7º DÍA

Identifican a policías que ‘cuidan’ el contrabando


Un informe establece que una red de efectivos policiales está vinculada con contrabandistas. El Gobierno anuncia medidas para frenar el problema

Sabaya es el inicio del recorrido ilícito. La gente ataca a los desconocidos con su mirada
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21/10/2018

Sabaya apaga sus luces y solo la pequeña plaza del pueblo queda iluminada. Hace rato los niños dejaron de correr. El frío obliga a los pobladores a escapar a sus casas. Y el fuerte viento fuerza a que las campanas de la iglesia Virgen de la Candelaria suenen tímidamente. Pocas calles más abajo, en la carretera, los vehí- culos pasan cada vez menos. Pero al frente, a casi media hora, en el lado chileno, los camiones hacen fila para ingresar a Bolivia con mercadería ilegal. Un informe de Inteligencia revela que los choferes pagaron a policías para acceder a un código e inician una travesía que debería ser complicada, pero no es así. Las rutas nacionales están abiertas al paso de la carga ilícita porque algunos policías hacen que ese recorrido pase desapercibido.

EL DEBER accedió a un informe de inteligencia que detalla cómo los contrabandistas ingresan desde el municipio de Pisiga, en Oruro, hasta su punto de destino con la ayuda de policías, claro, previo pago a los efectivos.

El documento vincula a nueve efectivos policiales que tienen sus “ayudantes” en 18 puestos de control y poblaciones intermedias, como Sabaya, Huachacalla, Copacabanita u Orinoca. Los pagos ascienden desde 700 bolivianos hasta Bs 2.500 por camión en cada punto. Hay veces que un motorizado puede pagar hasta ocho veces en su recorrido, dependiendo sus rutas. “Cada camión cargado con mercadería de contrabando paga determinadas sumas de dinero para pasar las trancas sin mayores contratiempos.

Los montos que son detallados a continuación y que son recaudados en trancas y provincias sirven para que los funcionarios policiales subalternos recuperen lo cancelado por anticipado”, detalla el informe, que habla también de cobros de comandantes a policías para que sean destinados a estos puntos de control. Hace un mes, este medio accedió a un audio que dura 15 minutos y 17 segundos y en el que tres contrabandistas hablan con un policía de bajo rango.

El efectivo brinda un código (PIN) a los delincuentes y explica los lugares por donde deben pasar sus camiones. Los traficantes tienen ciertos reparos por la desconfianza, pero al final de la conversación aceptan el trato. El efectivo reta a los traficantes a llegar al puesto de control y  comprobar el número PIN. Incluso les pide su localización para mandar una patrulla. Uno de los acusados en los cobros ilegales es contra un alto funcionario de la Policía al que no identificamos hasta que responda las preguntas de este medio.

El informe apunta a que el jefe policial es quien autoriza los destinos de subalternos y que envía a sus ayudantes a las localidades para que recauden lo extorsionado a los contrabandistas. “Para efectuar un control más efectivo de la recaudación de sumas de dinero, (ese funcionario) envía tanto a sus ayudantes como a sus choferes durante sus días de descanso a Ancaravi y Challapata (poblaciones de Oruro), localidades importantes en el tránsito de camiones que transportan mercadería de contrabando, vehículos indocumentados, precursores, coca prensada y otras mercaderías ilegales”, detalla el documento. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, asegura desconocer el contenido del informe y adelanta que de haber situaciones ilícitas se actuará de acuerdo a ley. La autoridad pide que sea el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, quien dé más explicaciones al respecto.

“Porque no habla con (Javier) Zavaleta, yo ahora estoy en reunión y me están esperando dos grupos de personas más”, solicita el dignatario. Mientras, el ministro Zavaleta anuncia que para evitar este tipo de problemas se construirá en la frontera con Chile una veintena de puestos militares para agilizar la lucha contra el contrabando.

“No tenemos todavía una fecha, pero estimamos que el puesto militar construido, de varios que estamos disponiendo su construcción en la frontera Oruro-Chile, podríamos estar ya inaugurándolo a finales de noviembre, está el proceso en curso”, adelanta la autoridad. Zavaleta agrega que el Gobierno nacional decidió instalar puestos militares provistos de tecnología de punta cada cinco o diez kilómetros en la frontera con Chile con el fin de anular el ilícito que, a decir del Ejecutivo, afecta considerablemente las arcas estatales. Al respecto, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, detalla que el trabajo contra este flagelo no solo se centra en la frontera entre Chile y Oruro, sino que abarca los departamentos de La Paz y Potosí también.

Sobre los cobros de policías señala que ese extremo ilegal será investigado. “La evaluación la hicimos en el terreno, por ejemplo, en el territorio de Oruro hacia Pisiga diariamente ingresan 40 camiones que se van a parqueos cerrados y nosotros no sabemos cómo salen del lugar porque nunca pasan por la carretera”, revela.

El informe destaca el recorrido que hacen los contrabandistas para llegar a su destino, el más lejano es Santa Cruz. Dice que cada camión paga por obtener el PIN y llegar a su meta. Ese código debe ser entregado en cada puesto de control e incluso Tránsito ingresa al negocio ilícito. Un contrabandista puede pagar hasta 2.000 dólares por el código y otros dispersos en los peajes. “Ambos sujetos se dedican a tomar contacto con funcionarios militares y policiales claves, con la finalidad de corromperlos mediante el ofrecimiento de fuertes sumas de dinero a cambio de permitir el paso de los camiones con mercadería de contrabando”, destaca el documento sobre dos personas identificadas quienes son el enlace con los efectivos para establecer el monto de pago.

El centro de operaciones es en la ciudad de Oruro. Una expolicía y un ciudadano paceño son los nexos principales con la Policía. El documento identifica a nueve efectivos, todos ellos oficiales, quienes a su vez tienen “ayudantes” en diferentes puntos de control. El documento revela las fotografías de los contrabandistas y los efectivos involucrados y además de toda la información sobre ellos y de sus movimientos en Oruro. Sabaya es el inicio del recorrido ilícito. La gente ataca a los desconocidos con su mirada. Incluso se acercan y preguntan el motivo de la visita. A primeras horas de la tarde existe normalidad en el poblado.

Los niños salen de la escuela y muchos de los comunarios se dedican al comercio y venta de comida. Uno de los policías que custodia el pueblo relata que las cargas ilegales pasan por las comunidades aledañas y no por el centro del municipio. Además, el efectivo explica que todo el proceso se ejecuta por las noches en rutas ilegales. “Ellos (contrabandistas) están mejor equipados que nosotros. Tienen armas, equipos de comunicación de última generación y hasta drones”, cuenta el policía. El alcalde de Sabaya, Edgon Villca, intenta borrar esa mala imagen que tiene el pueblo. “Todo el contrabando pasa por las comunidades aledañas de Sabaya, no por el casco urbano”, dice. El burgomaestre camina solo y relata que como muestra de apoyo a la lucha contra el contrabando se construyó una sede para la Aduana Nacional en el inicio del poblado.

Cuatro militares cuidan esa infraestructura, que es un domo blanco. Los efectivos están armados y piden que cualquier declaración sea solicitada al comandante del Regimiento 22 Mejillones, que está ubicado en la localidad de Huachacalla, unos 40 minutos más de Sabaya camino hacia Oruro. Las calles del pueblo son de tierra, solo las que bordean la plazas tienen adoquines. La avenida central está asfaltada y es donde los pobladores centran sus negocios. En el día hay paz, pero llega la noche y lo ilícito se campea en el municipio mientras muchos duermen. Ramiro (nombre ficticio) vive en Sabaya hace siete años. Relata que antes el contrabando era más evidente, pero ve que ahora es más “cruel”. Se refiere a la muerte de dos militares en esa localidad en marzo de este año. “Por la mañana podemos caminar tranquilos, no hay problema, pero llega la noche y esto se vuelve complicado.

Se ven los camiones que pasan rápido por caminitos. Si te metes te pueden matar”, comenta el poblador. En los alrededores de Sabaya hay pueblos como Pagador, Huachacalla, Payrumani, Turco o Carabaya que son víctimas del contrabando y, por qué no, del narcotráfico.

El documento de Inteligencia afirma que estas comunidades orureñas prácticamente viven del contrabando. Las mafias, que son familiares en su mayoría, operan desde esos pueblos, pero sus tentáculos están presentes en el lado chileno. Los padres son bolivianos y los hijos tienen nacionalidad chilena. Orlando Rojas es uno de los fiscales que atendió el caso de la muerte de dos militares a manos de contrabandistas, ocurrida el 12 de marzo.

El investigador no tiene dudas en decir que Sabaya es zona de tránsito de mercadería ilegal. Entre los productos más preciados, dice, están los rollos de tela que llegan de China, vehículos indocumentados, ropa usada y artículos de línea blanca y negra, como lavadoras, refrigeradores, cocinas, microondas, televisores, equipos de audio, artículos digitales y teléfonos móviles. El Gobierno calcula en 1.500 millones de dólares el valor de la mercadería que ingresó de contrabando al país entre enero y junio de este año desde la Zona Franca de Iquique (Zofri), en el norte chileno.

El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando identificó 117 pasos ilegales con el país vecino. De acuerdo con la información publicada en el sitio web de la Zofri, de los $us 2.107 millones recaudados en el primer semestre de esta gestión, el 58% ($us 1.227 millones) se vendió a las regiones de Tarapacá y Parinacota, mientras que el 36% ($us 749 millones) se va a mercados externos como Bolivia, Perú, Paraguay y otros.

El restante 6% ($us 131 millones) es adquirido por el resto de ese país. Para el Gobierno boliviano, esos $us 1.227 millones ingresan directamente al país como mercadería ilegal. Mientras cae la tarde en Sabaya, en el lado chileno esperan los camiones para traspasar a Bolivia. Es la localidad de Cariquima, en Chile, donde llegan los motorizados desde la zona franca de Iquique. La mayoría de los vehículos tienen acoples, o sea dos compartimentos de carga. Cae la noche y estos camiones dejan su mercadería cerca de Sabaya. Hacen un traspaso de material a motorizados bolivianos, que luego irán a sus destinos. Acá inicia lo ilegal. Y con apoyo de algunos policías, relata el informe. El informe señala que la mayor parte de la carga ilegal llega a Oruro.

Luego existen conexiones hacia La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En el eje central los puestos de control tienen conocimiento de los camiones que trasladan contrabando y pasan sin ningún tipo de problema. “Los policías saben qué camión pueden parar. Hay camiones que no pagaron su PIN y ‘por suerte’ llegan a Oruro.

Los otros juegan (compran PIN) bien y pueden circular por cualquier puesto de control”, relata una persona que antes estuvo involucrada en el contrabando y que ahora brinda datos a fuerzas militares. El ministro Zavaleta precisa que las tareas de interdicción comienzan en la frontera con Chile por donde ingresa el mayor porcentaje de mercancía ilícita.

“La ley es clara, es para toda la frontera boliviana, sin embargo también hacemos la aclaración de que en este momento el área más caliente es la frontera suroeste de Oruro y nos vamos a dedicar a eso”, remarca la autoridad. La noche es temida en Sabaya y otros puntos. Son pocos los negocios que atienden en el pueblo y las miradas que en el día eran acusadoras se convierten en amenazas en plena oscuridad. Hay vehículos último modelo que empiezan a ingresar al poblado. Son las llamadas “liebres”, quienes verifican si no hay controles en rutas principales. Ellos no pagaron el PIN, por eso buscan otras vías, aunque también pueden “jugar” a medio camino. El viento sopla fuerte. En la carretera todo es normal. El primer peaje pasando Sabaya está en Huachacalla. Militares y policías hacen ronda. Controlan a vehículos pequeños. Los grandes pasan sin problemas.



 




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