Inmuebles de Goni pueden ser monetizados para los demandantes

El 4 de mayo se conocerá el dictamen final del juicio civil en Estados Unidos en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Berzaín. El juez James Cohn tiene la última palabra. Puede reafirmar la decisión del jurado, que estableció el pago de indemnización de $us 10 millones a favor de nueve víctimas, pero también puede revocar esa decisión o disminuir o aumentar el monto de resarcimiento. Si es que las exautoridades son obligadas a pagar, la justicia puede disponer de los bienes inmuebles o acciones en Bolivia, previo trámite, para cubrir el daño.    

El abogado Thomas Becker es uno de los juristas estadounidenses que asesora al grupo de víctimas. Él no quiere cobrar montos de dinero por su trabajo, dice que solo busca justicia. Aun así recibe remuneración económica de parte del Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés). El experto espera confiado la decisión final del juez y está casi seguro de que el monto de resarcimiento se mantendrá. 

Becker explica que tanto Sánchez de Lozada como Sánchez Berzaín pueden apelar la decisión. En caso de que esto suceda se dilata el proceso, ya que la parte demandante también debe presentar su dúplica. “La principal batalla la ganamos. Lo importante es que los jurados decidieron a favor de las víctimas. Más allá del dinero, acá se debe mostrar que se hizo justicia”, destaca el jurista. 

En caso de que las exautoridades sean obligadas a pagar –proceso que puede durar hasta unos tres años–, tanto Sánchez de Lozada como Sánchez Berzaín pueden optar por vender sus inmuebles en Bolivia para que la ganancia sea destinada a las víctimas. 
“Eso puede pasar, eso puede ser una decisión de ellos (exautoridades) en caso de que no tengan el monto establecido por el juez, pero también el juez analiza los recursos económicos que tienen ahora”, explica Becker.  

Los bienes de Goni
Sánchez de Lozada huyó el 17 de octubre de 2003 con destino a Estados Unidos y dejó en Bolivia 69 inmuebles y 18 acciones bancarias. Estas propiedades están bajo la figura de hipoteca legal, que es la inscripción jurídica para garantizar la eventual reparación de los daños por parte de los imputados. Varios de los inmuebles del exmandatario están alquilados y el dinero recibido es administrado por familiares de la esposa del expresidente, Ximena Iturralde.

El exfiscal del caso ‘octubre negro’ Milton Mendoza detalla que en su gestión se logró que estos inmuebles sean hipotecados legalmente. El abogado remarca que esa figura prohíbe la venta o la hipoteca de las propiedades. 

“Estos inmuebles, en realidad de todos los acusados, están bajo la figura de hipoteca legal, eso quiere decir que nadie los puede vender, hipotecar ni transferir. Son varios inmuebles, incluso el exministro Javier Torres Goitia tiene todo un edificio en La Paz y el único que no tenía propiedades era el exministro Jorge Berindoague”, detalla Mendoza. 

EL DEBER accedió hace un mes a documentación que revela la cantidad de bienes y acciones anotadas de los demandados por el caso ‘octubre negro’. Son 17 acusados –entre ellos Sánchez de Lozada, 11 exministros y cinco militares– y 272 bienes y acciones están en hipoteca legal. Las 69 propiedades del expresidente son casas, terrenos y parcelas; están en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí. 
Goni tenía 18 acciones en el sistema financiero del país: en el Banco Solidario (BancoSol), en el Fondo Financiero Privado Prodem y en la Compañía Minera Aluvional.     

Mientras que el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, que también enfrenta el proceso en la corte de Fort Lauderdale, solo tenía una cuenta bancaria y acciones en tres empresas. 

Sánchez de Lozada dejó sus propiedades a los familiares de su esposa. En su residencia del barrio paceño de Obrajes vivía su suegra y una de sus sobrinas. Hoy, en ese inmueble funciona la administración de un laboratorio de medicinas. Según los vecinos, esta empresa alquila el inmueble y se instaló hace cuatro años.

El abogado Tyler Giannini, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, destaca que las propiedades del expresidente Sánchez de Lozada serían los últimos insumos en ser exigidos o, en su caso, propuestos por la parte demandada. 

“Sabemos que el señor Sánchez de Lozada tiene inmuebles en Bolivia, pero esa determinación la decide el juez y establece cómo sería el pago. En caso de que la parte demandada justifique que no tiene el dinero suficiente se puede proceder a este término, pero sería lo último que se analizaría”, remarca Giannini.    

El plan de Goni

La defensa de las dos exautoridades presentó una apelación en el marco de la Regla 50 del procedimiento civil en Estados Unidos. Esta moción permite al juez tomar otra decisión al margen del veredicto del jurado y que, en este caso, tendría el objetivo de evitar o modificar el pago del resarcimiento de daños a las víctimas, en este caso de ‘octubre negro’.

En caso de que el juez Cohn acepte esa moción, la parte demandante tiene derecho a apelar. El abogado Becker dice que esto puede pasar, pero es optimista de que el juez aceptará el 4 de mayo la decisión asumida por el jurado. 

“La parte de la defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada presentó una moción por la Regla 50. El juez puede aplicar esta regla y esto significa cambiar la decisión del jurado, esto implica que no habría dinero, no habría el pago de la indemnización. Pero nosotros no esperamos eso, estamos confiados, ya que la batalla principal salió a nuestro favor, que es la decisión del jurado que responsabilizó a Goni y a Sánchez Berzaín de los hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 2003”, remarca Becker. 

Los abogados compartirán en El Alto estos días con las víctimas, pero a la vez trabajarán posibles escenarios legales. Los afectados vuelven a EEUU el 2 de mayo.