7º DÍA

Expansión de cultivos de coca: ¿tendencia criminal o fenómeno social?


Giacoman hace un análisis sobre el asunto de la coca, que comprende desde cómo cada año se reportan los esfuerzos de reducción de cultivos hasta el efecto del informe de monitoreo de Naciones Unidas


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23/09/2018

Desde hace 25 años, en Bolivia, cada año desde 2003, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) presenta su reporte de monitoreo de cultivos de coca; entonces, cada año las opiniones se manifiestan según la tendencia creciente o decreciente de cultivo y los intereses políticos de quien las emite. Exitismo o crítica según las oscilaciones que en realidad estarán definidas por fenómenos sociales, entre otros, la demanda combinada, legal e ilegal, de hoja. También cada año se reportan los esfuerzos de reducción de cultivos, y, así, somos testigos de cómo el Estado boliviano invierte cientos de millones de bolivianos en erradicar/racionalizar, aproximadamente, 5.000 ha en promedio anual de cultivos que tienden a ser rápidamente resembrados. ¿Pero qué más es lo que podemos hacer aparte de medir superficies cultivadas, reducidas y recultivadas frente a las presiones de la comunidad internacional y a las mismas exigencias de una sociedad civil desinformada?

Anualmente, la oposición y el oficialismo discurren en torno a las posibles causas en la variación de la tendencia en las superficies de cultivos, sin disponer de información concreta y verosímil sobre el tema. No se conocen los flujos migratorios hacia las zonas de expansión de cultivos, no se conocen las formas de violencia que existen en estos territorios ni las prácticas de tenencia de tierras, ni los procedimientos policiales ni los mecanismos que las comunidades utilizan para protegerse de amenazas externas.

Haciendo referencia específica a las zonas no autorizadas en las que se expanden ilegalmente los cultivos de coca y en donde se concentran los riesgos de confrontación y conflictos violentos, cabe reconocer que son territorios excluidos con débil presencia del Estado, ocupados por poblaciones marginales y de las que se tiene muy poca información para abordar el diseño e implementación de políticas públicas sustentadas en una reflexión seria. La comprensión del fenómeno social se difumina y solo queda la anécdota policial-militar reproducida por los medios de comunicación para ilustrar los datos fríos de Unodc, pretendiendo que conocemos lo que está ocurriendo sin siquiera tomar atención al hecho de que el narcotráfico aprovecha las condiciones de pobreza y exclusión para fortalecerse.

En el escenario de reiteraciones y miradas que no se abren, en estos últimos días tenemos un elemento que marca un giro en Bolivia, el resurgimiento de resistencia organizada y armada a los operativos de erradicación. Una primera expresión se acaba de presentar en la región de La Asunta, en el medio del territorio nacional, con un resultado de tres muertos: un policía y dos productores cocaleros. Este municipio, donde se han enfrentado fuerzas especiales de seguridad y productores campesinos, presenta unos de los mayores índices de crecimiento poblacional debido a la alta disponibilidad de tierras agrícolas que atrae a migrantes procedentes de tierras empobrecidas de las regiones altiplánicas y cordilleranas. La tasa de crecimiento intercensal (2001-2011) alcanzó el 123%.

Es importante señalar también que, actualmente, el ingreso militar a las áreas de expansión de cultivos se lleva adelante sin apoyo al desarrollo, la inclusión social o la prevención de conflictos. La mayor parte de las inversiones productivas y sociales programadas en relación a las áreas de producción de coca se dirige hacia áreas donde no se realiza la reducción de los cultivos de coca, acelerándose, en consecuencia, los ritmos de incremento de resistencia social y violencia donde sí se erradican estos cultivos. Entonces, agravamos la situación, más allá de las inocuas variaciones en las tasas de incremento o decremento de superficies de cultivos de coca, el verdadero riesgo que se cierne sobre el futuro cercano es la violencia, las violaciones de derechos, muertes y heridos, y el debilitamiento del control territorial.

En general, el problema es complejo y parece insuficiente el apuntar a tener una mayor superficie de cultivos reducida; parece, más bien, necesario abordar la temática en una perspectiva integral. Involucrar políticas de inclusión social para las áreas de expansión de cultivos de coca ilegales, de control de migración, de gestión de conflictos y de control social. ¿Por qué no debatir y generar procesos alternos y preventivos en un plano social, analizando flujos migratorios de poblaciones altamente vulnerables a las zonas de expansión de cultivos de coca y buscando alternativas para prevenir su involucramiento con el narcotráfico?