por partes. 

Precio de los chutos
Un vehículo indocumentado, en Caranavi o Palos Blancos llega a costar entre $us 3.000 y 5.000. El modelo más requerido es el Toyota Ipsum. Pero también se ofrecen Noah, de la misma marca japonesa. 

Cifras

33.697
vehículos indocumentados se identificaron en la gestión 2014. Este registro lo realizó la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

10.595
placas clonadas de vehículos se identificaron en el país. La base de datos la realizó la Agencia Nacional de Hidrocarburos.