Los 10 reclusos retirados de Palmasola fueron trasladados ayer de forma progresiva a penales de Beni, Tarija y Cochabamba. La cabeza del gobernador de la cárcel fue la primera en rodar por la revuelta

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10 de marzo de 2018, 6:00 AM
10 de marzo de 2018, 6:00 AM

El motín carcelario con la posterior fuga del lunes en Palmasola fue motivado por pugnas de poder entre grupos antagónicos de reclusos, admitió ayer el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, quien señaló que 10 internos considerados ‘peligrosos’ fueron retirados del penal y reubicados en otros recintos penitenciarios del país.

“El motín y fuga en la cárcel de Palmasola fue motivado por pugnas de poder de los delegados y por ello se determinó que diez peligrosos presos del grupo contrario al actual regente sean reubicados en los centros de reclusión de Cochabamba, Trinidad y Tarija”, dijo la autoridad en conferencia de prensa, según el reporte de la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Los internos Roberto Carlos García Figueredo, alias el ‘Killy’, (33); Ernesto Américo Gutiérrez Rivero (42), Luis Ernesto Heredia Moreno (33), Clover Saavedra Coimbra (42) y Danny Jerez Cuéllar (37) serán trasladados al nuevo pabellón de alta seguridad de la cárcel de Morros Blanco de Tarija.

Los presos Mauricio Soliz Rojas (35) y Marcelo Álvarez Vargas (42) fueron llevados al centro penitenciario de Mocoví de Trinidad. Los internos Julio César Medina Camargo (41), Pedro Medardo Justiniano Rojas (40) y Herlan Medina Rojas (30) guardarán reclusión en la cárcel de El Abra de la ciudad de Cochabamba.

“Por la seguridad interna lo importante fue desarticular a los grupos de poder que se identificaron en Palmasola y pugnan por tener el control del recinto y que permite muchos beneficios, incluso de carácter económico”, apuntó Quiroga.

Los familiares, que desde el miércoles cuando trasladaron a los 10 reos a la Felcc, estuvieron velando fuera de la unidad para que sus seres queridos sean llevados como mucho al penal de Okinawa (al norte de Santa Cruz) o al de Mocoví (Beni), pero su pedido no tuvo eco y el traslado a otros departamentos fue dispuesto por la Dirección General de Régimen Penitenciario.


“Me quiero morir, quieren llevarlo a otro departamento. Que me lo trasladen a Montero; a él le faltan tres o cuatro meses para cumplir su condena y salir. Es mi hijo más bueno que tengo”, manifestó llorando Alejandrina Rojas, de unos 70 años de edad, y madre de Clover Saavedra, quien tiene sentencia de cinco años por el delito de robo.

La mujer vive en un barrio situado al final de la avenida Virgen de Luján y ve casi imposible visitar a su hijo en Tarija por su edad y por la poca disponibilidad de recursos económicos.

Pelea por bienes inmuebles
L.S.H., abogada defensora de Marcelo Álvarez Vargas, Mauricio Soliz Rojas y Roberto Carlos García Figueredo, confirmó la versión del viceministro Quiroga, al revelar que el actual regente del PC-4, también llamado régimen abierto, Víctor Hugo Escóbar Orellana, alias ‘Oti’, encabezó la turba para atacar a los diez reclusos aislados en el ‘bote’ (celda de castigo de 2x2 metros) para tomar el control absoluto del penal y para apoderarse de sus bienes inmuebles dentro de régimen abierto.

La jurista señaló que a comienzos del año Oti y sus secuaces amenazaron de muerte a sus rivales al punto de que ella, el 15 de febrero, presentó un memorial a la dirección regional de Régimen Penitenciario y a la Gobernación del recinto informando que sus clientes habían sido amenazados de muerte por Oti, ‘Chavo’ y otros dirigentes porque estos no querían someterse a órdenes del regente. Empero, la carta no tuvo eco en las autoridades.



“Yo presenté ese memorial para resguardar las vidas de las 10 personas. A los tres días, la regencia presentó un voto resolutivo para que desaparezca el bote y que los 10 internos sean destinados a otras cárceles. Después del voto resolutivo ellos decidieron atacar y salieron del PC-4 por la parte de arriba del pabellón 33,  destrozando todo para atacar a los del bote”, explicó L.S.H.

A decir de la abogada, el plan de Oti y sus acólitos es apropiarse de los bienes de sus enemigos. En este caso reveló que sus tres clientes eran dueños de 10 departamentos en el PC-4, que alquilaban a otros internos para subsistir. Esas propiedades ahora están en manos de la nueva dirigencia, puesto que sus propietarios fueron proscritos y trasladados a otros penales.

“Marcelo Álvarez es un sobreviviente de este grupo. Hace un tiempo lo sacaron de la cárcel prácticamente muerto a un hospital; le destrozaron una pierna y la columna solamente por quedarse con sus bienes. Mis clientes posiblemente no puedan regresar hasta que el señor Oti no sea retirado del mando de los diferentes PC”, manifestó la abogada defensora.
Relevo del gobernador

Ayer se conoció el cese de las funciones del coronel Jorge Campos como gobernador de la cárcel de Palmasola, al parecer, a consecuencia del motín.

El propio oficial confirmó a EL DEBER, vía telefónica, su destitución del cargo. “La superioridad se comunicó conmigo por teléfono cerca del mediodía (de este viernes) informándome sobre mi cambio y del envío del respectivo memorándum al comando de Santa Cruz. Mi nuevo destino será la dirección del Servicio Aéreo Policial de La Paz”, manifestó Campos.

La autoridad policial estuvo en el cargo apenas un mes y una semana. Aunque no le explicaron los motivos de su relevo, él cree que el amotinamiento precipitó su salida de Palmasola.

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