Multimedia: 10 años del caso terrorismo con más dudas que certezas

ESPECIAL

La madrugada del 16 de abril de 2009 una unidad de élite irrumpió en el hotel Las Américas con el objetivo de intervenir las actividades de un presunto grupo irregular. Era el inicio del caso terrorismo


Este martes se cumplen diez años del operativo en el hotel Las Américas. Este hecho daría paso al llamado caso terrorismo, un proceso judicial que investiga la supuesta organización de un grupo subversivo con fines separatistas que hasta la fecha no ha podido ser comprobado. En casi una década pasó de todo, menos el esclarecimiento de los hechos, aquellos que se declararon culpables aseguraron que lo hicieron solo para poder salir libres, están fuera del país al igual que la mayoría de los acusados. Los pocos que se quedaron viven un calvario judicial: los que consiguieron detención domiciliaria o medidas sustitutivas no han recuperado su vida normal, tienen deteriorada la salud y viven bajo la permanente amenaza de retornar a una celda, los que están presos sobreviven en una de las cárceles más peligrosas del país. El fiscal que investigó el caso en un principio huyó hacia Brasil, donde ha conseguido refugio, y ha señalado que todo es un montaje. El gobierno ha ratificado durante los nueve años que lo que pasó fue un intento de dividir el país y por primera vez enfrenta la posibilidad de responder ante la justicia internacional por las muertes de abril de 2009. Todo, mientras avanza lentamente el juicio, que se ha convertido en un símbolo de los peores males de la justicia boliviana. 

¿Qué pasó durante estos 10 años? Aquí repasamos estos hechos:

Ataque a la casa del cardenal y el operativo en Las Américas

Poco después de la medianoche del 15 de abril de 2009, una explosión sacudió la calle Seminario, a media cuadra del segundo anillo de la capital cruceña. Desconocidos a bordo de un vehículo lanzaron un artefacto explosivo en la puerta del garaje de la casa del cardenal Julio Terrazas (+) y huyeron del lugar.

Un día después de este hecho, más concretamente en la madrugada del 16 de abril de 2009, un equipo de policías irrumpió en el cuarto piso del hotel Las Américas, acabaron con la vida de Eduardo Rózsa y de otros dos extranjeros Árpad Magyarosy, Michael Dwyer, y detuvieron a Mario Tadic y Elöd Tóásó, únicos sobrevivientes del operativo.

La Policía se lleva los cuerpos de los fallecidos en el operativo en el hotel Las Américas

El Gobierno acusó a estas personas y otras más, que huyeron del país, de pertenecer a una célula terrorista, de estar preparando la separación de Santa Cruz a través de enfrentamientos armados y de pretender matar al presidente Evo Morales.

 

 

 

Detenidos y fugas

Después del operativo en Las Américas, se comenzó una cacería de brujas en Santa Cruz. Personalidades cruceñas acusadas de estar vinculadas con el grupo Rózsa fueron perseguidas y detenidas. Los primeros en ser capturados y llevados a La Paz fueron los exunionistas Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Se ordenó su encarcelamiento al ser encontrados sospechosos de haber participado del supuesto alzamiento armado y presunto terrorismo.

El fiscal Marcelo Soza, encabezó la comisión de investigadores. Durante el proceso fue acusado de extorsionar a empresarios, políticos y líderes cívicos para no ser incluidos en el proceso. Tuvo algunos reveses jurídicos por llevarse un proceso que se originó en Santa Cruz a la sede de Gobierno, pero al final el Tribunal de Justicia paceño ordenó que el caso sea sustanciado allí.


Soza encabezó las investigaciones del caso terrorismo

18 de los 39 acusados por la Fiscalía, optaron por salir del país y no ser parte del juicio. Dejar familia, trabajo y amigos atrás fue una decisión escalonada, ya que mientras unos eran detenidos en La Paz luego de dar su declaración informativa sobre el caso, otros cruzaban las fronteras del país de manera anónima y se conocía sobre su paradero días después.

Los que eligieron este destino y han sido declarados rebeldes por la justicia, pero insisten en su inocencia desde otras tierras son: Guido Nayar, Mario Antonio Paniagua Alpire, Gelafio Santiesteban Hurtado, Branko Marinkovic, Alejandro Melgar, Hugo Achá, Alejandro Brown, Luis Hurtado, Rony Hurtado, Enrique Vaca, Lorgio Balcázar, David Sejas, Alfredo Saucedo, Héctor Laguna, Pablo Humberto Costas, Mario Bruno y Luis Orlando Justiniano.

 

Inicio del juicio

Tres años y seis meses después del operativo en Las Américas, en octubre de 2012, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz ordenó iniciar el juicio oral en contra de 39 acusados de haber cometido los delitos de alzamiento armado y terrorismo en el país. Las audiencias comenzaron con 21 sindicados presentes y 18 con refugio político en otros países, principalmente Brasil.

Elöd Tóásó en unas de las audiencias del juicio

Debido a los problemas de salud de muchos de los procesados, la sede de las audiencias, que en principio se planteó sea La Paz, fue cambiada e hizo que los procesados pasen por ciudades como Cochabamba y Tarija, donde Ronald Castedo sufrió un infarto.

El tribunal está conformado por Sixto Fernández y Elena Gemio, ambos jueces de carrera, y por las ciudadanas Anastasia Calizaya y Sonia Mamani.

Soza huye al Brasil y hace revelaciones

El fiscal Marcelo Soza, que no participó en el operativo en el hotel Las Américas, se mantuvo firme en sus funciones pese a que en los dos primeros años del juicio se filtraron audios en los que supuestamente se lo escuchaba decir que el caso terrorismo fue un montaje político y que el Gobierno estaba involucrado en el proceso para anular la oposición política que surgía en el oriente del país.

 

 

Se presentaron denuncias e intentaron hacer pericias para conocer la verdad sobre estos audios, pero ninguna autoridad siguió la causa. A la par Soza era azuzado por familias como la del procesado Zvonko Matkovic, que lo acusaban de haberlos extorsionado. Los testimonios de los exasesores del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas, presos por otro caso, aseveraban que las denuncias eran ciertas y que el caso terrorismo fue armado.

La presión terminó haciendo que Soza salga del país el 11 de marzo de 2014, asegurando que su vida estaba en peligro. Desde su nuevo destino, Brasil, donde goza de refugio político, envió una carta a Bolivia y tuvo contacto con varios medios de comunicación, explicando que el caso terrorismo fue un montaje del Gobierno.

 

Seis se declaran culpables y validan la acusación fiscal

La salida de Marcelo Soza y del policía que era su custodia personal, el exteniente de la Policía José Juan Laguna, mantuvieron un año de constantes dudas sobre el caso. 2014 fue una gestión en la que los procesados en este caso vieron validadas sus versiones por aquellos que en principio los acusaban y en las audiencias del juicio, que ya habían sido traídas a Santa Cruz, se respiraba un cierto aire de victoria. Sin embargo, entre 2015 y 2016 todo cambió y los procesos abreviados de los dos sobrevivientes del operativo en el hotel Las Américas, Elöd Tóásó y Mario Tadic, además de la aceptación de culpa de Juan Kudelka, supuesto encargado del manejo de los aportes financieros de Branko Marinkovic; de Ignacio Villa Vargas, testigo clave de la Fiscalía y que conoció al grupo de Eduardo Rózsa; el coronel retirado de Ejército, Zoilo Salces, contacto en Beni del supuesto grupo irregular y Gelafio Santiesteban, uno de los primeros detenidos por el caso, fueron una válvula de oxígeno para el caso a favor de los acusadores. 

Sus testimonios terminaron sirviendo para que los delitos de alzamiento armado y terrorismo, aunque sea en grado de complicidad, tengan a sus primeros condenados.

Los fiscales Sergio Céspedes y Marco Antonio Rodríguez siguen al frente del juicio

Estas seis personas, que durante el juicio dieron otra versión de lo ocurrido, al poco tiempo de haber sido sentenciados y sin mayor valor legal, volvieron a decir que los presionaron para cambiar sus verdaderas a favor del Gobierno. Tóásó y Tadic se marcharon del país en un operativo montado desde Europa. 

El juicio avanza lento y suman las dudas

En octubre el juicio por el caso de supuesto terrorismo cumplirá siete años, convirtiéndose en uno de los más largos de la historia reciente de Bolivia. El proceso, en el que se han presentado decenas de recursos judiciales, sigue estancado en la presentación de pruebas documentales, un procedimiento lento que puede durar meses. 

En 2016, cuando el proceso judicial ya llevaba cuatro años, los acusados por el caso terrorismo evaluaban así el largo y penoso juicio: 

 

A lo largo de estos años, en los diferentes salones de audiencia del caso se escucharon versiones contradictorias de lo ocurrido. Se vio llorar implicados por las supuestas torturas a las que fueron sometidos y escuchar a exfuncionarios del Gobierno sobre un supuesto montaje; sin embargo, nada ha hecho cambiar la tesis del Ministerio Público, apoyada por el Ministerio de Gobierno, ya que pese a todas las dudas planteadas el caso se mantiene en pie dirigido por los jueces Sixto Fernández, Elena Gemio, Anastasia Calizaya y Sonia Mamani.

Las argucias jurídicas siguen haciendo que el caso tienda a extenderse. Si hasta hace un par de años algunos de los abogados, fiscales e implicados se animaban a poner fecha al cierre de este caso, ahora nadie se atreve a colocarle un epitafio al juicio, que en este última etapa comenzó a sufrir la suspensión permanente de sus audiencias por problemas de los miembros del mismo tribunal.

Zvonko Matkovic, que se negó a reconocer su culpabilidad por un delito que asegura que no cometió, a pesar que esto le significaría la libertad, logró en marzo del año pasado que su prisión preventiva sea cambiada por detención domiciliaria. Una decisión judicial que el Gobierno ha decidido apelar. Ha logrado retornar a su hogar pero tiene problemas de espalda y en la rodilla, que surgieron durante su encierro. Es vigilado por una escolta policial permanente en su casa.

Además de Matkovic, también tiene detención domiciliaria Marco Antonio Monasterio, mientras que los que tienen detención domiciliaria son: Carlos Eduardo Pereyra, Alberto Melgar Villarroel, Juan Adalberto Tórrez, Roberto Justiniano, Mario Herrera, Juan Carlos Velarde, Hugo Paz y Hugo Melquiades Vásquez. 

Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes son los únicos que permanecen en la cárcel de Palmasola y completan la lista de los 12 acusados que son los únicos que siguen asistiendo al juicio. 

Este reportaje de EL DEBER, publicado en 2014, muestra detalles no conocidos sobre el operativo en el hotel Las Américas: 

 

Los sobrevivientes de Las Américas ven que el juicio no tendrá un final

“Las horas previas fueron normales, cena liviana, decirle buenas noches a Eduardo (Rózsa) y entrar a mi habitación donde chateé con mi esposa unas cuantas horas hasta irme a dormir. El tiempo del operativo y después de este, fue de golpe en golpe, nadie decía por qué sucedía lo que hacían, no se identificaron, golpes e interrogatorio, con los ojos vendados, viajes en vehículos, cambios de vehículos, voces y más preguntas... lo que sí, a la mañana siguiente en El Alto, cuando me sacaron la venda de los ojos asocié una de las voces del interrogatorio con (Carlos) Núñez del Prado (ya fallecido) y a otros posteriormente”, recordó así Mario Tadic, desde Croacia, la noche previa al asalto del hotel Las Américas (madrugada del 16 de abril de 2009).

Tadic junto a Elöd Tóásó, el otro sobreviviente del operativo en el hotel Las Américas, conversaron con EL DEBER a un día de cumplirse 10 años del operativo contra la presunta célula terrorista, donde murieron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, acción que además provocó la salida hacia otros países de líderes cívicos y políticos cruceños que fueron asociados con la presunta organización criminal, cuyo juicio cumplirá siete años en octubre de 2019, sin que aún se dicte una sentencia.

Tanto Tadic como Tóásó, que en febrero de 2015 aceptaron ser culpables del delito de alzamiento armado en contra del Estado, ahora desde el exterior reiteran que la decisión de autoinculparse fue la única opción que encontraron para dejar su encierro en el penal de San Pedro, en La Paz, ya que no ven que el proceso judicial tenga un final cercano.

“La única manera de terminar con la farsa judicial era declararse culpable, aun sin serlo. De otra manera seguiríamos en un juicio que no tiene para cuándo terminar y mi familia seguiría sufriendo las consecuencias físicas, sicológicas y económicas”, rememoró Tadic, mientras Tóásó complementó que las opiniones que entregaba las Naciones Unidas sobre su detención no eran escuchadas en el proceso, por lo que no lesquedó otra opción que “aceptar lo que se les ofreció desde el comienzo, aun en los primeros meses de la ‘investigación’, que era someternos a un proceso abreviado”.

Finalmente, ambos, señalan que, si bien los años de prisión fueron una tortura y un permanente dolor para sus familias, recordaron que en esos momentos duros consiguieron ‘tejer’ lazos de fuerte amistad con muchas personas, a las que prefirieron no nombrar por el temor de que caigan en alguna posible represalia.

Ignacio Villa Vargas, conocido como ‘El Viejo’ y supuesto infiltrado del Gobierno en el grupo de Rózsa, recordó desde su detención domiciliaria en su casa en Cotoca, encierro que debe cumplir por un año más hasta concluir con su condena, que la noche del 15 de abril (horas antes del operativo policial en Las Américas) recibió una llamada de Rózsa que le pedía ir hasta hotel, situación a la que él no accedió y después ocurrió lo que todo el mundo conoce.

Querían matarme a mí también, este caso no debía quedar con ningún testigo”, agregó.

Para el Gobierno y la Fiscalía, la intervención fue necesaria, las muertes ocurrieron en medio de un cruce de fuego y negaron cualquier abuso a los derechos humanos en contra de Tadic y de Tóásó, de quienes dicen que se autoinculparon sin presiones y que luego escaparon del país.

El proceso judicial que se inició un día antes del operativo y que se rotuló como caso terrorismo, a poco de cumplirse 10 años de la intervención en el hotel Las Américas no logra encontrar un final.

La semana pasada, luego de casi un año, recién se logró concluir con la lectura de una de las pruebas documentales que presentó la Fiscalía y que consiste en el listado telefónico de uno de los números secuestrados en la operación. Luego, viajes de una de las juezas ciudadanas y otras situaciones, volvieron a postergar la prosecución de las audiencias hasta el 20 de este mes.

Gary Prado, abogado de cinco de las 12 personas que aún asisten a las audiencias de juicio, dijo que este caso no sabe cuándo concluirá y añadió que lo que se quiere es jugar al desgaste de los implicados, ya que recordó que todavía se sigue tentando a los procesados con la posibilidad de someterse a procedimientos abreviados, a cambio de la libertad y de una aceptación de culpa dentro del juicio por terrorismo.