SEGURIDAD

Revelan que juez declaró en la Contraloría una deuda de Bs 350.000 en favor de Montenegro


La investigación se amplió contra dos magistrados, un vocal y los implicados que ya fueron cautelados. El juzgador afirma que la deuda con Pedro no se concretó, pero que no la anuló. La esposa de Montenegro se presentó, declaró y quedó en libertad


Aseveró que no ha sido notificado dentro de las investigaciones en que aparece nombrado. Foto: J.IBÁÑEZ / F.LANDÍVAR
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17/05/2019

La investigación del caso Montenegro, que ya registra a tres policías, un abogado y un empresario detenidos, además de dos mujeres y un oficial de Registro Civil con arresto domiciliario, fue ampliada por el Ministerio Público contra el exdiputado oficialista por Santa Cruz, Franklin Garvizú.

Además, la ampliación contempla a otras autoridades cuyos nombres ya habían salido a luz pública: el magistrado del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado Zamorano; la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Lizeth Choquerive; el vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Darwin Vargas; la exrepresentante del Consejo de la Magistratura de Beni, María Belén Laguna; y el juez Juan José Paniagua Cuéllar.

Todos ellos, contactados por EL DEBER, negaron haber tenido una relación con Pedro Montenegro y rechazaron estar implicados en cualquier hecho ilícito.



La ampliación de esta investigación alcanza también a los detenidos Gonzalo Medina, Fernando Moreira, Kurt Brun, Mauricio Higa, Robin Justiniano y Montenegro.

El abogado del extraditable, Ariel Góngora, confirmó que su cliente fue notificado con la ampliación por el delito de tráfico de sustancias controladas y que hoy deberá testificar.

Según las pesquisas, Montenegro estaría relacionado con una red internacional de narcotráfico encabezada por el colombiano Enrique Villarreal Quintero, actualmente prófugo.

Góngora rechazó tal relación y dijo que su cliente solo acudió al taller del colombiano para hacer arreglar su moto.



La revelación del juez

Precisamente sobre uno de los incluidos en la investigación, el juez Paniagua, ayer se conoció una declaración jurada ante la Contraloría General del Estado, realizada el 26 de diciembre de 2018, que en la página 2, en la casilla de deudas (pasivos), registra que debe Bs 350.000, y que su acreedor es Pedro Montenegro Paz.

Paniagua explicó que conoció a Montenegro en una recepción social y que lo vio tres o cuatro veces, hasta que él se le acercó diciendo ser un empresario de la construcción y le ofreció ampliar su casa.

Indicó que en diciembre del año pasado firmaron un documento que iba a servir para que él gestionara un crédito bancario y en caso de que se lo negaran Pedro se convertiría en su acreedor, pero, asegura Paniagua, ninguna de las dos cosas ocurrió. El crédito bancario no se hizo y la deuda a Pedro no se concretó y el documento firmado entre ambos quedó en nada. Sin embargo, el juez explicó qué no anuló la deuda que declaró ante la Contraloría, por olvido y falta de tiempo.

Según la declaración jurada del juez, su patrimonio es de Bs 1,3 millones.

Garvizú y los otros indagados

EL DEBER conversó con los nuevos investigados en el caso Montenegro para conocer sus impresiones al ser incluidos en la causa.



Al respecto, Franklin Garvizú aseguró estar sorprendido y dijo que se había enterado por los medios de prensa de su implicación. Aseveró que nunca conoció a Montenegro o a alguna de las personas implicadas. “Es una terrible confusión, toda vez que no conozco a estas personas”, dijo.

Agregó que está alejado de cualquier actividad política desde que dejó de ser legislador y que actualmente se dedica a su profesión de abogado.

Garvizú fue legislador oficialista entre 2009 y 2014, y exjefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz.

Otro de los investigados, el magistrado del Tribunal Constitucional, Gonzalo Hurtado, negó tener alguna relación de amistad con Montenegro e incluso ofreció videos de seguridad para que se compruebe que nunca le abrió las puertas de su oficina. “Jamás he ordenado la entrada de este señor al Tribunal Constitucional, menos lo he recibido en mi oficina”, afirmó.

Por su parte, la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia, Lizeth Choquerive, reconoció el miércoles, en conferencia de prensa, que sí grabó un spot en una de las casas que fue allanada y que presuntamente pertenece al extraditable, pero dijo que llegó allí por la amistad que tiene con la esposa de Montenegro, Jenifer Rodríguez.

En ningún momento conocía esta clase de antecedentes; podemos relacionarnos socialmente con personas, pero no estamos obligados a saber el origen de su patrimonio”, dijo Choquerive.

Mientras tanto, el vocal del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Darwin Vargas Vargas, envió una carta al fiscal departamental de Santa Cruz en que señala: “Mi persona no tiene responsabilidad alguna en los hechos que se señalan, menos participar de hechos ilícitos relacionados a cualquier actividad ilegal o de favorecimiento a procesados por la justicia”. Además, se pone a disposición de las autoridades para ser investigado.

Respecto a su inclusión en la investigación, el juez Cuarto de Sentencia en lo Penal, Juan José Paniagua, señaló que no lo han citado aún y que va a colaborar con las autoridades.

Dentro de las investigaciones, hoy a las 15:30 se realizará el microaspirado a una avioneta del hangar 102, en El Trompillo.

ESPOSA DE PEDRO SE PRESENTÓ Y QUEDÓ LIBRE; UN POLICÍA Y UN TRABAJADOR DE HIGA DECLARARON Y ESTÁN APREHENDIDOS
Ayer temprano, por la mañana, Jenifer Rodríguez, esposa de Pedro Montenegro, se presentó voluntariamente en la Fiscalía Antinarcóticos y prestó declaración ante un fiscal, en calidad de denunciada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Así lo afirmó su abogado Ariel Góngora, quien indicó que la mujer se presentó sabiendo que la iban a citar y que declaró durante una hora y fue dejada en libertad.

Posteriormente, dos policías que fueron relacionados con Pedro Montenegro por aparecer en fotografías y videos con él, prestaron sus testimonios. Primero llegó el teniente Ismael Sánchez, quien declaró por una hora y media y fue dejado libre, mientras que el teniente Juan Carlos Villca, quedó aprehendido, señaló el fiscal Luis Enrique Rodríguez. También se allanó una casa donde vivía Villca, pero se conoció que se había mudado una semana antes.

El fiscal además explicó que otra persona, de nombre Dorian Gómez, declaró y quedó aprehendido. Sobre esta persona, explicó, es un trabajador del detenido Mauricio Higa y que los indicios en su contra son que habría comprado cinco chips telefónicos para Montenegro además de que se había comunicado con él.

Los dos aprehendidos serán procesados por asociación delictuosa, confabulación y encubrimiento.



 




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