Se negocian grandes proyectos y temas centrales que estuvieron parados por años. Hay dirigentes que piden que se use a instituciones y no a empresarios

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10 de febrero de 2019, 15:00 PM
10 de febrero de 2019, 15:00 PM

La primera reunión provocó estupor en Facebook: Una medialuna de empresarios posaba junto al presidente Evo Morales y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en lo que parecía una churrasquera amplia. Las dos siguientes arrancaron gruñidos casi de resignación: en un solo día, el presidente jugó fútbol frente a los empresarios inmobiliarios, almorzó con los barones de la industria local y reservó el café de la siesta para los jóvenes emprendedores. Era solo enero, y el primer mandatario ya se había dejado ver cuatro veces con el empresariado cruceño.

“También son pueblo”, había justificado entre el primer y segundo encuentro, sentado en un salón de la Casa Grande del Pueblo.

“Reunirse con el presidente no es traicionar a nadie”, se defiende ahora Marcelo Pantoja, expresidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo). El poder sigue al dinero, dicen, pero en este caso no parece haber intención de cederle el poder, sino de incorporar a los que tienen el dinero como otro sector social. Tras un año de relaciones un tanto frías, Morales ha limado asperezas con un empresariado local que paró en los tres paros cívicos y que luego tuvo que pagar a regañadientes el segundo aguinaldo.

En enero de 2018, las posiciones entre el Gobierno y los empresarios se distanciaron cuando un paro en contra del Código Penal interrumpió negociaciones como la liberación de las exportaciones y el uso de transgénicos. En septiembre, esa pausa fue echada en cara por Romero a un alto dirigente empresarial en un foro de EL DEBER y les dijo que si no se hubieran levantado de la mesa de negociaciones, ya hubiesen resuelto ambos pedidos. Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, confirmó el quiebre.

“En cierto momento el Gobierno pensó que los empresarios no íbamos a acatar los paros cívicos, pero siempre hemos estado con el Comité, más aún si se trata de preservar la democracia. Además, hubo todo el tema del segundo aguinaldo en donde el Estado dijo que se iba a reunir con el sector privado y nunca lo hizo”, dijo. Pese a ello, al Comité Cívico no le fue fácil seguir con la agenda que le mandaban los activistas del 21-F y que incluso pedían otros comités, como avanzar hacia paros de 48 horas y huelgas indefinidas.

Juan Flores, presidente cívico cochabambino, se quejó de que Santa Cruz, Oruro y Tarija no habían estado de acuerdo con medidas extremas. Luis Fernando Camacho, presidente electo del Comité cruce- ño, admite que en el último tiempo “no ha habido la presencia empresarial de otros años”, pero cree que eso no implica que el empresariado no esté con el Comité. “Es una cuestión de que el Gobierno los tiene presionados, chantajeados y no los deja aparecer en cualquier medida que vaya en contra de sus medidas”.

Diversas agendas
Romero es uno de los nombres clave en el nuevo acercamiento entre el empresariado y Morales. El ministro de Gobierno se ha convertido en nexo y, según Hugo Siles, exministro de Automonías y hoy colaborador de Romero en el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), hay una serie de reuniones que no se hacen públicas porque ya se han vuelto parte de la gestión normal del ministro.

Como prueba de ello indicó que minutos antes de la entrevista acabó una reunión entre empresarios, personal de Cancillería, Romero y el flamante ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, para hablar del desarrollo de Puerto Busch, la ‘salida al Atlántico’ a través de la Cuenca del Plata que quieren construir en Puerto Suárez. Hay tres diferentes agendas de Morales con Santa Cruz.

En dos están involucrados solo los empresarios y el Gobierno y una tercera también deberán ingresar los municipios metropolitanos y la Gobernación, que de momento se ha mantenido al margen de las reuniones. La agenda más grande, según Marcelo Pantoja, tiene que ver con una frase que ha reflotado en los últimos meses: alianza público privada. Ahí hay una obra clave: Puerto Busch. Tras el fallo de La Haya se activó una comisión mixta para impulsar el puerto sobre el canal Tamengo.

“Es el proyecto más grande”, dice Pantoja, que asegura que los empresarios están en condiciones de invertir. Pero ese no es el único tema. Los biocombustibles también están sobre la mesa. Más allá del etanol proveniente de la caña, Ana po negocia un trato similar para producir el mismo aditivo desde el sorgo y quiere una garantía de buenos precios para producir biodiesel. “Bolivia es un país dieseldependiente. Serían siempre inferiores a los precios de importación, pero necesitamos precios atractivos para hacer las inversiones”, dice Pantoja. Se trata de unos $us 30 millones para instalar una planta.

Cierran el círculo de la alianza dos temas clave para la región: ampliación de la frontera agrí- cola y la liberación de usos de biotecnología. Sobre el segundo tema Pantoja dice que se ha avanzado, que ya no es sostenible producir sin transgénicos y que Anapo espera una señal clara con la aprobación del ‘evento HB4’, una variedad de soya resistente a la sequía. Sumadas todas las variables de la ecuación: Puerto Busch, ampliación de la frontera agrícola, biocombustibles y biotecnología, dan como resultado la liberación de las exportaciones. Siles dice que está a un paso de concretarse, solo falta una negociación con productores avícolas sobre el precio de la torta de soya.

La agenda que incluye los municipios metropolitanos y la Gobernación tiene que ver con la financiación de proyectos que involucren a toda la región de la ‘gran Santa Cruz de la Sierra’ y también con proyectos viales (puentes y rutas panamericanas), de transporte (BRT y tren interurbano), de drenaje y residuos sólidos.

Para ello Morales ha enviado a los ministros de Obras Públicas y Planificación que han tenido reunión con la Alcaldía cruceña. La tercera agenda es con ‘jóvenes empresarios’. En una reunión participaron varios emprendedores que iban desde empresarios gastronómicos hasta importadores de vehículos. Uno de ellos fue Danilo Saavedra, que importa principalmente Toyota.

Él fue a hablar por su sector y el problema del contrabando de vehículos. Le dijo que las 23.000 unidades que entran todos los años generan un negocio ilícito de más de $us 360 millones, y que no solo afecta a su sector, sino también al Estado, porque no tributan y cargan gasolina subvencionada.

Entre los jóvenes los pedidos se centraron en alivianar la burocracia al momento de hacer negocios, corregir los procesos de importación engorrosos y que encarecen los productos, algunas ‘injusticias’ del sistema impositivo y ver la forma de que los jóvenes emprendedores puedan acceder a créditos para iniciar sus empresas.

Le dijeron que en estos momentos no está fácil hacer empresa. Al salir, cada uno de los asistentes tenía un meme que los tildaba de traidores. “No les hago caso, me enfoco en trabajar, no le estamos haciendo daño a nadie”, dice Danilo Saavedra. “Voy a defender mi sector, somos productores nacimos en el campo, no estamos trabajando en política, este Gobierno nos está escuchando y podemos avanzar”, añade Pantoja.

Rojo cree que hay demasiada susceptibilidad, que todos los presidentes del mundo se reúnen con los empresarios, aunque hay dos cosas que no le gustan: que el presidente use las reuniones para sus tuits y que estas no se canalicen a través de la institucionalidad empresarial: “Quizás está escuchando algunos criterios que no reúnen las necesidades de todo el sector y se pueden desarrollar acciones que no sean para el bien común”, dice Rojo, que no ha aparecido en ninguna de las últimas fotos del presidente con los empresarios.

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