BOLIVIA

Inocentes que fueron a la cárcel; el drama que golpea a la justicia


Existen jueces que admiten que sentenciaron a inocentes a recintos carcelarios. El caso de Jhiery Fernández no es el único. Muchos perdieron su familia y ahora no pueden conseguir un trabajo

Existen jueces que admitieron que sentenciaron a personas inocentes. Aún así muchos siguen como operadores de la justicia.
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30/09/2018

Jhiery Fernández es el médico que está recluido desde hace cuatro años en una cárcel de La Paz, a pesar de que la jueza que lo envió a San Pedro admite que está exento del crimen de violación a un bebé. Este hecho no solo destapó el dilema de los inocentes en las cárceles de Bolivia, sino también sacó a la luz que las víctimas de la justicia boliviana sufren consecuencias funestas que después no se resuelven con la libertad. Aquí hay varias historias que sustentan una dura realidad: Jhiery está en el penal de San Pedro. Sufre, no por abusos en el panóptico, sino por los abusos de la justicia boliviana.

Pierde meses valiosos, pero no pierde fuerzas. El sistema judicial vive la peor crisis de su historia, peor no puede estar. Y otras penurias salen a la luz. Ángel Fernández Cuña perdió todo en 14 años y nueve meses. Su esposa lo dejó, sus hijos migraron a otros países y una pequeña casa ya no es de él. Ángel estuvo casi 15 años en la cárcel de San Sebastián, en Cochabamba. Salió libre en julio de este año. Fue acusado de tráfico de sustancias controladas, pero nunca se dictó su condena. Salió de San Sebastián y no tenía dónde ir.

Habla castellano, pero no a la perfección. Es más, hace 14 años ingresó a la cárcel sin pronunciar ni una palabra en español. Su esposa lo dejó, sus hijos se fueron a Argentina y la casa donde vivía pasó a otros dueños. En julio no sabía qué hacer, incluso quería volver al penal. No tiene hermanos y sus pocos familiares viven en el campo, en el municipio Villa Gualberto Villarroel, a 66 kilómetros de Cochabamba. La Defensoría del Pueblo intervino en este caso.

El delito por el que la justicia acusaba a Ángel tenía una pena máxima de ocho años. Aún así pasó casi 15 años en la cárcel. El involucrado relata que no cometió ningún delito y en esa época se vio complicado por hablar solamente en quechua. Le decían “el Katari” en San Sebastián y logró varias amistades, pero afuera perdió todo. El defensor del pueblo, David Tezanos, tiene una serie de proyectos para evitar que haya hacinamiento en los penales.

Y es en esa población, la mayoría con detención preventiva, donde están los inocentes. “La solución pasa por descriminalizar la pobreza; aplicar la detención preventiva solo para crímenes muy graves; aplicar medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, como los grilletes electrónicos; aplicar penas alternativas a la cárcel, como el cursar terapias o instrucciones, detención domiciliaria, trabajo comunitario; y despenalizar hechos de menor relevancia como las lesiones leves, los delitos contra el honor, y la conducción peligrosa de vehículos”, destaca Tezanos. J.C.CO vivió un calvario en Palmasola. Tenía 21 años, en 2005, cuando lo acusaron de homicidio y robo. La Fiscalía lo exoneró de cargos, aún así pasó 13 años en la cárcel cruceña. Los denunciantes señalaron que el acusado habría ingresado a su domicilio y les habría robado y agredido físicamente. El juez dispuso la detención preventiva. Recién en julio salió libre.

El Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep) intervino en este proceso. La instancia se enteró de esta situación tras las visitas semanales de rutina. Esta entidad, que depende del Ministerio de Justicia y Transparencia, se comprometió a revisar situaciones similares en las cárceles del país. Se realizó la investigación y el fiscal asignado a este caso estableció que la denuncia no tenía pruebas suficientes para fundamentar una acusación, por lo que requirió al juzgado la resolución de sobreseimiento el 14 de octubre de 2005, exonerando así de cargos a J.C.CO. Pero esa decisión nunca tuvo eco. La justicia se aplazó y permitió que un inocente pierda 13 años de su vida. Hoy, el afectado recupera el tiempo con su familia, aunque conseguir trabajo es su principal inconveniente. La justicia en el país no puede estar peor. Está caída y es manoseada.

El último caso es el del médico Jhiery Fernández. Aún permanece en el penal de San Pedro, en La Paz, esperando recobrar su libertad. Patricia Pacajes es la jueza que lo envió al recinto penitenciario y es quien admitió haberlo condenado sabiendo que era inocente. La madrugada del martes se ratificó su sentencia e incluso la Fiscalía solicitó 30 años de cárcel. Hoy tiene condena de 20. Fernández enfrenta a todo un aparato jurídico en contra. La fiscal Susana Boyan insiste en acusarlo de violación al bebé Alexander.

El galeno es acusado de violación porque fue el único varón en el hogar de ni- ños Virgen de Fátima cuando se complicó la vida del infante. Las pruebas no son claras y algunas descartan la violación, como lo admitió la jueza, hoy internada en un siquiátrico luego de intentar suicidarse. En el centro médico ratificó la inocencia de Fernández y culpó a “otras personas” por la sentencia. Otro caso sonado fue el de Reynaldo Ramírez. Fue acusado y sentenciado por un feminicidio en el que él nunca estuvo involucrado. Fue sentenciado a 30 años sin derecho a indulto y estuvo dos años preso en el penal de Palmasola. La unidad de investigación, que forma parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), esclareció el caso. Los peritos descubrieron que Reynaldo no era el asesino gracias a un estudio de topografía facial.

La Policía esclareció la muerte conmovedora de Veró- nica Menacho, hecho de sangre ocurrido el 25 de noviembre de 2014, con la captura del verdadero autor del crimen, Moisés Bascopé Zambrana, que era el concubino de la víctima. Ramírez camina exigiendo justicia. Aún no prospera el proceso por incumplimiento de deberes, resolución contraria a la Constitución y las leyes y retardación de justicia que se instauró contra el fiscal Marcelo Delgadillo y los jueces del tribunal que lo condenaron injustamente, Mery Yaneth Mojica Peña y Luis Alberto Paz Casupá. Además sigue buscando trabajo, ya que estuvo solo un tiempo en el Ministerio de Justicia y Transparencia.

“Se suspendió siete veces la audiencia; yo creo que hay incumplimiento de deberes en los jueces que llevan este caso y complicidad. Este proceso no avanza porque parece que hay complicidad desde arriba”, dice Reynaldo. En Palmasola existen al menos 14 personas encarceladas sin pruebas y que podrían recuperar su libertad sin mayores problemas. La Defensoría del Pueblo maneja esa cifra, aunque señala que puede aumentar mientras se siga investigando este tipo de casos. En la cárcel de San Pedro, según la misma institución pública, pueden existir situaciones similares. Junto al Sepdep se las indagará. Edmundo Vélez tiene una historia sorprendente. Fue sindicado falsamente por el homicidio de Félix Cortez Escobar, una persona que trabajaba como casero en el municipio de La Guardia. El Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial hizo un estudio “huellográfico”, ya que se analizó el objeto con el que se mató a la víctima y se pudo determinar que las huellas dactilares dejadas en el arma criminal no eran las mismas que las del acusado. Tras una nueva pesquisa se descubrió que un ciudadano brasileño había sido el verdadero homicida.

La víctima no sufrió como los personajes de los otros casos. Estuvo solo una semana en un recinto penitenciario, pero la forma en cómo fue abusado para que se declare culpable es lo que llama la atención. “Me tiraron un manazo, me decían ¡por qué lo has matado!, luego me metieron a un cuarto, me pusieron una bolsa en la cabeza y me golpearon”, señaló el hombre que trabajaba en una hacienda en Pedro Lorenzo y que tras los hechos pidió un resarcimiento de daños para que se limpie su imagen y se brinde garantías por su seguridad. El ministro de Justicia, Héctor Arce, señala que no se puede permitir que inocentes estén tras las rejas. Anuncia que se hará indagaciones para verificar si existen casos similares al de Jhiery.

“No podemos permitir que haya inocentes en las cárceles. Eso es un abuso que debe ser castigado”, detalla. La noche del 9 de julio de esta gestión Alfredo Pinedo vivió el peor momento de su vida. Un grupo de policías llegó a su casa en Sucre y le decían Álvaro. No era su nombre, pero aún así se lo llevaron a una instalación policial. Lo acusaban de violar a una niña de nueve años con síndrome de Dowm. Ese día Alfredo llegó temprano a su negocio de ropa usada. Toda la jornada estaba trabajando y recibió visitas de amistades en ese lugar. A las 21:30 retornó a su domicilio y vio varios policías caminando por las calles de su zona.

En ese barrio había sucedido la violación. Llegó a su casa sin saber lo que pasaba en su alrededor. Poco después los policías ingresaron a su domicilio para detenerlo. No se opuso, solo preguntó por qué lo arrestaban. Nadie le respondió. Llegó a una unidad policial y ahí le hicieron una serie de preguntas. En ese momento se enteró lo que había pasado en su barrio. Él decía que no tenía nada que ver en el caso, pero la Policía no lo escuchó y al día siguiente enfrentó una audiencia. Fue acusado de violación a una menor. Luego fue transferido a la cárcel de San Roque. Alfredo temía que lo violen, que se aplique la regla interna de un penal con los violadores que llegan a los centros penitenciarios.

Pasó 14 días privado de libertad. Ese sufrimiento podía haber sido más amplio. El verdadero violador se entregó y confesó el delito. Un albañil había violado a la niña de nueve años. Salió en libertad y no puede creer cómo lo detuvieron sin ningún tipo de prueba. “No sabían ni mi nombre. Ahora quién hace justicia conmigo, mi nombre se ensució”, reclama Alfredo. La jueza que lo mandó a la cárcel de San Roque se disculpó con Alfredo y admitió su equivocación.

No se sabe si esta autoridad continúa trabajando en el sistema judicial. La vergüenza judicial en Bolivia pasó las fronteras. Julio Picazo pasó 11 meses en el penal de San Pedro. Es un ciudadano español que llegó a Santa Cruz en 2013 para cerrar un negocio. Firmó un contrato de compra de pescados del lago Titicaca para revenderlos en Europa.

El día que volvía a su país empezó su calvario. La Policía Antidrogas lo arrinconó con perros incluidos y le pidieron que abra sus maletas. Ahí encontraron sustancias controladas. Lo acusaron de tráfico de drogas y lo enviaron a Palmasola. Picazo sufrió extorsión por una red, que incluía a fiscales, jueces y policías. Introdujeron en su equipaje cocaína para luego procesarlo. Mientras duró el juicio lo extorsionaron y llegó a pagar hasta 11.000 euros. “Pensé que nunca iba a salir vivo de allí, me daban ganas de suicidarme”, decía en esa época sobre el penal de Palmasola. El de Renato Cafferata es un caso llamativo. Es un joven peruano que está siete años en Palmasola a pesar de que el Tribunal Constitucional exigió anular la condena porque existen muchas irregularidades.

El extranjero es acusado de asesinar a una mujer. “La justicia tarda, pero llega”. Es la frase que repiten todos los inocentes que están recluidos en los penales del país. Sufren todos los días y al salir no podrán recuperar el tiempo perdido. La justicia en Bolivia está herida de muerte.

 



 




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