Leonardo Suárez, titular de la telefónica, ingresó a territorio brasileño el 27 de mayo a las 10:00. No hay registro de su reingreso a Bolivia. La Fiscalía ve que su situación jurídica se complica. En la cooperativa indicaron que se acogió a una licencia por 10 días

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1 de junio de 2019, 4:00 AM
1 de junio de 2019, 4:00 AM

Confirmado. El presidente de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), Leonardo Suárez, salió del país con dirección a Brasil, lo hizo el Día de la Madre, y no existe ningún registro oficial de su retorno a Bolivia. El dato fue revelado a EL DEBER por el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Johnny Aguilera.

Desde la Fiscalía informaron, que la situación legal del implicado se complica al estar fuera del país. La salida al exterior de Suárez, se da en un momento de crisis para Cotas, a raíz del millonario hurto de $us 7,7 millones que sufrió por parte de exfuncionarios de la telefónica. Esto ha puesto en tela de juicio el manejo de la cooperativa de servicios de telecomunicación de Santa Cruz. El caso también salpicó a Suárez, que tiene una orden de aprehensión por el hecho.

El robo fue materializado, según la Policía y una auditoría hecha por la telefónica, por funcionarios de la cooperativa, dentro del programa Cotas en Cuotas. La iniciativa fue creada para que los socios compren equipos a crédito a los que accedían llenando una solicitud. Pero los ahora extrabajadores realizaban pedidos falsos y desviaban los artículos que luego se vendían en el mercado informal. A la fecha existen más de una decena de implicados, que cumplen detención preventiva, y algunos gozan de medidas sustitutivas como el arresto domiciliario. Entre los implicados, están el presidente, Iván Uribe, y exaltos ejecutivos de la cooperativa. 

Migración confirmó salida El director de la Felcc precisó que, de acuerdo con datos recabados de la Dirección General de Migración, Suárez salió del país el 27 del pasado mes rumbo a Brasil.

“Tengo un reporte de Migración que establece que el señor Suárez, el 27 de mayo a las 10:00 ingreso a Brasil y no tenemos reporte de su reingreso. Pero debemos tomar en cuenta que esta es una frontera voluble y permeable”, afirmó.

El nexo del ejecutivo con el robo, según Aguilera, es la empresa Hogar Inteligente, que tenía un acuerdo comercial con Cotas, para la comercialización de equipos y que, según las pesquisas de la Policía, Suárez era socio. “A partir de 2016 y 2017 se han creado compañías para que estos productos (que eran desviados del programa Cotas en Cuotas) se comercialicen en un mercado formal e informal, para eso se creó Media Market y Hogar Inteligente que entregaban los equipos, y luego tramitaban los pagos”, aseguró la autoridad policial.

Esta hipótesis fue respaldada por el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Mirael Salguero. Es más, señaló que desviaron 150 televisores de un proveedor de Cotas, a la empresa Hogar Inteligente. Este dato también figura en la declaración ampliatoria, de Hubert Gil, uno de los principales implicados del caso.

En el documento, Gil revela que los televisores fueron entregados para la supuesta venta a los socios de la zona sur de la ciudad Ya en el plano legal, Salguero precisó que la salida de Suárez a Brasil complica su situación. “Se agrava porque constituye un riesgo procesal, porque existe el peligro de fuga”, sostuvo la autoridad judicial.

Detalló que, si no aparece, según los procedimientos legales, el Ministerio Público lo imputará en ausencia. “Y a partir de su imputación se hará su declaratoria de rebeldía y después se realizarán otros trámites”, dijo. El mismo procedimiento se realizará con otros tres imputados que fueron declarados prófugos como Widen Vaca, representante legal de la empresa Media Market (involucrada en el robo), el exgerente general de Cotas, Saúl Antelo, y el exgerente comercial Javier Vaca Díez. Además, de otros cuatro involucrados.

Licencia y vídeo

Sobre el tema desde Cotas indicaron que el titular de la cooperativa, aún está en uso de la licencia que solicitó por 10 días hábiles. “Está prevista su reincorporación la próxima semana”, señala un comunicado enviado por la operadora a EL DEBER. Sobre la orden de aprehensión que emitió la Fiscalía contra Suárez, desde la operadora precisaron que de “existir algún inconveniente legal para que él reasuma sus funciones, el Consejo de Administración tomará una determinación, en cumplimiento de lo que establecen las normas internas” de la institución. “De su ubicación, Cotas no tiene conocimiento, ya que la licencia que presentó no precisó su destino”, afirma el documento que envió la cooperativa.

Se supo que el permiso del ejecutivo comenzó el 22 de mayo y termina el 5 de junio. El dato revelado por la Policía también contradice la versión del propio Suárez, que el 27 de mayo (el día que ingreso a Brasil) en un video que difundió Cotas a los medios de comunicación, afirmaba que estaba en el país. “Primero debo aclarar que estoy en Bolivia, haciendo uso de una licencia de 10 días.

No son ciertas las versiones que estoy en Estados Unidos, teniendo reuniones”, dijo Suárez, en los primeros segundos de la grabación. Luego en el registro audiovisual, el presidente de Cotas, reveló que fue víctima de ataques en redes sociales que dañan su integridad personal. Así también, sostuvo que es víctima de una persecución judicial.

“Me he visto sorprendido con una orden de allanamiento en mi domicilio lo que pone en evidencia la falta de garantías constitucionales a la que estoy siendo expuesto afectando mi seguridad jurídica”, afirmó. En la grabación se defendió de las acusaciones que lo vinculan a la empresa Hogar Inteligente. Indicó que no influyó en su contratación porque antes solo era el secretario de actas de Cotas. En el video precisó que nunca buscó el cargo de presidente de la institución, al que llegó tras develarse el escándalo por el robo. Incluso, reveló que en la actualidad todos los contratos de la operadora están en revisión, y que se adelantarán las elecciones en la telefónica. El ingreso de la principal cabeza de la institución a Brasil, cayó como un balde de agua fría dentro de la propia cooperativa.

Así lo confirmó Peter Coca, secretario general del sindicato de Cotas. El dirigente señaló que existe el temor de que la situación se haga insostenible, y que la operadora sea ingobernable. “Sabemos que hay un presidente interino, pero queremos que la cooperativa se levante de esta situación”, afirmó. Sobre la situación legal de Suárez, afirmó que lo más sano es que dé un paso al costado, y que aclare su relación con el millonario robo. “La cooperativa sigue en el ojo de la tormenta”, se lamentó.

El caso levanta polvareda

En las últimas jornadas el caso generó mucha polémica luego de que Gil, en su declaración ampliatoria, revelará que parte del dinero sustraído en la institución, supuestamente, se desviaba para financiar grupos de poder y movilizaciones de apoyo a los resultados del referéndum realizado el 21 de febrero de 2016. En este contexto, incluso el vicepresidente Álvaro García Linera, señaló que los cruceños merecen una explicación acerca del manejo de la administración de los recursos en Cotas.

El segundo jefe de Estado, incluso afirmó, sin dar a conocer la fuente del dato, que la malversación de recursos en la operadora sería de $us 100 millones.

“Es una cantidad gigantesca, es dinero de los cruceños no es del Estado”, sostuvo. Infirió que en este caso se ha cometido un “doble delito”, primero por el robo y segundo porque parte de esos recursos habrían sido utilizados para uso político. “El cruceño, la gente humilde, el joven trabajador, el cruceño de cepa, merecen una explicación acerca de ese dinero”, matizó el vicepresidente. Siguiendo esta línea, desde La Paz, el ministro de Justicia Héctor Arce, anunció que pedirá una investigación profunda sobre el millonario hurto. “Vamos a exhortar que se haga una investigación hasta las últimas consecuencias.

La investigación está en manos del Ministerio Público nosotros no tenemos mayor participación, pero de comprobarse los hechos serian extremadamente graves”, dijo. La autoridad aclaró que el Gobierno no tiene afán político detrás de este tema y descartó una intervención en Cotas. Sin embargo, dijo que estará expectante para que se esclarezca el robo.

Pero insistió que de comprobarse el desvío de recursos para costear movilizaciones políticas y vandálicas, se constituirían en delitos de extrema gravedad que se refieren acciones contra el Estado, que fue afectado con el ataque y la destrucción de sus dependencias. Finalmente, Salguero, señaló que evaluará todo lo que dijo Gil en su declaración ampliatoria. “La comisión de fiscales evaluará las revelaciones que hace el imputado, para ver si se citan a más personas en este caso”, dijo la autoridad.