Los últimos árboles de la Amazonía

EXCLUSIVO

Un equipo de periodistas de cinco países de Latinoamérica investigó el mecanismo que utiliza el tráfico global para saquear y lavar la madera amazónica. Los tablones de origen ilegal de Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia son incorporados en el mercado internacional con documentos oficiales que casi nunca son verificados. Las mafias -que amenazan y asesinan líderes e indígenas- ahora están detrás de nuevas especies forestales, pero los gobiernos no hacen nada para protegerlas. Estados Unidos y China son los principales destinos. Estiman que el 30% de la madera vendida en todo el mundo es ilegal


“Si continuamos talando árboles sanos a este ritmo, en menos de 600 años habrá quedado reducido a un tocón el último árbol del planeta” | Hope Jahren. “La memoria secreta de las hojas”.

Nelly Luna Amancio
 

Alertados por el ingreso de extraños que extraían ilegalmente los árboles más longevos de su territorio, en agosto de este año, los miembros de la comunidad indígena Shawi, en la zona nororiental de la Amazonía de Perú, convocaron a una asamblea para decidir qué acciones tomarían contra este grupo de taladores que estaba utilizando la única vía que conecta a la comunidad con el distrito más cercano, Balsapuerto.

Los traficantes usaban la trocha para sacar en enormes camiones los troncos de los árboles cortados, y a su paso, las enormes llantas y pesado cargamento destruía la vía. Los shawi decidieron instalar un punto de control y frenar con ello el tránsito de estos camiones. Hicieron lo que hace tiempo el Estado peruano no logra hacer: controlar las rutas del tráfico de madera. Lo que siguió fue una historia violenta de amenazas contra sus principales dirigentes.

No fue la primera vez que traficantes amenazaban a líderes indígenas. En setiembre del 2014 una de estas amenazas se cumplió. Un grupo de taladores ilegales asesinó a Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, miembros de la comunidad Saweto, ubicada en Ucayali, cerca a la frontera con Brasil. Chota era presidente de la comunidad y hacía más de doce años que venía denunciando el tráfico de madera en sus territorios, sin que las autoridades iniciaran una investigación seria. A cuatro años de este crimen, la justicia de Perú no ha logrado condenar a los asesinos, ni mejorar la seguridad de otros líderes amenazados, ni reducir la extracción de árboles en bosques prohibidos que luego acabarán siendo parte de ese millonario y sofisticado negocio del tráfico global de madera en el mundo.

 

Los cálculos del Programa de la Naciones Unidas para el medio ambiente señalan que este ilícito negocio supera los 50 mil millones de dólares y pueden representar el 30% de toda la madera que se comercializa en el mundo. #MaderaSucia, es una investigación -liderada por Ojo-Público y Mongabay Latam, en alianza con un equipo de reporteros y medios de Colombia (Semana, El Espectador), Bolivia (El Deber), México (Connectas) e Infoamazonía (Brasil)- que analiza la situación actual del mercado de la madera amazónica y los mecanismos que utilizan las mafias para lavar los productos de origen ilegal con el fin de incorporarlos a la cadena de comercio global.

Los papeles falsos de la selva

El sistema que permite la “legalización” de la madera extraída de bosques prohibidos para luego ser comercializada y exportada se repite en todos los países amazónicos. Los documentos oficiales -que no cuentan con procesos de verificación en campo por parte de las autoridades de cada país- están permitiendo desde hace años un sistema impune de saqueo de los recursos forestales de la Amazonía latinoamericana. Los destinos más frecuentes de esta madera son Estados Unidos y China.

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En todos los casos reportados y entrevistas realizadas para esta serie investigativa las autoridades confirman que el método que más usan las mafias madereras es la declaración de información falsa en documentos oficiales. Es decir, en la mayoría de casos, la madera de origen ilegal se vende con papeles que dicen que esos árboles salieron de una zona autorizado, cuando en realidad fueron extraídas de áreas naturales protegidas o tierras indígenas.

 

Los ejemplos más recurrentes se encuentran en Perú, país que después de Brasil, exporta más madera al mundo. Durante los últimos años, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) ha identificado planes forestales aprobados por los gobiernos regionales que sostienen tener un número determinado de una especie de árboles en tasas científicamente imposibles. Otros, declaran tener árboles en los cauces del río o en coordenadas equivocadas.

 

Las autoridades de Bolivia reconocen una situación similar: los traficantes de madera adulteran los Certificados Forestales de Origen (CFO) para incorporar cargamentos ilegales y comercializarlos.

 

La historia se repite, aunque en menor escala, en Colombia. Como señalan los reportajes de Semana y El Espectador, el 47% de la madera que se vende en este país es ilegal, según los cálculos del Ministerio del Ambiente. La investigación revela que el negocio de la madera de origen ilegal puede movilizar 750 millones de dólares al año, casi la tercera parte de lo que mueve el narcotráfico.
 

En Brasil, una investigación de Greenpeace detalla cómo se inventa información en los papeles que certifican el origen de la cotizada madera Ipe. El sistema es el mismo. Los madereros las declaran en sus inventarios, pero en realidad no existen en el campo. Según esta organización, Estados Unidos es el país que más madera de tipo Ipe ha importado con documentos oficiales que tienen evidencias de haber “inflado” o mentido sobre el origen real de los árboles talados.

 

Solo en Perú, entre octubre del 2017 y agosto de 2018, Osinfor identificó la extracción ilegal de 274 mil metros cúbicos de madera valorizada en más de 30 millones de dólares, equivalente a la carga de 5 mil camiones.

 

Parte de la madera que durante los últimos años se extrajo de la Amazonía peruana, fue exportada hacia México, para desde allí se envía a EEUU. En el reportaje desarrollado por Connectas, se identifica a las 10 empresas que compraron la madera de origen ilegal de uno de los operativos más exitosos contra el tráfico impulsado por la Interpol y la fiscalía peruana. El análisis de la documentación revela que el 81% del total de madera que se comercializó había sido extraído de áreas prohibidas.

 

 

Todos los caminos conducen al Perú. En Colombia, Brasil y Ecuador los investigadores señalan que la madera extraída de sus territorios es enviada a la parte amazónica peruana, donde es lavada y comercializada. Para entender la magnitud del tráfico, miremos el número de personas procesadas por delitos vinculados a la tala ilegal. Una base de datos construida por Ojo-Público como parte de esta investigación, determina que entre el 2009 y 2017, las fiscalías ambientales y juzgados en todo el país investigaron a casi 8 mil personas por casos relacionados al tráfico ilegal y extracción de madera.  

 

Nuevas especies amenazadas

Ante los controles y protección de especies de alto valor comercial como la caoba y el cedro, el mercado ha comenzado a presionar otros árboles. Sobre los últimos años se ha incrementado, por ejemplo, la presión de extracción y exportación del Shihuahuaco. Un comité de científicos que analizó la densidad de esta especie sostuvo que si la presión sobre este árbol continúa, la especie podría estar atravesando sus últimos días.
 

La única forma de llevar un adecuado control sobre las especies de madera exportadas sería si las empresas detallaran siempre en el documentos de exportación el nombre correcto de la especie, pero eso no ocurre. Las aduanas no lo exigen y la gran mayoría de las empresas declara solo el volúmen, más no el  nombre de la especie que exportan. Las pocas compañías que sí lo hacen, utilizan el nombre local que le dan al árbol, lo que dificulta incluso tener una muestra de las especies de madera exportadas. La incorporación de estos datos permitiría tener un control más eficaz de las especies exportadas.

En Perú hace doce años no se actualiza el listado de especies amenazadas. El lobby del sector maderero quedó en evidencia cuando se frenó el documento científico que recomendaba incorporar al shihuahuaco en entre las especies más amenazadas en los últimos años.

Deforestación

La tala ilegal en la Amazonía tiene de contexto el incremento permanente de áreas deforestadas. Pese a los esfuerzos, nadie detiene la destrucción de los bosques en manos de ganaderos, mineros ilegales, monocultivos y otras formas de agricultura. En Colombia, el 70% de la deforestación se concentra en la Amazonía y, desde la salida de las FARC, aumentó 44%. Los bosques de la zona de Quibdó, son los más afectados.

La minería ilegal, como ocurre con la selva de Madre de Dios, en Perú, está devastando el ecosistema de esta región. En la Amazonía de Colombia, la deforestación en varios lugares tiene como actores armados, donde se mezclan los paras, disidentes de las Farc y corredores del narcotráfico hacia el Pacífico.

 

En un breve artículo publicado en la revista Science Advances a finales de febrero de 2018 -y citado por El Espectador- el científico Lovejoy mencionaba que los bosques de la Amazonía estaban acercándose a un punto de no retorno. Sus cálculos sostienen que en los últimos 50 años toda la Amazonía -compartida por nueve países- ha perdido el 17% de la vegetación. Y advierte: si esta cifra alcanza el 20%, uno de los últimos pulmones verdes más importantes de la humanidad dejará de ser sostenible.


Las autoridades colombianas han reconocido que no podrá de cumplir su compromiso de alcanzar la deforestación cero el 2020. Incluso, los datos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible sostienen que en este país la pérdida de bosque natural el 2020 crecerá 200%. En Perú, que también asumió el mismo compromiso, nadie ha dicho nada.

No hay estrategias conjuntas

Las acciones contra el tráfico de madera por parte de los países que comparten la Amazonía no son conjuntas. Salvo esporádicas intervenciones en las que participa la Interpol, los gobiernos de Perú, Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador no tienen un plan integral y conjunto para enfrentar el tráfico global de madera amazónica y ponerle frenos a la depredación de ciertas especies.

En Ecuador, por ejemplo, como explica el informe de la Revista Vistazo, el año pasado declararon en veda por 10 años la caoba o ahuano (Swietenia macrophylla). Pero eso no ocurre en Perú o Bolivia. Las acciones penales también son diferentes. Mientras que en Perú el tráfico de madera es un delito penado con cárcel, en Bolivia o Colombia son solo faltas administrativas. En el contexto aduanero ocurre un tema similar. Los papeles de exportación de madera no se encuentran estandarizados y cada exportador coloca voluntariamente el nombre de la madera que exporta. Usan las denominaciones locales y no el nombre de la especie, lo que dificulta conocer los volúmenes globales por tipo de árboles.
 

Con la publicación de la investigación transnacional #MaderaSucia iniciamos la primera de una serie de reportajes en los que se busca desentrañar el sistema que permite el saqueo impune de los árboles de nuestra Amazonía, pero también el imparable incremento de la demanda internacional a costa de la degradación ambiental y la violencia de las mafias.

 

La destacada científica y bióloga Hope Jahren explica las consecuencias de la imparable apetito humano por los recursos en “La memoria de los árboles”: “Nuestro mundo se está desmoronando en silencio. La civilización humana ha reducido las plantas – una forma de vida de 400 millones de años- a tres cosas: alimento, medicina y madera. En nuestra implacable y cada vez más intensa obsesión por obtener más volumen, potencia y variedad de esas tres cosas, hemos devastado los sistemas ecológicos vegetales hasta un extremo que millones de años de desastres naturales no pudieron alcanzar. Si continuamos talando árboles sanos a este ritmo, en menos de 600 años habrá quedado reducido a un tocón el último árbol del planeta”.

 

Los papeles falsos que lavan la madera ilegal en Bolivia

Miriam Jemio | Mongabay-Ojo Público

El tráfico de madera se sostiene con documentos que contienen información falsa: se declaran árboles inexistentes en las concesiones forestales para luego justificar el volumen con el ingreso de madera extraída de zonas prohibidas.

La plaza principal de San Carlos, un pequeño poblado ubicado a 110 km de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, luce tranquila. Es mediodía de un martes de abril y hay poco movimiento en sus calles. Desde allí se puede ver una parte del frondoso bosque que protege el Parque Nacional Amboró. Los habitantes de esta comunidad dicen que la biodiversidad del parque no está a salvo.

Desde hace décadas, se ha convertido en una de las zonas predilectas de los traficantes de madera. San Carlos pertenece a la provincia Ichilo y es uno de los siete municipios que rodean esta área protegida. Desde este lugar las comunidades campesinas que habitan la zona batallan para evitar el saqueo de sus árboles, principalmente de la mara, especie conocida también como caoba. Por eso demandan más acciones de control. Los tres operativos que se realizan en el parque al año no son suficientes para controlar el problema. Víctor Hugo Chávez, director de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la Alcaldía de San Carlos, dice que la gente de las comunidades permanentemente “ven pasar por el río o en transporte pesado a los callapos o trozos de madera”.

El funcionario reconoce que no es sencillo realizar las intervenciones, que muchas veces las acciones demandan de hasta cinco días de caminata hasta el lugar donde los traficantes instalan sus campamentos. Es en esas zonas alejadas donde se talan los árboles de caoba, para luego transportar los troncos desde el río Colorado hasta el río Yapacaní, al norte del área protegida.

“Lo que sucede con frecuencia, durante los operativos, es que los ilegales tienen sus espías y ni bien ven a la patrulla de guardaparques, hunden la madera en el río para que no sea descubierta”, dice Chávez. Solo en el municipio de San Carlos, cada año se decomisan 13.000 pies tablares de madera ilegal. Así ocurre desde hace casi 15 años. “De un árbol de caoba se obtienen entre 1.000 y 1.500 pies tablares”, explica Chávez. Explica que en el mercado nacional cada pie tablar se vende entre 10 y 12 bolivianos (1,3 a 1,7 dólares), lo que significa que por 1.500 pies tablares, de un árbol de mara, se puede ganar entre 15.000 y 18.000 bolivianos (alrededor de 2.500 dólares). Un negocio redondo. Los funcionarios de la Alcaldía de San Carlos reconocen que la falta de recursos les impide una lucha frontal contra la ilegalidad. Pero no son los únicos.

La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) de Bolivia indica que realiza un control permanente fuera del Amboró y que apoya a los guardaparques en los operativos que desarrollan dentro del área protegida, pero que las dificultades aparecen cuando tienen que enfrentar a grupos de taladores ilegales más organizados. Yhoban Salguero, jefe de la unidad operativa de la ABT en Santa Fe de Yapacaní (municipio de San Carlos), asegura que los traficantes de madera suelen andar armados, mientras que los guardaparques no. Y esto lo sabe muy bien el director del Servicio de Áreas Protegidas (Sernap), Abel Mamani, quien confirmó en una entrevista para esta investigación que las áreas naturales protegidas de Bolivia se han convertido en el blanco de los traficantes de madera.

“Hay saqueo de árboles, plantas y animales. La tala indiscriminada e ilegal de árboles dentro de las áreas protegidas y fuera de ellas es permanente.

Las denuncias que recibimos de las comunidades son constantes”, señala. El titular del Sernap no precisa cuáles de las 22 áreas nacionales protegidas son las más afectadas, pero sí menciona que las denuncias de extracción ilegal de especies llegan sobre todo de los parques Amboró (Santa Cruz), Madidi (La Paz), Pilón Lajas (Beni), Tipnis (Cochabamba-Beni), Aguaragüe y Tariquía (Tarija). Yhoban Salguero, de la ABT en Santa Fe de Yapacaní, agrega que a la falta de recursos se suma la necesidad de una nueva legislación que sancione a los ilegales. La norma vigente castiga la tala ilegal y el tráfico de madera solo con procesos administrativos y no penales. El representante de la oficina señala que las penas de cárcel podrían marcar una diferencia en la lucha contra el tráfico de madera.

El director del Sernap adelantó que la entidad trabaja en una normativa para mejorar la fiscalización.

“Lamentablemente, la actual normativa nos restringe. Tenemos que comprometer a la Policía y a la Fiscalía en esta tarea, a través de convenios como lo hicimos con las Fuerzas Armadas”, explica Mamani. Las denuncias de tráfico de madera en el Amboró son frecuentes. Este espacio siempre ha estado amenazado por la extracción ilegal porque abunda la caoba, el cedro y el tajibo, entre otras especies maderables valiosas.

“La caoba se encuentra en pocas microrregiones como el Amboró”, aseguró Jorge Landívar, director del área protegida. Para esta investigación se envió un cuestionario a la oficina central de la ABT, con sede en Santa Cruz, para conocer las acciones de control del tráfico de madera, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron. Tampoco hubo respuesta al pedido de entrevista solicitado con el director ejecutivo. Lo mismo ocurrió con el Ministerio de Medio Ambiente, no contestaron a la solicitud de entrevista.

Lo más preocupante para las autoridades es que a este escenario se suma el narcotráfico. La lucha contra los taladores ilegales se libra en un espacio de la Amazonia boliviana en el que esta actividad ilegal ha ido ganando terreno. Esto lo confirma el personal de la ABT de Santa Fe, que ha sido testigo del hallazgo de pozas de maceración y cultivos ilícitos de hoja de coca durante sus intervenciones en los bosques del área protegida. También lo reafirma el último Informe Anual de Monitoreo de Coca, publicado a finales de agosto por la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), en el que se incluye al Parque Nacional Amboró entre las seis áreas protegidas de Bolivia más afectadas por los cultivos ilegales de hoja de coca en el 2017. Lo que sorprende a las autoridades es que ni el narcotráfico ni la caída del precio internacional de la madera han detenido a los taladores ilegales en Bolivia.

Esto lo confirma el decomiso de 2.114 metros cúbicos de madera aserrada -volumen que llenaría el 80% de una piscina olímpica- en cinco macrorregiones durante el 2017, una cifra que superó en un 6 % la cantidad reportada un año antes.

Hace cuatro años, la Operación Amazonas II, desarrollada en el 2014 en 12 países de América Central y del Sur, incluido Bolivia, permitió entender la magnitud del tráfico ilegal de madera en toda la Amazonia sudamericana. Durante esta intervención se incautaron más de 53.000 metros cúbicos de madera ilegal y se identificó entre las especies maderables más demandadas al pino, el palisandro negro, la caoba de hoja grande, el cedro y el laurel, la mayoría de ellas especies protegidas.

La Operación Amazonas II permitió confirmar cómo el uso de documentos falsos permitía el transporte, la comercialización y el lavado de madera.

En el caso de Bolivia, el tráfico empieza cuando los concesionarios declaran más árboles de los que en realidad tienen. Entonces, en los planes de manejo del bosque o en el plan de desmonte registran un número mayor de árboles a los que existen en el área autorizada. ¿Para qué? Ese volumen adicional de madera será reemplazado por especies extraídas ilegalmente de otras áreas prohibidas. Walter Andrade, director de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) de La Paz, fue enfático en precisar que los traficantes de madera adulteran los Certificados Forestales de Origen (CFO) para poder comercializar sus cargamentos ilegales.

“Transportan la madera con CFO falsos o ni siquiera los portan”, dice Andrade. Además, el director de la Pofoma de La Paz cuenta que cuando los efectivos de la policía forestal realizan los operativos se dan con la sorpresa de que muchos no cuentan con el certificado y por eso decomisan la carga completa. A veces -añade- tras el decomiso, aparece extrañamente un tercero para alcanzar un CFO. “Eso no les aceptamos, igual les decomisamos y lo reportamos a la ABT”, resaltó. Andrade sostiene que podrían realizar un mejor trabajo de control si la ABT les facilitara la información de cuántos certificados forestales de origen emiten. Y agrega que esto les permitiría enfrentar a los traficantes que operan sobre todo al norte del departamento y en los municipios de Ixiamas, Mapiri y Palos Blancos.

El año pasado la ABT confirmó que son cinco las macrorregiones más golpeadas por el tráfico de madera en Bolivia: Santa Cruz, Tarija, La Paz, Beni y Cochabamba. La primera de ellas alberga al Parque Nacional Amboró. Intentamos conseguir cifras actuales sobre el porcentaje de madera que proviene de la actividad ilegal, pero no existen estudios recientes que analicen el tema en Bolivia.

La Autoridad de la Madre Tierra -adscrita al gobierno- es la única que ha estimado una cifra oficial, aunque vinculada a la pérdida de bosques de manera general. Según ellos, el 40% de deforestación en el país es ilegal. Este escenario preocupa al presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, Jorge Ávila, quien teme el impacto de esta actividad ilegal sobre la industria maderera formal.

“La informalidad es un competidor desleal, nos destruye”, dice. Para entender la magnitud del problema, hay que conocer las distintas modalidades a las que apelan los traficantes para transportar sus cargamentos. Walter Andrade contó, por ejemplo, que en La Paz movilizan hasta 1.000 pies tablares en motos y que para ello no necesitan tramitar un CFO, porque la ABT lo exige a partir de los 2.000 pies tablares.

Sin embargo, el jefe de la Policía Forestal señaló que “una o dos motos no es mucho, ¿pero si llegan a diez? Eso suma 10.000 pies tablares. Eso ya es tráfico a gran escala”, alertó. En 2011 comenzó la caída de las exportaciones de madera de Bolivia. Se redujeron aproximadamente en un 50 %. Y aunque en 2017 se registró una recuperación, las cifras continuaron siendo negativas, lamentó Jorge Ávila.

El gremio maderero dice que le advirtió al Gobierno de la crisis en el 2013 y que esto se evidenció en el 2014 con la disminución en el número de unidades productivas: pasaron de manejar 15.000 unidades a solo 5.500. Es decir, se perdió la tercera parte. El presidente de la Cámara Forestal remarcó que la época de auge de Bolivia como un país importante en el mundo por sus bosques certificados quedó atrás.

De los 2,2 millones de hectáreas de bosques certificados que tenía el país, ahora solo cuenta con 800.000 hectá- reas, afirmó Ávila. Esta reducción de bosques certificados perjudicó al sector maderero en sus exportaciones, porque sobre todo mercados como el europeo lo exigen. Los principales destinos de la madera de Bolivia son China, Estados Unidos y Brasil. Pero si se observa con más cuidado, y se suma información del Instituto Nacional de Estadística, se evidencia la caída en el volumen y el monto percibido por la industria maderera del país. De 69 millones de dólares exportados en 2012, alcanzaron los 51 millones en 2017.