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­­­El Gobierno de Macri resiste a los inmigrantes y hay duras críticas


Los expertos creen que el nuevo decreto es una norma inconstitucional porque avasalla la tuición del Congreso. Para justificar la norma, se utilizan datos de extranjeros presos. Se prepara un proyecto de ley para anular la disposición de Mauricio Macri

Operativo sorpresa fue en la terminal de Liniers. El blanco de los policías eran los paraguayos, peruanos y bolivianos
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05/02/2017

El decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, publicado esta semana en Argentina, modifica la Ley Migratoria en detrimento de algunos derechos que la propia ley ampara.

Todo pasó muy rápido para la aprobación de una norma que nunca tuvo la posibilidad de ser analizada y menos discutida. En los medios de comunicación se relacionó con ligereza este DNU a los últimos episodios de delincuencia en Argentina, como el caso Brian, donde un adolescente murió baleado en el barrio de Flores en manos de un joven de 15 años, hijo de inmigrantes. 


“Un caso no marca un índice, es un error esta versión emitida por las autoridades y sostenida por los medios. Los números de la población carcelaria son distintos a los que dice el Gobierno”, sostuvo Lourdes Rivadeneira, directora de la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina, y agregó: “Desde que inició (este Gobierno) dio claras muestra de no estar de acuerdo con la actual política migratoria. Sus discursos son contra peruanos, paraguayos y bolivianos, y desde el inicio dio un claro desprecio por el Mercosur y se inclinó más al tratado de libre comercio”.



Las cifras
En 2010, el último Censo en Argentina registró 1.800.000 residentes extranjeros. En 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó una proyección de ese número a 2.000.000 de los 43.000.000 de habitantes en el país. Por lo que, según el comunicado de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref), del total solo un 4,5% es inmigrante.


Según los datos del Ministerio de Justicia, las personas extranjeras detenidas por delitos relativos a drogas suman 1.426, eso representa solo el 0,06% de la población migrante y el 2% de las 71.464 personas que cumplen pena privativa de libertad por cualquier delito.
Según información del Sistema Nacional de Estadística sobre ejecución de la pena de 2015, la población extranjera en cárceles asciende a 4.449, solo un 6,2% del total de la población carcelaria del país.


La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró esta semana que un 33% de los presos relacionados con delitos de narcotráfico en Argentina son extranjeros. “Acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga, acá vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga, no tanto bolivianos. (…) quiere decir que la concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país”, afirmó.


Ante estas declaraciones, el cónsul de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia, expresó su repudio: “Nos indignó la adjetivación de la ministra, no solamente tuvo cifras que no son verídicas, tenemos documentos oficiales de las penitenciarías, sino que nos ha manchado, nos afecta, tipifica a niños, ancianos, madres de familias y trabajadores honestos”. 
En el Censo del 2010 se registró la residencia de 340.000 bolivianos en Argentina y con las proyecciones se estima que hay 800.000 bolivianos residentes. 



Sin necesidad
Diego Morales, director ejecutivo del Centro de Estudios Legislativos y Sociales, explicó que el decreto tiene elementos a analizar. 


1. Es inconstitucional: el Gobierno decidió reformar la ley a través de un mecanismo que está prohibido por la Constitución y es usurpar facultades que son legislativas. “El Ejecutivo tiene prohibido dictar leyes, salvo en aquellas situaciones que requieran urgencia, cuestiones excepcionales, pero en este no era el caso”.


2. El uso de datos: “Los números que maneja el Gobierno son errados, pero los usan para justificar la situación de emergencia, la ley vigente ya prevé mecanismos para la posibilidad de expulsión por delito de narcotráfico”, explicó.


3. Hay un uso electoral del decreto: con la ampliación, todas las personas extranjeras que entran al sistema penal pueden estar sujetas a un proceso de expulsión. Incluso aquellas que ya poseían residencia permanente.


4. Los procesos:  se reduce a tres días el periodo para buscar un abogado, armar la defensa y presentar pruebas; es ilógico que con la situación en la que viven muchos inmigrantes, esto sea viable.




5. La población carcelaria total presa por narcotráfico es un 10% y de ese 10%, el 83% es argentino y el 17% extranjero.


Carolina Mera, directora del Instituto de investigaciones Gino Germani en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y especialista en temas migratorios, sostiene: “Pasamos de un paradigma de los derechos humanos que promovía un debate de la sociedad civil, donde se ponía la migración como un derecho humano, a un paradigma que no concibe la migración como un aporte, sino como un problema que se debe controlar y reprimir”.


 Para los investigadores es un retroceso enorme con gran impacto no solo en la comunidad migrante, sino en el país porque “pone en juego el espíritu democrático, la sociedad solidaria y la convivencia pacífica. Es gravísimo” afirmó Morales.


Mera consideró que se está criminalizando la migración para justificar la crisis económica, “hoy son los migrantes, mañana puede ser otra cosa, porque no hay ningún pudor en la falta a la verdad en el uso de los datos”.


El decreto, al ser de necesidad y urgencia, está vigente, aguardando que pase por las cámaras de Senadores y Diputados para ser refrendado. “Los migrantes tienen mucho miedo ante una norma que puede significar la expulsión con solo haber cometido una contravención como cruzar un semáforo en rojo. Nosotros estamos trabajando para informar a todos, estamos armando una cartilla para que se sepa qué hacer si los detienen”, dijo Rivadeneira.


Los organismos planean reuniones, marchas y denuncias para los días próximos, como sostuvo Juliana Cabrera, representante de los diputados del Partido Obrero del Frente de Izquierda: “Estamos armando un proyecto de ley en rechazo al DNU, que presentaremos ante las cámaras mientras estas tratan el decreto, pero para que se deniegue, ambas cámaras deben rechazarlo y así poder plantear otras vías. Aunque por el consenso existente sea casi improbable, vamos a luchar”, insistió.
Ni migraciones argentinas ni el Ministerio del Interior accedieron a emitir declaraciones hasta la próxima semana.


Existe un silencio por parte de los organismos en relación con la coyuntura de este DNU, incluso en la Cámara Argentina de Turismo, cuya empresa representante ante la prensa, Axon, no supo responder ante la consulta sobre la repercusión de la cláusula de reducción del tiempo de estadía para turistas de 90 a 30 días.


Si bien semanas anteriores Migraciones garantizó que el planteamiento conservaría una política de puertas abiertas y no significaría restricciones a la inmigración, su página web no publicó más información ni declaraciones luego de que el 31 de enero subieran el documento final  



 




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