Entre la notificación del pedido de proceso abreviado y la emisión del mandamiento de libertad de Palmasola, el sistema judicial demoró ocho horas. La víctima será notificada

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17 de julio de 2018, 16:30 PM
17 de julio de 2018, 16:30 PM

La semana pasada el representante nacional de la Defensoría del Pueblo, David Tezanos, interpuso en Cochabamba una acción de libertad de carácter innovativa para denunciar la detención sin sentencia de una persona por más de 14 años, recluida en el penal de San Sebastían.

La acción jurídica fue atendida por el Tribunal Sexto de Sentencia, que falló en favor de Tezanos y ordenó que las autoridades del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba realicen las gestiones necesarias para el monitoreo y despacho de las causas de los diferentes juzgados para evitar más casos como el de ese privado de libertad, que ahora ya está libre. 

Sin embargo, esto podría provocar que se generen procesos penales en contra de quienes (jueces o fiscales) favorecieron con sus actos a mantener a un acusado preso sin sentencia por tantos años.

Vamos a iniciar acciones y a procesar a escala nacional a todos aquellos funcionarios que se vean implicados en hechos similares”, afirmó el defensor.

Tres días después de lo ocurrido en Cochabamba, en el penal de Palmasola se vivió una jornada marcada por la celeridad con respecto a otro caso similar, el de uno de los reos más antiguos en años de estadía en esa cárcel, con casi 13 años de reclusión. 

En cuestión de ocho horas, tres fiscales y una juzgadora lograron que el recluso, que estaba preso sin sentencia desde febrero de 2006 por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones graves y leves, se autoinculpe de las sindicaciones en su contra y acepte ser condenado al tiempo que llevaba preso hasta ese día, 13 de julio. 

“Estaba de acuerdo con lo que me dijeron para que salga libre. Me llegaron de sorpresa y no me habían avisado nada. Como no sé leer ni escribir, soy analfabeto, un policía me ayudó a firmar esos documentos que me leyeron”, relató José Luis Gonzales Prado, el hombre que también estaba registrado en los archivos de Palmasola como José Santos Cruz Gonzales Prado y que no tiene una cédula de identidad que revele su verdadero nombre.

EL DEBER habló con él en mayo de este año, en el pabellón B del PC-7, el área de máxima seguridad, un espacio creado para los reclusos más peligrosos. En aquella oportunidad el hombre, que era conocido como ‘Mono’ en el reclusorio, dijo no tener a nadie fuera de la cárcel, que lo mantenían preso sin sentencia y que nunca había salido a ninguna audiencia. También se declaró inocente de las acusaciones en su contra y pidió ayuda para salir del penal.


La segunda vez que este medio periodístico tomó contacto con él fue el sábado, cuando contó sobre su libertad, que había ido a pasar la noche cerca de la exterminal y que pensaba volver a Palmasola, para trabajar como ‘radiomóvil’ en el área de régimen abierto. Poco le importaba lo que había pasado y menos lo que le puede deparar el destino en adelante. 

Procedimiento rápido

Documentación a la que tuvo acceso EL DEBER indica que el procedimiento abreviado que se acordó con el implicado fue elaborado el lunes 9 de julio y está firmado por los fiscales Margoth Vargas, Lorgio Viveros y Yolanda Aguilera. El nombre que se tomó allí para lograr el autoinculpamiento fue el de José Santos Cruz Gonzales Prado, acuerdo que fue recibido a las 11:30 del viernes 13 de julio por el juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar, a cargo de la jueza Ana Gloria Rojas.    

Ocho horas después, a las 19:30, la Gobernación de Palmasola recibió el mandamiento de libertad en favor de José Luis Gonzales Prado, la otra identidad y la que el sentenciado afirma es cierta. La orden se cumplió el sábado al mediodía.

El fiscal Viveros, uno de los que firmaron y negociaron el abreviado con el recluso, corroboró esta situación y agregó que el caso estaba archivado debido al problema de los dos nombres que generó el mismo detenido. “No tiene carné de identidad y dijo que nunca lo tuvo. Se lo juzgó con el nombre que dijo él: José Luis”, concluyó Viveros, en breve contacto telefónico.

La jueza Rojas, que sentenció y libró la libertad en favor del procesado, recordó que el caso era bastante antiguo y que el ex juez cautelar Luis Hernando Tapia Pachi fue quien ordenó su detención preventiva en la cárcel.

“Supuestamente este proceso nunca fue remitido al juzgado décimo cautelar porque no se tienen mayores datos y posiblemente el cuadernillo ha desaparecido”, explicó la juzgadora y añadió que la audiencia para consolidar el procedimiento abreviado se realizó en el penal de
Palmasola, donde la abogada Bethy Llave se convirtió en defensora de oficio del acusado, aunque en el documento se menciona como defensor al jurista Miguel Coya, profesional que negó conocer al sindicado y que mucho menos había participado de un acuerdo con la Fiscalía.

Finalmente, la jueza dijo que en la audiencia del procedimiento abreviado estuvieron presentes los fiscales, algunos policías, el sindicado y su autoridad. Respecto a la víctima, la jueza señaló que se la notificará con la sentencia en los siguientes días.

El expresidente del Colegio de Abogados, Marcelo Arrázola, dijo que la Fiscalía y el órgano judicial tienen la obligación de hacer seguimiento a los casos y que cuando hay este tipo de hechos puede haber responsabilidad administrativa como penal y resarcimiento de daños tanto del Ministerio Público como de los jueces.

La Defensoría del Pueblo y desde el Gobierno analizan lo ocurrido con este recluso, que hasta el viernes fue el reo con más años de detención sin haber recibido una condena o haber sido absuelto.

Otros detalles

Preso desde 1998
José Luis Gonzales Prado ingresó tres veces a Palmasola. La primera fue en 1998 por robo, la segunda en 2000 por robo agravado y la tercera en 2006 por tentativa de homicidio y lesiones graves y leves.

Aún pendiente
Del proceso donde es acusado de robo agravado no se sabe si fue condenado a no.

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