Herida de 55 hectáreas desangra el valle de Tucabaca en Roboré
Un grupo compuesto por 33 familias ingresó para asentarse y tumbó una mancha de bosque para parcelas y un camino ancho de tres kilómetros de largo. Tienen aval del INRA y de la ABT
Como cadáveres están todavía acostados algunos de los árboles que un grupo de hombres ha derribado en el área forestal de la reserva municipal dentro del valle de Tucabaca del municipio de Roboré, en Santa Cruz. Es un panorama literalmente desolador, un funeral ecológico en plena selva. Las plantas que se han librado de la muerte observan el tamaño del desastre.
Con un tractor y una oruga han abierto un camino de tres kilómetros de largo por 18 metros de ancho y a los costados parcelaron 33 propiedades de una hectárea cada una y tumbaron todo lo que encontraron a su paso. En total, 55 hectáreas de bosque derribado, convertido en varios ríos de cenizas que hasta el pasado miércoles todavía humeaban y el humo se perdía en un cielo como un último suspiro
- Les han prendido fuego a los árboles que tumbaron, dice en coro la comitiva de Roboré compuesta por autoridades civiles y un militar, así como de los pueblos indígenas para comprobar el tamaño del desmonte que se registró en el polígono 107 del valle de Tucabaca.
- En las noches escuchábamos ruidos de maquinaria trabajando en medio monte y el sonido que hacen los árboles cuando son arrancados de raíz, recuerda Alfredo Hoyos, dirigente de la comunidad campesina 23 de Marzo, que queda a 8 km. del desmonte.
Pero nada de eso puso en alerta a nadie. Fue gracias a una imagen satelital que una fundación que trabaja por el medioambiente regaló a la Alcaldía de Roboré, la que les hizo dar cuenta de que, como una gangrena, una mancha blanca sobresalía en la espesura del bosque.
Iván Quezada, el alcalde de Roboré, desde el lugar de los hechos, confirmó de que se trataba de un asentamiento humano compuesto por 33 familias oriundas del departamento de Cochabamba. Pero no solo descubrió eso, sino que los autores del desmonte del bosque llegaron con documentos bajo el brazo: una resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y una autorización de desmonte por parte de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).
Carlos Ragone Justiniano, secretario general municipal, arrojó otro dato: que la zona del asentamiento se encuentra dentro de las 24.000 hectáreas del área declarada forestal municipal mediante resolución ministerial en 2006, territorio al que en diciembre del 2017 se le puso otro ‘candado’ para protegerlo: la Alcaldía aprobó la ley municipal 059/2017 que eleva esa zona a reserva ecológica.
- Pero eso de nada ha servido, lamenta la autoridad.
EL DEBER llegó hasta el asentamiento, hasta esas 55 hectáreas de bosque arrasadas por la mano del hombre. En el lugar no se encontró presencia humana. En una de las 33 parcelas hay una chapapa de donde cuelga un letrero que dice: Comunidad Tupac Amaru y en el suelo varios pedazos de troncos que fueron utilizados como asientos. Más allá, una docena de plantas de maíz, de yuca y de zapallo que intentan sobrevivir al calor que golpea con furia, aguardando el agua de lluvia porque en la zona no hay un pozo que pueda servir para riego o para calmar la sed de los habitantes de esa comunidad que el pasado miércoles no estaban. El río queda a 15 kilómetros, y eso, aquí, es un trayecto demasiado largo. También quedaban los troncos convirtiéndose en cenizas. Una mancha inerte donde antes estaban las especies morado y cuchi, tajibo, guayacán, roble y verdolago.
- Los indígenas estamos sorprendidos de cómo las autoridades han aprobado este desmonte, dice Fausto Mendoza, representante legal del pueblo ayoreo dentro del municipio de Roboré y que también trabajo como guardaparque del área protegida Tucabaca.
Telmo Muñoz, director general de la ABT, tiene una versión sobre este tema: “Ese territorio (donde ocurrió el desmonte) para el Estado sigue siendo tierra fiscal, no es área protegida ni reserva forestal de producción y “no tiene un estatus para prohibir los asentamientos”, justifica.
Muñoz añadió: “Según el Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz, el área del conflicto tiene la categoría de suelo forestal y subcategoría forestal y ganadería reglamentada, lo cual hace posible hacer actividades dentro de ese territorio”.
Pero el alcalde de Roboré Iván Quezada dice que esas declaraciones confirman que se hace difícil defender el bosque, que en el país tienen más fuerza los que avasallan.
- El daño está hecho, lamenta.
El daño es esa herida de 55 hectáreas que desde el cielo parece un pulmón seco y sin vida en medio del bosque.
