Si uno hurga en los datos del Ministerio Público queda descubierto que el delito de estafa es un problema silencioso que afecta a muchos bolivianos. La fiscal Marina Flores, desde su oficina, que se encuentra en Sucre, tiene la información que grafica el tamaño de un drama que cada día crece: cada mes llegan hasta su oficina un promedio de 550 denuncias por estafas individuales y múltiples. 

Una estafa individual es cuando un individuo provoca a otro un perjuicio patrimonial, mientras que estafa múltiple es cuando se engaña a más de una persona. Y en Bolivia ambos se expanden a lo largo y ancho del país, dejando heridas en sus víctimas y una sed por conseguir justicia que empieza tocando las puertas de la Policía o el Ministerio Público, y en muchos casos desistiendo porque el camino a recorrer para sancionar al estafador es largo y exige no solo paciencia, sino también gastos en trámites y abogados. 

Desde el 1 de enero hasta el 14 de junio ingresaron al Ministerio Público 3.402 casos por delitos de estafa y, de ellos, 1.336 se registraron en Santa Cruz, mientras que Pando es el departamento donde los estafadores hicieron menos de las suyas. Solo se reportaron 10 denuncias. 

“Los afectados tienen que poner la denuncia en la Policía o en la Fiscalía. Hay gente que estafa a una persona, después a otra y a otras más.

En Sucre hay un hombre que tiene más de 40 denuncias por estafa simple”, cuenta la fiscal Marina Flores y da algunos ejemplos: hay gente que alquila una casa y luego la da en anticrético a varias personas, y hay otra que saca un vehículo de un rent a car y lo vende falsificando papeles o aquellos que se prestan dinero que después se niegan a pagar, y también está aquel que convence a una persona o a un grupo para que invierta en un negocio que supuestamente dará ganancias jugosas, pero que luego desaparece.

La fiscal detalla que se trata de un delito de contenido patrimonial y la justicia busca el resarcimiento del daño a la víctima, y que si se consigue declarar en rebeldía al acusado, por más que se vaya del país, el caso no se extingue aunque pasen 20 años”.

Uno de los tantos casos
En 2002, Miriam González Sumoya tomó una decisión dura: irse a vivir a Ámsterdam (Holanda). Un solo propósito la empujó: ir a trabajar duro para ahorrar dinero para asegurar la manutención y los remedios de su hija Juanita, que padece de hipoacusia neurosensorial. Estuvo hasta el 2009 y se vino con un buen ahorro, fruto de un trabajo duro que empezaba a las cinco de la mañana y que terminaba a altas horas de la noche. 
Miriam cuenta que el 19 de septiembre de 2011 dio en préstamos con el 3% de interés 30.000 dólares bajo documento privado y reconocimiento de firmas  a Edwin González Nogales, propietario de una empresa de insumos agrícolas y que el dinero tenía que devolverlo el  19 de marzo de 2012. Pero transcurrió el tiempo –cuenta– y el préstamo no fue devuelto y cuatro años y medio después le inició un proceso judicial ejecutivo en abril de 2016. “Como eso no fue suficiente para que se me pague, el 2 de febrero de 2017 le inicié un proceso penal por estafa y estelionato, la querella ingresó el 4 de febrero, pero hasta ahora sigo peregrinando, viviendo un tormento porque no se me hace justicia”.

Miriam dice que se siente agotada porque pedir justicia le consume su tiempo, tiempo que debería dedicarle a su hija, que no puede hablar, que no escucha y que solo tiene el 10% de su capacidad visual. “Esos 30.000 dólares que presté al señor Edwin González estaban destinados para invertirlos en un negocio o para prestarlo y vivir de los intereses, pero me siento engañada porque no se me los devuelve”, dijo la mujer, que adelantó que hará una huelga de hambre para que su caso sea de conocimiento nacional, puesto que se siente desesperada y con una soledad enorme frente a un aparato judicial que no le hace justicia hasta ahora. 

Samuel Durán Zeveriche, abogado de Edwin González, dijo que efectivamente existe una deuda de 30 mil dólares y que en ningún momento su cliente se ha negado a pagar. “Resulta que mi cliente tenía varias deudas y le dijo a la señora Miriam que iba a vender su casa para cumplir sus compromisos”, explicó el abogado, y sostiene que si hasta ahora no se ha cumplido con el pago es porque la señora Miriam rechazó la oferta de pago y que lo que busca es meter preso al señor González. 

“Propusimos al juez conciliar y queríamos que nos den 25 días de plazo en vez de pagar una fianza. Pero ella dijo que no quiere plata, sino ver que mi cliente vaya preso. Queremos que cobre el dinero como es correcto. Ese dinero está en depósito judicial”, aseguró el abogado, que considera que el caso que él defiende no debe ser considerado como estafa porque su cliente, en el momento de prestarse el dinero, no tenía intenciones de engañar. Pero Miriam González dice que si fuera verdad que le quieren pagar ya lo habrían hecho y que esos 25 días que le pidieron ella no los aceptó porque le pedían que desista del proceso antes de recibir el dinero. 

La fiscal Marina Flores detalla que de los más de 500 casos denunciados, 200 encuentran una salida alternativa de solución, 200 van a juicio y 100 se rechazan porque la víctima no vuelve en busca de justicia.