El texto del convenio fue cambiado por lo menos cinco veces, pues los vecinos llegados desde la localidad chiquitana exigen la anulación de la resolución de asentamiento emitida por el INRA y no dejar que haya una verificación de la zona

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15 de noviembre de 2018, 4:00 AM
15 de noviembre de 2018, 4:00 AM

Desde las 16:30 hasta pasada la medianoche de ayer estuvieron reunidas las autoridades municipales de Roboré y de la mancomunidad chiquitana con los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, en procura de defender la integridad de la reserva Paquió, donde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) autorizaron el asentamiento de 33 familias, las cuales han deforestado más de 33 hectáreas y un camino.

En el encuentro se abordaron cuatro temas, siendo el más importante, y el más difícil de consensuar, el referido a la anulación de la resolución de la ABT y del INRA del asentamiento de la comunidad Túpac Amaru, a lo que los negociadores del Gobierno proponían una visita previa para verificar si el área es fiscal o afecta a la referida reserva creada por el municipio de Roboré.

El tiempo pasaba y los vecinos asentados en el frontis del edificio del Conaltid presionaban mediante un megáfono a sus representantes, en especial a su alcalde, Iván Quezada, advirtiendo que sería traición si firmaban un acuerdo sin previamente lograr la anulación del asentamiento.

En la negociación también estaban el alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero; de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, y de San Miguel, Óscar Hugo Dorado; además del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Hugo Salmón; que provocaron que se cambie el texto del acuerdo cinco veces, sin que hubiera uno definitivo hasta el cierre de esta edición.

Verificación

En la mañana el ministro Cocarico aseguró que el Valle de Tucabaca, de 264.000 hectáreas, no está en discusión, pues su territorio está saneado y es imposible asentar comunidades nuevas. “Al lado hay un predio que en 2005 fue saneado como tierra fiscal disponible, son 57.000 ha, de las cuales 24.000 ha están en discusión”, manifestó.

“Hay algún político que dijo que el Gobierno incentiva el ingreso a los parques nacionales, no es cierto, más bien es una pelea permanente para cuidar esos santuarios”, agregó Cocarico.

La ALD, mediante una declaración aprobada en sala plena, rechazó tajantemente la sistemática agresión a los patrimonios naturales del departamento de parte del INRA.

Condicionamiento

Desde La Paz el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Adolfo León, declaró a ANF que los campesinos dejarán Tucabaca siempre y cuando salgan del lugar los empresarios y ganaderos que también realizan desmontes, calificando la protesta de Roboré como política y discriminatoria.Ante estos hechos, en San Ignacio de Velasco las instituciones, mediante voto resolutivo, exigieron una auditoría al INRA sobre las tierras dotadas en ese municipio y la paralización de nuevos asentamientos humanos con campesinos e indígenas del interior afines al MAS.

“En el área circundante al parque Noel Kempff Mercado hay gente asentada en comunidades recién fundadas, queremos denunciar que junto a los demás municipios hemos notificado de esto al INRA pero no nos ha hecho caso”, dijo el alcalde Moisés Salces.

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