Los correos de los sobornos, el caso Lava Jato en Bolivia

REPORTAJE ESPECIAL

Los mensajes electrónicos obtenidos por la Policía Federal de Brasil y que forman parte de la investigación Castillo de Arena, desvelan actos de corrupción por 4 millones de dólares e involucran a funcionarios de las gestiones de Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales


El vocablo ‘capilés’ es el más utilizado en los correos que se enviaron los ejecutivos de la constructora brasileña Camargo Correa. Los empresarios mencionan a Bolivia en cuatro mensajes y en ellos se determina el pago de coimas (capilés) a funcionarios bolivianos de los gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales. En la gestión de Carlos Mesa Gisbert también se habló de sobornos para cerrar la construcción del asfaltado del tramo Roboré-El Carmen, en el departamento de Santa Cruz.

Marcos de Moura Wanderley fue el CEO de la empresa Camargo Correa en Perú. Es él quien manda los cuatro correos a Carlos Fernando Namur, ex director superintendente de infraestructura internacional de la compañía en San Pablo (Brasil) y quien estaba al frente de las negociaciones y pago de sobornos a funcionarios para la construcción de la vía en el oriente boliviano.

Los mensajes que se analizaron para este reportaje forman parte del ítem 55 de la investigación Castillo de Arena (que involucra a las constructoras brasileñas Camargo Correa y Odebrecht en el pago de sobornos en diferentes países de América Latina y África), que fue ejecutada por la Policía Federal del Brasil, por el Ministerio de Justicia de ese país y la Superintendencia Regional de San Pablo. EL DEBER tuvo acceso a estos documentos al formar parte del proyecto colaborativo Investiga Lava Jato, una red que reúne a una veintena de periodistas dedicados a seguirle la pista al caso de corrupción más importante en los últimos tiempos.

Los correos fueron enviados las siguientes fechas: 17 de agosto de 2005, 29 de noviembre de 2005, 28 de diciembre de 2005 y 23 de mayo de 2006. Los tres primeros mensajes fueron enviados en la gestión del entonces presidente de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé y uno, en la del actual mandatario boliviano, Evo Morales, cuando tenía cuatro meses de Gobierno.

“El correo electrónico arriba enviado por Marcos de Moura Wanderley indica los pagos ya acordados a ser efectuados a título de ‘capilés’ (coima). A lo que todo indica esta expresión es utilizada para definir valores pagados en los demás países de América Latina, donde la Camargo Correa posee negocios. En las palabras del propio Marcos Wanderley ‘El valor mayor previsto para Bolivia deberá ser efectuado en Brasil en moneda local, según instrucciones futuras de procedimiento’. En el caso institucional del Perú, deberá ser instrucción común a cabo”, es una de las interpretaciones que se lee en el informe Castillo de Arena sobre el correo que Marcos de Moura Wanderley envió a Namur el 23 de mayo de 2006, a las 19:57. En esa fecha Evo Morales finalizaba su cuarto mes de gobierno.

En la era Rodríguez Veltzé

En el mensaje del 29 de noviembre de 2005 se involucra a Firmino Robson Oliveira Sodré como representante de Camargo Correa en Bolivia. En este mensaje, enviado por Marcos de Moura Wanderley, se comunica a Carlos Fernando Namur que las negociaciones están encaminadas con funcionarios bolivianos.

“El email anterior presenta una serie de comunicaciones entre dirigentes de Camargo Correa, siendo la primera información generada por Firmino Robson Oliveira Sodré, aparentemente funcionario del Grupo en Bolivia. Firmino envía el primer email dando cuenta de lo que sería el ‘último acuerdo con los gardelones’, posiblemente se refiere a funcionarios públicos y/o miembros del gobierno de ese país. En consecuencia, Marcos Wanderley da cuenta a Fernando Namur información sobre los ‘aciertos firmados’ referentes a la obra de Roboré-El Carmen”, explica la investigación policial.

El expresidente Rodríguez Veltzé, en un correo enviado a EL DEBER, afirma que no tenía conocimiento de los pagos de sobornos y pide investigar a funcionarios en caso de que se oficialicen estas coimas.

“Como presidente no traté asunto alguno con funcionarios de las empresas mencionadas ni tenía conocimiento de la realización de pagos irregulares a ninguna persona. El informe no consigna nombres de funcionarios. Si se infiere que hubiesen pagos, estos deben investigarse e identificarse a través de la información bancaria que figura en ellos (...) Como presidente tampoco intervine personalmente en la negociación con estas empresas ni la entidad financiera que lo cubrió. Esta gestión correspondía principalmente al Servicio Nacional Caminos y al Ministerio de Obras Públicas. En los informes rendidos ante las comisiones de la Asamblea expliqué cada una de las etapas que se siguieron en el Poder Ejecutivo para proceder con la contratación de las obras”, responde Rodríguez Veltzé.

La diputada Rivero asegura que Rodríguez Veltzé, en sus respuestas a la comisión, detalló que no conoce casos de soborno y que nunca tuvo contacto con Marcos de Moura Wanderley. Rodríguez Veltzé promulgó el 8 de agosto de 2005 el Decreto Supremo 28277 autorizando al Servicio Nacional de Caminos (SNC) realizar la invitación directa y la licitación para el tramo carretero El Carmen–Arroyo Concepción y al día siguiente promulgó el Decreto Supremo 28278 autorizando al SNC realizar la invitación directa y la licitación para el tramo carretero Roboré–El Carmen.

 

En otro decreto del 10 de diciembre de 2005, Rodríguez Veltzé autorizó al ministro de Hacienda suscribir con la CAF el contrato de préstamo por $us 180.000.000 para el proyecto “Corredor de Integración Vial Santa Cruz–Puerto Suárez, tramos Roboré-El Carmen y Arroyo-Concepción”.

 

Es en la gestión de Evo Morales, en 2008, cuando se inauguraron los dos tramos con la presencia del entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hoy en prisión por hechos de corrupción.

 

El expresidente Carlos Mesa apuntó a las administraciones de Eduardo Rodríguez Veltzé y de Evo Morales por los presuntos ‘sobornos’ de la empresa Camargo Correa en la construcción de la carretera Roboré-El Carmen. Hizo esta declaración cuando asistió a la comisión paralela, conformada por la oposición, que investiga los supuestos sobornos de las empresas Camargo Correa y Odebrecht a funcionarios bolivianos.

La versión oficialista

Susana Rivero es diputada y presidenta de la comisión que investiga el pago de sobornos de empresas brasileñas a funcionarios bolivianos. Esta instancia indagó a 179 personas y pidió a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) cruzar datos de estos servidores y así verificar si existen irregularidades en sus cuentas bancarias.

“La Asamblea Legislativa Plurinacional nos instruyó hacer una investigación completa para detectar si es que había indicios de soborno en las carreteras que han construido las empresas brasileñas en Bolivia y si el Lava Jato llegó a Bolivia. Ambas situaciones están confirmadas”, adelanta Rivero.

Sobre si estos sobornos se efectuaron en la gestión de Morales, la legisladora sostiene que los pagos, según la investigación brasileña, se efectuaron entre 2004 y 2008 y apunta a tres funcionarios que habrían recibido los pagos. Las gestiones están en etapa de indagación, remarca.

“Los pagos que figuran en el informe brasileño van desde 2004 hasta 2008 y la comisión investiga las tres iniciales que sobresalen en los informes de la Policía Federal de Brasil”, detalla Rivero.

La legisladora informa que la investigación, en su primera etapa, indagó la gestión de Mesa, quien ya presentó su descargo. Pero también se solicitó la versión de Rodríguez Veltzé, quien mandó su postura a la instancia legislativa. Sobre la gestión de Morales, Rivero insiste que la comisión también investiga a funcionarios del actual jefe de Estado, tomando en cuenta que los documentos brasileños llegan hasta el año 2008.

Mesa promulgó cuatro decretos para garantizar la construcción de los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, que forman parte de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez. El primer decreto se firmó el 20 de agosto de 2004 y el segundo, el 15 de octubre de esa misma gestión. Ambas normativas instruían al Servicio Nacional de Caminos (SNC) licitar y suscribir el contrato para la construcción y supervisión de los tramos con financiamiento del 80% provisto por las empresas proponentes y el 20%, que debía ser gestionado por el entonces Ministerio de Hacienda.

El tercer decreto, del 18 de enero de 2004, y el cuarto, del 1 de febrero de 2004, aceptaban las condiciones de financiamiento de los proponentes y autorizaban al SNC proseguir con el proceso de licitación. El 27 de enero y el 14 de marzo de 2005 se firmaron los contratos para la construcción del tramo Roboré-El Carmen con el consorcio Camargo Correa.

El abogado de Mesa, Carlos Alarcón, explica que ambos contratos contaban con el 80% de financiamiento del PROEX-Banco de Brasil, pero no del 20% de aporte local, por lo que se incluyó una cláusula de condición suspensiva, es decir que no podía ejecutarse y los trabajos no podían empezar hasta que el Estado obtuviera esos recursos y depositara la garantía respectiva.

Alarcón aclara que no fue posible conseguir el financiamiento local para cumplir con el 20% de la contraparte, por la que los contratos no entraron en vigencia. “De acuerdo con los documentos existentes de la investigación que hizo la Policía de Brasil, todos los sobornos registrados documentalmente corresponden al periodo que va del 19 de septiembre de 2005 al 20 de agosto de 2008, durante las gestiones de los presidentes (Eduardo) Rodríguez Veltzé y (Evo) Morales”, dice el jurista.

Alarcón puntualiza que el documento de la Policía de Brasil refiere que el 20 de marzo de 2008 se consolidó el pago de la cuota 16 de un soborno de 18.750 dólares a C. Morales.

El mismo documento indica que el 18 de agosto de 2008 marca el pago a C.M. de las cuotas 17 a 24 por un monto total de 150.000 dólares, que divididas dan la suma de 18.750 dólares cada una de manera exacta.

La comisión indaga las tres iniciales y las tres gestiones.

Mencionan 51 sobornos de Camargo Correa

La constructora brasileña Camargo Correa emitió 51 pagos de sobornos a tres funcionarios bolivianos para concretar la construcción de la carretera Roboré-El Carmen. El monto, según la investigación de la Policía de Brasil, asciende a 4,3 millones de dólares. La comisión legislativa que investiga este caso cruza datos para dar con los presuntos servidores que recibieron los pagos ilícitos.

El informe de la investigación Castillo de Arena precisa también que el dinero entregado por la constructora llegó a destinatarios identificados con las iniciales C. Morales, C. M. y G. G., que se beneficiaron con el pago de 51 cuotas.

En el caso de C. Morales, el documento certifica que recibió 24 cuotas, cada una de 18.750 dólares, que hacen un total de 450.000 dólares. En el caso de C.M., la Policía Federal de Brasil establece que recibió 3,7 millones de dólares en 24 cuotas de $us 158.000 cada una.

Mientras que la persona con iniciales G.G. recibió 93.334 dólares en tres pagos entregados por Camargo Correa. Este último funcionario, según la comisión legislativa, fue parte del extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC). Además, sospechan que las iniciales G.G. pueden referirse al cargo de Gerente General.

El expediente de la Policía brasileña está conformado por 280 páginas, en las que los “pagos a Bolivia” aparecen 17 veces, junto a menciones a la carretera Roboré-El Carmen.

El tramo en el oriente boliviano, que fue inaugurado en 2008 por los presidentes Evo Morales y Luiz Inácio Lula da Silva, tiene una extensión de 139,2 kilómetros y demandó una inversión de 97.156.407 dólares, financiados en parte con el Proex del Banco do Brasil y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Al respecto, la presidenta de la comisión mixta que investiga estos sobornos, Susana Rivero, diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), explica que fueron investigadas 179 personas que en ese entonces fueron parte de entidades estatales. Esta instancia todavía cruza los datos con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

“Hemos indagado a 179 personas, ya hemos hecho el rastreo con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y el informe final dará cuenta de aquellas que tengan los movimientos inusuales, sospechosos o pruebas de presuntos sobornos con (las empresas) Odebrecht y Camargo Correa, fundamentalmente”, remarca la diputada Rivero.

Cabe hacer notar que la investigación de la comisión legislativa partió del informe del operativo Castillo de Arena realizado por la Policía Federal de Brasil, la Superintendencia Regional de San Pablo y el Ministerio de Justicia de ese país.

Bolivia en la investigación

El informe Castillo de Arena que menciona a Bolivia 17 veces, hace énfasis en tres iniciales: C. Morales, G.G.–N.S.C. y C.M. El objetivo de la investigación en Bolivia es identificar a los dueños de dichas iniciales para establecer responsabilidades en los sobornos que hubo a cambio de la adjudicación de la obra de construcción de la carretera Roboré–El Carmen.

El 8 de mayo de 2006, Marcos de Moura Wanderley le envía a Carlos Fernando Namur el desglose del pago de ‘capilés’ (soborno) para la persona boliviana con iniciales G.G.-S.N.C.

“Resumen Capilés en 08/05/2006 1) Roboré-El Carmen 1.1. institucional: • Primera mitad GG-SNC $us 46,667.00 (parte CC) Predicción pgto: semana del 15/05/2006 • Segunda mitad GG-SNC $us 46,667.00 (parteCC) el previsto pagado el 17/07/2006”, (Sic) es el mensaje que envió el funcionario de Camargo Correa.

En Bolivia se maneja la hipótesis de que G.G. es el gerente general del Servicio Nacional de Caminos (SNC) de ese entonces.

La comisión legislativa que investiga el caso Lava Jato amplió su indagación de proyectos carreteros al sector de hidrocarburos y energía. Para ese fin, sus componentes realizaron un viaje a Lima, Perú, para buscar mayores indicios sobre el caso.

La diputada Susana Rivero, presidenta de la comisión, explica que la investigación se centra en sobornos en contrataciones para proyectos carreteros de empresas brasileñas, pero también se indagó en otros sectores.

“Investigamos a Queiroz Galvao, Camargo Correa, OAS, Odebrecht y además UTC, esas que tienen que ver con carreteras. Como hemos ampliado a hidrocarburos más, tenemos que ir viendo qué encontramos en el camino, qué empresas vinculadas al Lava Jato y Odebrecht”, explica la legisladora.

A su vez, en agosto de esta gestión, la entidad legislativa concluyó con la revisión de la adjudicación de los tramos carreteros Roboré–El Carmen, a cargo de la empresa Camargo Correa, y El Carmen–Arroyo Concepción, al mando de la firma Odebrecht.

La comisión también indagó el proceso de adjudicación de las carreteras San Ignacio-Villa Tunari, a la empresa brasileña OAS; Potosí–Uyuni, a una asociación accidental OAS-Héctor; y también la carretera Potosí- Tarija–Villazón, que estaba a cargo de la firma Queiroz Galvao.

“Hicimos las cronologías para saber qué personas participaron en cada una de las decisiones, porque nosotros estamos investigando a personas y presuntos sobornos”, detalla Rivero.

Se depositó 460.000 dólares en tres cuentas de EEUU

Parte del pago de sobornos se depositaron en tres cuentas de Estados Unidos. Son 460.000 dólares que fueron entregados por Darcio Brunato, un representante de la empresa Camargo Correa en el país del norte. Las cuentas bancarias tienen relación con una entidad financiera del país.

“Namur: Con el pago del ‘anticipo’ paso abajo los valores y direcciones para las debidas remesas. Tenga en cuenta que ya está descontado el valor de ‘40K’ enviado la semana pasada, según lo combinado. Tan pronto como tengamos el depósito efectivo, comunicamos para estas respectivas remesas. Nuestra expectativa es recibir el próximo día 27/12/2005”, escribió en un correo Pietro Giavina Bianchi, exdirector y consultor de Camargo Correa, a Carlos Fernando Namur, quien fue un alto funcionario de la constructora en la ciudad de San Pablo.

En la investigación que hace la Policía Federal de Brasil, se detecta que las tres cuentas en Estados Unidos tienen relación con un banco de Bolivia. El depósito de los 460.000 dólares fue realizado por Pietro Giavina Bianchi previa autorización de Darcio Brunato, quien sería el que da el aval para liberar fondos en países del extranjero.

“Los correos anteriores presentan relación de pagos a ser efectuados referentes a la obra Roboré-El Carmen, Interoceánica y Chiclayo (Perú). En el caso de la obra boliviana hay relación de tres cuentas en Estados Unidos, relacionadas a un banco privado de Bolivia, totalizando $us 460.000. En relación a otras obras hay referencia a un total de $us 28.000”, dice el informe de la Policía Federal de Brasil respecto al depósito en el extranjero.

Esa misma investigación señala que “en estos correos electrónicos, además de la citación del nombre de Darcio Brunato, que sería el responsable de la autorización para liberación de fondos, surgen dos solicitudes a Pietro Giavina Bianchi, para que el mismo providencie los pagos en el exterior. De esta forma queda establecida la participación de Pietro como la persona que opera los pagos efectuados en el exterior. Pietro sería el gestor de la caja dos de Camargo Correa y el responsable de las operaciones de dólar-cabo, utilizados para encaminar los pagos de tasas ‘Capilés’ a cuentas de los beneficiarios en el exterior”.

En moneda local

En otro correo, Marcos de Moura Wanderley remarca que los siguientes pagos para consolidar la construcción del tramo Roboré-El Carmen deben ser efectuados en moneda brasileña (real) debido a que hubo instrucciones superiores.

“Namur: Conforme a lo conversado y dando secuencia a los e-mails anteriores, sigue la previsión adjunta. El valor mayor previsto para Bolivia deberá ser efectuado en Brasil en moneda local, según instrucciones futuras de procedimiento. En el caso institucional del Perú, deberá ser instrucción común de cable”, escribió desde Lima De Moura Wanderley a Carlos Fernando Namur, quien se encontraba en la ciudad de San Pablo, (Brasil).

Comisión paralela

Mauricio Navarro fue viceministro de Transportes entre los años 1999-2006. La exautoridad señala que el financiamiento para la construcción del tramo Roboré-El Carmen no fue concesional cuando en ese tiempo Bolivia no podía adquirir créditos de esas características.

“Por la urgencia y por el compromiso con la región, el gobierno decidió aceptar este crédito a través de un decreto supremo, porque se hubiera causado una convulsión social tremenda”, detalla el exviceministro.

En la vereda opositora también se instaló una comisión que investiga estos hechos. Su presidente, el senador Arturo Murillo, explica que la decisión de crear esta instancia se debe a que en el Movimiento Al Socialismo (MAS) solo se busca indagar la gestión de Carlos Mesa y no así la de Eduardo Rodríguez Veltzé y de Evo Morales. “Utilizan esa comisión con fines políticos y como instrumento de persecución política. Nosotros vamos más allá y queremos investigar a OAS, por ejemplo”, dice.

Rivero lamenta que se haya creado esa comisión paralela y que la oposición no hay aportado en la instancia oficial. Además, reprocha que se mezclen asuntos políticos en la investigación de casos de corrupción de empresas brasileras.