El deceso de un recluso en San Pedro de La Paz y la supuesta golpiza denunciada por la Asamblea de Derechos Humanos a reos de ‘el bote’ en Palmasola, fueron conocidos en menos de 24 horas

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13 de febrero de 2019, 4:00 AM
13 de febrero de 2019, 4:00 AM

La muerte de un interno en la cárcel de San Pedro de la sede de Gobierno, según la autopsia debido a un traumatismo encéfalo craneano y asfixia por sumersión, al ser introducido en un pozo con agua como sanción por no haberse presentado a la toma de lista, además de la supuesta golpiza a internos de ‘el bote’ de Palmasola, generaron cuestionamientos de parte de autoridades que defienden los derechos humanos y ex autoridades penitenciarias.

Sobre el hecho ocurrido en La Paz, el ex director nacional de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos lamentó que continúen las muertes en los penales y que las autoridades del sector en lugar de evitarlas las hayan naturalizado, porque ven al preso como “sangre de segunda clase”.

“Nadie reacciona, ya son muy cuerudos, muy desalmados los que están administrando cárceles, una muerte más y punto”, manifestó.

El fin de semana, el interno Omar Chuima (26), preso desde 2017 por tentativa de homicidio, fue castigado por no presentarse a una formación del control interno y de acuerdo con las reglas internas de los reos, como sanción, debió ingresar a un pozo con agua. Delia Illanes, directora de Régimen Penitenciario de La Paz, dijo que se puso en conocimiento del Ministerio Público este hecho para su respectiva investigación. Indicó que las sanciones físicas están prohibidas y que tienen instructiva de Régimen Penitenciario nacional de “no permitir ningún trato cruel inhumano y degradante, ni físico ni sicológico” en los penales.

Sobre el pozo en el que cayó la víctima, indicó que de acuerdo con informes preliminares estaría en la sección San Martín y que “es como una fuente de agua que cualquier parque puede tener” y que está dentro de la infraestructura carcelaria cuya construcción data de varios años.

Supuestos abusos en Palmasola

María Inés Galviz, representante de Derechos Humanos en Santa Cruz, denunció ayer que en ‘el bote’ (sector de los castigados) ubicado detrás del Pabellón de Mujeres (PC2), un grupo de internos habrían sido “torturados” por agentes policiales durante una requisa entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada del lunes.

La tarde de ayer visitó el lugar y conoció que a raíz de una pelea de tres internos, la Policía arremetió a golpes contra los 60 que están el ‘el bote’, de los cuales, 14 fueron los más afectados luego de ser ‘apaleados’ y que ayer recibieron atención médica.

Galviz lamentó las condiciones en que están estos privados de libertad, en seis pequeñas celdas de 2x2 metros que en realidad son “cuevas”, dijo, en las que se hacinan entre 8 y 12 reos. “Incluso, algunos están encerrados en el mismo lugar donde funciona un baño”, dijo. También señaló que se reunió con el gobernador del penal, Nelson Pacheco, y con el director de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, Dick Camacho, para instarlos a que las sanciones que se den sean de prohibiciones pero no de agresiones físicas.

El comandante departamental Igor Echegaray indicó que se pedirá un informe y que de confirmarse se va a investigar, pues su gestión no permitirá que agentes violenten los derechos humanos.

El defensor del pueblo en Santa Cruz, Jorge Paz, recordó que la Ley de Ejeución Penal y Supervisión establece como sanciones disciplinarias una serie de prohibiciones a los internos, más no las agresiones físicas ni los castigos colectivos, pues la responsabilidad disciplinaria es individual.

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